Barquisimeto.- El abogado José Rojas denunció que su hijo, el sargento segundo Damian Alexander Rojas Díaz (38), estuvo desaparecido durante 361 días tras ser detenido el 20 de enero de 2025 en el centro de Barquisimeto, estado Lara. Durante ese tiempo, asegura, ninguna autoridad le confirmó oficialmente su paradero tras ser trasladado a Caracas.
Rojas responsabiliza al Estado venezolano. Relató que durante casi un año recorrió distintos centros de reclusión en Caracas sin obtener respuestas sobre la situación de su hijo.
«Estuve ese año recorriendo todos los centros policiales sin excepción y sin ninguna respuesta: Boleíta, Zona 7, El Helicoide, Dgcim… Incluso en los tribunales negaban su detención; en el sistema Juris no había ningún registro ni asignación de defensor público”, declaró el 10 de marzo a El Pitazo, tras asistir a una rueda de prensa convocada por la ONG Movimiento Vinotinto.
Tras insistir en la búsqueda, finalmente logró ubicarlo el 16 de enero en el centro penitenciario El Rodeo I, donde se encuentra recluido con una defensa pública impuesta por el sistema judicial venezolano.
Desde el 16 de enero de 2026 ha podido verlo físicamente en cuatro ocasiones. Los encuentros, según relató, se realizan durante 25 minutos, a través de un vidrio, bajo grabación y con custodios presentes. «No te puede decir nada, tomarían represalias luego», afirmó.
El padre aseguró que lo más difícil durante ese período fue la incertidumbre sobre el destino de su hijo: “Saber dónde está tu hijo, en qué condición, si está vivo o muerto, si come… eso es indescriptible”, expresó.
Según el padre, Rojas Díaz fue imputado por los delitos de traición a la patria, asociación para delinquir y rebelión armada, luego de ser señalado públicamente por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, de presuntamente estar vinculado con el caso Aurora, ataque armado contra el fuerte de Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar, en 2019, y con la denominada Operación Oro.
Según declaraciones ofrecidas por Cabello el 13 de febrero de 2025, la Operación Oro contemplaba tres objetivos: atacar los fuertes militares Conopoima (Guárico) y Tavacare (Barinas), provocar la explosión de un helicóptero en pleno vuelo y secuestrar al magistrado Maikel Moreno.
José Rojas considera que su hijo es un preso político, pero señala que el delito de rebelión armada lo excluye de los beneficios contemplados en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, específicamente en su artículo 9.
Altos costos de visita
El padre también denunció los altos costos que debe asumir para poder visitarlo, entre ellos traslados, gastos de manutención, paquetería y la consignación de documentos judiciales, al tiempo que explicó que si el tribunal responsable no está de guardia el día asistido, el viaje se pierde.
Según la ONG Movimiento Vinotinto, la cifra de gastos por viaje desde Lara hasta Caracas asciende a 145 dólares por persona para cada diligencia o visita que vayan a hacer familiares o presos políticos excarcelados en la capital venezolana. «Los gastos son demasiado altos», calificó el padre.
Tras lo ocurrido, el abogado condenó que su hijo haya sido sometido a una desaparición forzada, delito considerado crimen de lesa humanidad por el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define esta práctica como la detención o privación de libertad por agentes del Estado seguida de la negativa a reconocerla o informar sobre el paradero de la persona.
Asimismo, denunció la falta de garantías en el proceso judicial, al ser sometido a audiencias telemáticas y no permitírsele ejercer una defensa privada elegida por la familia, pese a que él mismo es abogado.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
