El abogado Ramón Alfredo Medina Martínez, actuando como defensor privado de su colega Blanca Isabel Suárez Camacho, consignó formalmente una solicitud ante el Tribunal 16° de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas para la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en favor de su defensiva.
La solicitud, entrega el 5 de marzo, busca el sobreseimiento de la causa 16°J-1540-25 y la inmediata libertad de Suárez Camacho, quien se encuentra actualmente recluida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas «La Crisálida», ubicado en Los Teques.
Suárez Camacho, de 43 años y madre de dos hijos menores de edad, fue detenida el 25 de febrero de 2025 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). De acuerdo con el documento presentado, su aprehensión está vinculada exclusivamente a su rol como apoderada judicial del Diario La Voz en un recurso contencioso tributario.
La defensa sostiene que el proceso penal fue utilizado como una vía de retaliación por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), tras una decisión judicial que resultó parcialmente favorable al diario. Este medio de comunicación fue cerrado por el Seniat el 2 de octubre de 2024.
«La intención de la administración tributaria siempre fue el cierre del Diario La Voz, procediendo contra los operarios que en este caso son el juez y la apoderada», afirma el texto legal.
El abogado Medina Martínez resalta que interponer recursos previstos en la ley no constituye delito y que la actuación del Seniat vulnera el derecho al debido proceso.
Argumentos legales y razones humanitarias
La defensa fundamenta su petición en los siguientes puntos:
*Espíritu de la ley: La Ley de Amnistía, publicada el 19 de febrero de 2026, busca el restablecimiento de la paz política y la concordia nacional.
*Encuadre legal: El caso se ajusta al supuesto establecido en el artículo 8 numeral 13 de dicha ley.
*Salud delicada: Se hace un llamado urgente al tribunal para verificar el estado de salud de Suárez Camacho, el cual se describe como delicado y requiere atención médica pronta.
*Principio de favorabilidad: El documento invoca el artículo 5 de la ley, que exige aplicar la interpretación más favorable a la protección de los derechos humanos ante cualquier duda jurídica.
Medina Martínez espera que en los próximos días el tribunal se pronuncie sobre el cese de las medidas de coerción personal y el cumplimiento de las providencias necesarias para asegurar la libertad de la abogada.
Mensaje de intimidación
La organización no gubernamental también se refirió a este arresto en sus redes sociales. Tras calificar la detención de arbitraria, denunció que este caso “evidencia el uso del sistema penal para castigar el ejercicio de la defensa jurídica y es un mensaje de intimidación hacia quienes ejercen el derecho en Venezuela”.
Foro Penal explicó que la actuación de Suárez Camacho incluyó la solicitud formal de levantamiento de medidas cautelares a favor de sus defendidos, un trámite ordinario dentro del ejercicio del derecho.
Tras esa gestión, comenzó a recibir citaciones reiteradas y presiones por parte de organismos de seguridad, un patrón que culminó con su privación de libertad pese a no existir hechos propios que la vincularan con actividades delictivas.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
