El empresario Héctor Mario Ferreira Domingues, de 53 años, es uno de los presos políticos de doble nacionalidad, venezolana y portuguesa, que continúa detenido en el país.
Cumplió 1.288 días en prisión. El 9 de septiembre de 2022 fue aprehendido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) tras un allanamiento a la fábrica de uniformes, Universal C.A, que dirigía en Caracas.
Sus familiares relatan que las acusaciones en su contra carecen de argumentos sólidos y piden su liberación.
Las autoridades venezolanas, basadas en el testimonio de un patriota cooperante anónimo y en supuestos comprobantes de pago, acusaron a Universal C.A de hacer una venta de materiales publicitarios a la Asamblea Nacional, a través de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. (filial de Pequiven en Colombia), en 2019.
Según la acusación, se cometieron supuestos delitos de legitimación de capitales, utilidad ilegal por actos de administración y asociación para delinquir. Universal es una compañía dedicada a la fabricación de uniformes, línea de trabajo, ropa de construcción y equipamiento de seguridad, operó de forma ininterrumpida, desde que se fundó en 1957, siendo una de las más antiguas del país.
La empresa fue objeto de una persecución judicial. Ferreira, su propietario, fue detenido junto a su sobrino Francisco Paparoni, quien se desempeñaba como trabajador de la fábrica.
Los familiares recurrieron a mecanismos de asistencia penal internacional, a través de la Fiscalía general de Colombia, para demostrar que no hubo una relación comercial entre Universal C.A. y Monómeros, según consta en documentos judiciales a los que tuvo acceso El Pitazo.
Las autoridades colombianas concluyeron que no existían documentos que demostraran la transacción entre la fábrica de uniformes y la estatal. También certificaron que no hay registros de pagos, licitaciones ni cuentas compartidas con dicha fábrica de uniformes.
Como respaldo, cuando ocurrió el allanamiento los cuerpos de seguridad presentaron ante el Ministerio Público (MP) fotocopias de supuestos comprobantes de pago entre empresas.
Sin embargo, desde el inicio se señaló que esos documentos no tenían coherencia comercial básica (montaje), ya que compradores y vendedores no emiten facturas entre sí, lo que genera dudas sobre la validez de la acusación.
Al día siguiente de su arresto y el allanamiento, los funcionarios policiales tomaron la empresa de Ferreira y continuaron labores allí, lo que, según la familia y su defensa, sugiere que la intención detrás del operativo fue apoderarse de la empresa. En este edificio que pertenece a su familia, la maquinaria de Universal C.A y una bordadora que funcionaba en las mismas instalaciones.
“ Él (Héctor) tiene tres años y medio secuestrado y hace dos años y medio nos dirigimos a la embajada de Portugal en Venezuela para solicitar ayuda y no hemos podido lograr nada a través de ello hasta ahora”, precisó un familiar del preso político.
También indicó que el 25 de junio de 2025, durante la presentación de las conclusiones en el juicio, lo condenaron a 18 años de prisión y el pago de una multa de 1 millón 649 mil dólares, pese a que aseguran que no existe prueba que señale el proceso.
“Sin siquiera poder demostrar el haber recibido la presunta cantidad de dinero, además de la pena de prisión condena a los procesados a pagar un 800 por ciento del «presunto daño», lo cual constituye otra grotesca violación de derecho y de matemáticas elementales”, denuncia.
Los familiares reiteran que la detención carece de argumento válidos. Igualmente sostienen que hay pruebas, que demuestran que no están vinculados a Monómeros.
¿Qué ocurre con las instalaciones?
Tras su incautación por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en septiembre de 2022, la fábrica Universal C.A., según familiares, ha pasado a ser operada directamente bajo una nueva administración y denominación operativa que utiliza sus instalaciones y maquinaria.
Los familiares denuncian que la administración está utilizando todo el inventario, los materiales y la maquinaria que pertenecían a la empresa original,. Afirman que las personas que operan las instalaciones disponiendo de los recursos acumulados durante los 65 años de trayectoria de la fábrica.
Se ha identificado que la fábrica ahora promociona sus actividades a través de una cuenta de Instagram bajo el nombre de Textilera DGIM 23. C.A. En esta plataforma se muestran las labores que se realizan actualmente dentro de las instalaciones incautadas. En redes, la última publicación es de julio de 2024.
Detención en el caso
Héctor Ferreira fue trasladado al Internado Judicial Rodeo II, en el estado Miranda, Caracas, donde permanece privado de libertad.
A pesar de la negativa oficial de Monómeros sobre el vínculo comercial, la justicia venezolana desestimó dicha prueba y condenó a Fereira. El caso está en la Sala Especial Segunda de la Corte de Apelaciones (Exp. Nº 268-25) tras una audiencia realizada el 13 de enero de 2026, y se está a la espera de una decisión sobre una solicitud de amnistía presentada el 23 de febrero de 2026, que después de 15 días y no recibieron respuesta.
El 16 de marzo se consignó ante la comisión del Parlamento para la revisión de amnistía, y el 17 de marzo en el Tribunal en el que está en la causa para que tengan conocimiento de la causa.
Los familiares denuncian que la situación ha afectado gravemente la salud y el estado emocional de los detenidos, y también de sus familiares, sus padres superan los 80 años de edad, al igual que sus hijos, y exigen su liberación inmediata.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
