La designación de Larry Daniel Devoe Márquez como fiscal general y de Eglée González Lobato como defensora del pueblo, abre una nueva etapa para dos instituciones clave del sistema de justicia venezolano. Sin embargo, organizaciones y expertos en derechos humanos advierten que ambos funcionarios enfrentan retos urgentes que marcarán su gestión.
Durante la sesión ordinaria del 9 de abril, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó ambas designaciones tras las renuncias de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz.
A partir de este escenario, especialistas y organizaciones consultadas por el equipo de El Pitazo, plantean una agenda prioritaria centrada en derechos humanos, justicia y rendición de cuentas de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.
La abogada Martha Tineo Rodríguez, coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, y el abogado Joel García se refieren a cuatro líneas de acción urgentes para el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Retos urgentes para la Fiscalía
1. Fin de los procesos por motivos políticos
Uno de los principales desafíos será que acaben las investigaciones y enjuiciamientos vinculados a razones políticas. Esto implica solicitar sobreseimientos y promover la liberación de personas detenidas por ejercer derechos como la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica.
2. Investigar violaciones de derechos humanos
Ambos especialistas coinciden en la necesidad de abrir investigaciones efectivas, independientes e imparciales contra funcionarios señalados por organismos internacionales de presuntos delitos como tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Estas acciones deben incluir protección a víctimas y testigos para evitar represalias.
3. Cooperación con instancias internacionales
Otro reto clave será la colaboración activa con la Corte Penal Internacional y otros mecanismos internacionales que investigan la situación venezolana, como parte de los esfuerzos para combatir la impunidad.
4. Resguardo de evidencias y depuración institucional
La Fiscalía deberá garantizar la preservación de pruebas relacionadas con violaciones de derechos humanos, especialmente aquellas que puedan encontrarse en centros de detención u organismos del Estado.
Joel García considera fundamental combatir la corrupción dentro del Ministerio Público, señalando la necesidad de investigar a fiscales vinculados a prácticas ilícitas.
Desafíos para la Defensoría del Pueblo
En paralelo, la Defensoría del Pueblo enfrenta exigencias orientadas a la protección activa de los derechos ciudadanos:
1. Defensa de personas detenidas por razones políticas
Se espera que la institución exija la liberación de detenidos por motivos políticos y actúe como garante en la revisión de casos excluidos de beneficios legales, como la ley de amnistía.
2. Supervisión de centros de detención
Uno de los puntos más sensibles es la realización de visitas a centros de reclusión, con la publicación de informes periódicos, verificables y transparentes sobre condiciones y posibles abusos.
3. Articulación con organismos internacionales
La Defensoría deberá restablecer y fortalecer vínculos con instancias como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, promoviendo además el cumplimiento de sus decisiones y recomendaciones.
4. Revisión del marco legal
Otro reto clave será impulsar la derogación o nulidad de leyes cuestionadas por restringir derechos fundamentales, entre ellas normativas que han sido señaladas por facilitar la criminalización de la disidencia.
Joel García introduce otro desafío: reivindicar el rol de la Defensoría del Pueblo, históricamente cuestionado. También subraya la necesidad de atender problemáticas estructurales como la crisis en el sistema de salud y servicios públicos.
Cuestionamientos al proceso de designación
La organización Espacio Público cuestionó el proceso de selección de ambas autoridades, al considerar que no cumplió con estándares de transparencia, participación e inclusión.
Según la ONG, la ciudadanía desconoce los criterios utilizados por el comité de postulaciones, integrado únicamente por diputados y con predominio de un solo sector político.
En ese sentido, recordó que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo son las piezas angulares para:
- La garantía del debido proceso y la erradicación de la impunidad
- La protección de los sectores más vulnerables frente a abusos de poder.
- El cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
La organización Un Mundo Sin Mordaza también condenó estas designaciones y aseguró que es la consolidación de la «captura política del Poder Ciudadano y la demolición de la independencia institucional en Venezuela».
La ONG advirtió que, mientras Devoe representa «la continuidad de la impunidad y el control político del Ministerio Público», el perfil de González Lobato «no satisface el requisito constitucional de competencia manifiesta en DDHH, convirtiendo a la Defensoría en un espacio para la administración del conflicto y no para la protección de las víctimas».
En este contexto, organizaciones civiles insisten en que la gestión de Larry Daniel Devoe Márquez y Eglée González Lobato será determinante para avanzar —o no— hacia la restitución de garantías fundamentales en el país.
Los expertos coinciden en que la expectativa hacia ambas instituciones es que pasen de un rol cuestionado a uno activo en la búsqueda de justicia, reparación para las víctimas y reconstrucción del Estado de derecho en Venezuela
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
