La ONG Un Mundo Sin Mordaza presentó su informe «El miedo también cruzó la frontera, exilio no te protege«, en el que documentó la represión trasnacional del Estado venezolano entre los años 2024 y 2025, gracias a 326 casos que documentó con fuentes abiertas.
El documento de 97 páginas advierte que esta forma de violencia estatal implica actos, campañas y acciones penales, políticas y administrativas que afectaron a disidentes, opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en el exterior, quienes se fueron del país por desplazamiento forzado, exilio y la reorganización de la disidencia en el exterior.
La mayoría de los casos, el 53,99%, correspondió a la «propaganda y estigmatización extraterritorial» con 176 registros que consiste en el “uso sistemático de narrativas oficiales y plataformas comunicacionales para desacreditar, intimidar, aislar públicamente a personas en el exterior”.
Las limitaciones al registro electoral en el exterior
La organización no gubernamental explicó que también uno 112 afectados (34,36%) por represión consular administrativa, en la que se da «la instrumentalización de trámites documentales, registros y servicios consulares como mecanismos de control y exclusión», entre los que están la anulación de pasaportes, la negación para tramitarlos en consulados o largos retrasos para su entrega, lo que también incluye otros documentos de identidad como la cédula y partidas de nacimiento. «El Estado exige la presencia física en sedes consulares donde existe hostigamiento, registros no autorizados o presiones», explicaron sobre una de esas formas de represión.
Otros van más allá como la denegación de documentos para hijos de personas en el exterior que son fundamentales para continuar sus estudios en esos países donde migraron, certificaciones de estado civil, trámites de seguridad social, migratorios o el registro electoral como sucedió para las presidenciales del 28 de julio de 2024. La mayoría del análisis en este campo correspondió a los retrasos en el inicio de la jornada especial en el exterior del Registro Electoral y los trámites que se exigía a los venezolanos para poder votar, algunos de ellos imposibles de cumplir.
«Uno de los mecanismos más frecuentes identificados fue el retraso injustificado en el inicio de la Jornada Especial. En todos los países respecto de los cuales se obtuvo información verificable, el proceso de inscripción y actualización comenzó después de la fecha oficialmente establecida, reduciendo de manera sustancial el tiempo disponible para realizar los trámites. Una comunicación entregada al Consejo Nacional Electoral el 17 de abril de 2024, suscrita por 18 organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera del país, denunció retrasos en la apertura del proceso en al menos nueve ciudades, con demoras que oscilaron entre 10 y 23 días, en un lapso que oficialmente debía extenderse por 30 días calendario. Esta reducción deliberada del tiempo efectivo constituyó una limitación estructural al acceso al registro electoral».
Las peticiones a eliminar la nacionalidad
Documentaron al igual 23 casos (7,06%) de represión penal extraterritorial, lo que definieron como la «utilización del sistema de justicia para criminalizar a personas fuera del país mediante investigaciones, solicitudes o procedimientos de naturaleza penal». Otros fueron presencia física extraterritorial, represalia contra familiares, represión digital transnacional y uso abusivo de mecanismos policiales internacionales.
«En 21 de los 23 casos (91,30 %), la iniciativa para el inicio del procedimiento de eliminación de la nacionalidad fue atribuida a Luis Ratti, quien introdujo un documento ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solicitando la aplicación de la Ley Orgánica Simón Bolívar. En los dos casos restantes, las solicitudes provinieron directamente de órganos del Poder Ejecutivo: en un caso, la Vicepresidencia de la República solicitó la eliminación de cualquier documento de identidad y el inicio del procedimiento de privación de la nacionalidad, y en otro, el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz promovió una actuación de naturaleza similar», destacaron.
Represión digital y contra familiares en Venezuela
Sobre la represión digital, aunque los casos de la muestra no fueron tan altos, sí dijeron que operan en un sistema complejo que los hace más difícil de identificar, pero tienen por igual un impacto significativo en la diáspora venezolana.
«La represión digital fue documentada como operaciones represivas complejas, compuestas por múltiples incidentes, incluidas redes coordinadas de cuentas, campañas de estigmatización, suplantación de identidad y difusión masiva de contenidos, lo que explica su menor peso porcentual en el conteo de casos, sin que ello implique una menor gravedad o impacto. Por el contrario, estas operaciones presentan un alto potencial de daño acumulativo y un alcance trasnacional significativo», sostuvo Un Mundo Sin Mordaza.
Mientras que en la represión contra familiares resalta la detención del yerno de Edmundo González Urrutia, Rafael Tudares Bracho, a quien apresaron el 7 de enero de 2025 y estuvo más de un año encarcelado por ser esposo de la hija del dirigente opositor y abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática durante las presidenciales de 2024. También se mencionó la detención arbitraria de Julio Velazco, padre de
Marcos Velazco, dirigente juvenil del partido Vente Venezuela que se encuentra en el exilio. «Julio Velazco fue detenido el 3 de septiembre de 2025, en un contexto que evidencia una relación directa entre la actuación estatal y la militancia política y el activismo desarrollado por su hijo fuera del país».
Otros nombres que se destacaron fueron los de Edmundo González Urrutia, Magalli Meda, Juan Guaidó, Leopoldo López y Pedro Urruchurtu, contra quienes se libraron órdenes de captura o amenazas de privación de nacionalidad «para enviar un mensaje disuasivo a toda la diáspora».
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
