Un grupo de al menos 15 organizaciones no gubernamentales venezolanas encendió las alarmas ante el avance del proyecto de ley de minería que actualmente se discute en la Asamblea Nacional, al advertir que su aprobación podría agravar el impacto ambiental en la Amazonía y otras zonas del país.
A través de un comunicado difundido por Provea, las ONG señalaron que la propuesta legal presenta vacíos importantes en materia de regulación y gobernanza ambiental, lo que —a su juicio— debilita los mecanismos de control sobre la actividad minera. Entre las principales preocupaciones, destacan que, aunque el texto menciona la realización de estudios de impacto ambiental, estos no figuran como requisito obligatorio para otorgar concesiones, lo que podría facilitar proyectos sin evaluación previa adecuada.
Las organizaciones también cuestionaron que la delimitación de áreas protegidas dependa de planes de ordenamiento territorial que, en muchos casos, no existen o están desactualizados, lo que deja amplias zonas vulnerables a la explotación. A esto se suma que la normativa, según advierten, prioriza la responsabilidad posterior al daño en lugar de establecer medidas preventivas, además de no contemplar garantías financieras para la restauración ambiental ni regulaciones claras sobre el manejo de desechos.
Proyecto ignora territorios y derechos ancestrales
Otro de los puntos críticos señalados es la falta de mecanismos independientes de supervisión. Las ONG indicaron que el proyecto no incluye sistemas de monitoreo ambiental autónomo, ni garantiza el acceso público a la información, ni contempla auditorías externas que permitan evaluar el impacto de las actividades extractivas.
En relación con los derechos de los pueblos indígenas, las organizaciones consideran que el proyecto resulta especialmente preocupante. Señalan que omite aspectos clave como la demarcación de territorios ancestrales y no incorpora el consentimiento libre, previo e informado, “que es el estándar internacional actual”.
Presencia militar en minas fomenta las violaciones
Asimismo, manifestaron su rechazo a la presencia de cuerpos militares en zonas destinadas a la explotación minera. “La presencia militar en las minas ha estado históricamente asociada a la violación de derechos humanos, la corrupción y la creación de gobernanzas híbridas”, agregaron.
En ese contexto, las ONG instaron a que el proyecto de ley incorpore criterios claros de transparencia, incluyendo el acceso público a todos los procesos administrativos relacionados con las concesiones y operaciones mineras, así como la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en cada proyecto. También plantearon la necesidad de establecer mecanismos efectivos de control y seguimiento que garanticen una gestión ambiental sólida.
El debate legislativo sobre esta normativa continúa en el Parlamento, que recientemente aprobó el proyecto en primera discusión como parte de una estrategia orientada a atraer inversión nacional y extranjera en el sector minero . Sin embargo, la segunda discusión fue aplazada para ampliar el proceso de consulta, luego de que se leyeran parte de sus artículos y se planteara la necesidad de incorporar más opiniones de distintos sectores .
Con información de Efe.
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