Caracas.- Larry Devoe publicó un mensaje en el que fijó su posición institucional y política tras ser designado fiscal general. En el texto, agradeció directamente al Parlamento y a su presidente, Jorge Rodríguez, y aseguró que asume el rol con «compromiso con la justicia» y con la defensa de los derechos humanos.
El abogado venezolano asumió oficialmente el cargo tras su designación por la Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista. El nombramiento se produjo luego de que ejerciera la función de forma interina desde febrero, tras la salida de Tarek William Saab.
El mensaje también busca proyectar su línea de gestión: Devoe promete una justicia «accesible, transparente y eficiente», además de reforzar la protección del pueblo venezolano. Este tipo de discurso forma parte de la narrativa institucional que intenta legitimar su llegada al Ministerio Público en un contexto de cambios políticos.
Sin embargo, su designación no ocurre en un vacío. Diversos sectores cuestionan la independencia del proceso y señalan su cercanía con el Ejecutivo, lo que mantiene el debate abierto sobre el papel que jugará la Fiscalía en esta nueva etapa.
Entre 2016 y 2017, como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Devoe representó al Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante ese período, afirmó que en Venezuela no había presos políticos, utilizando como argumento un documento firmado por representantes de la MUD en el diálogo de octubre de 2016, en el que se mencionaba a “personas privadas de libertad”.
También negó que Leopoldo López estuviese recluido en una celda de 2 metros cuadrados, asegurando que su celda medía más de 24 metros cuadrados y que cumplía con los estándares de derechos humanos.
De acuerdo con Devoe, López contaba con televisión por cable, una cafetera, 152 libros, 154 películas, cursaba un diplomado en Historia Contemporánea de Venezuela y tenía acceso a un huerto y áreas de recreación, así como visitas de familiares y abogados en distintos días entre diciembre de 2016 y marzo de 2017.
Cuestionados
Más temprano, la organización Provea instó a Devoe y a la nueva defensora del pueblo, Eglée González -ambos designados el jueves por el Parlamento-, a evitar la impunidad en los casos de «graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad» que, según la organización, sucedieron «al menos desde el 2014» y los que «pudiesen ocurrir en el futuro».
En una nota, la organización no gubernamental señaló que ambos abogados «deben escuchar, tramitar y contribuir a resolver las denuncias y reclamos de la población relacionados con el abuso de poder por parte de funcionarios policiales y militares, entre ellos, las reiteradas prácticas de extorsión, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas».
Por otra parte, la ONG señaló que las designaciones de estos funcionarios se realizaron en «ausencia de reglas claras y públicas sobre el procedimiento y los criterios de evaluación», y agregó que esta «opacidad abrió la puerta a una decisión discrecional, en lugar de una selección basada en méritos, criterios técnicos y probidad».
Recientemente, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, dijo a EFE que Devoe es un «funcionario de absoluta confianza» de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo que, a su juicio, pone en duda la necesaria independencia de una institución como la Fiscalía.
Con información de EFE
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