Durante los primeros diez días de abril de 2026, Venezuela volvió a mostrar una marcada contradicción entre el discurso oficial de diálogo y modernización institucional y una realidad atravesada por denuncias de violaciones a los derechos humanos, deterioro social y consolidación del control político. Así lo documenta el más reciente informe de la organización Un Mundo sin Mordaza, que advierte sobre la continuidad de patrones autoritarios y la ausencia de cambios estructurales en materia de garantías fundamentales.
El reporte sostiene que, aunque el Ejecutivo promovió anuncios económicos y señales de apertura internacional, “los hechos del período reflejaron otra realidad: persistencia de la prisión política, restricciones al espacio cívico, conflictividad social no resuelta, servicios públicos colapsados y un rediseño institucional cada vez más orientado al blindaje del poder”.
Prisión política, sistema penitenciario que violenta los DD.HH. y cárcel para controlar
Uno de los ejes más críticos del informe es la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas. Según el documento, al menos 485 personas permanecían detenidas al 8 de abril, entre ellas 44 extranjeros o binacionales, lo que confirma la continuidad de la prisión política como herramienta de control estatal.
El episodio más grave que relata Un Mundo Sin Mordaza fue el ocurrido en el penal Rodeo I, donde presos políticos extranjeros habrían sido reprimidos con “gases lacrimógenos, golpes y otros tratos crueles”, en medio de denuncias de heridos y una presunta muerte no confirmada oficialmente, que luego el Ministerio Público aseguró que no ocurrió.
Destaca reporte que en lugar de una política uniforme de excarcelaciones y restitución de derechos, el panorama siguió marcado por negativas selectivas de amnistía, traslados sin notificación, continuidad de procesos penales contra personas ya excarceladas y nuevas denuncias de represión dentro de centros de reclusión. En paralelo, Foro Penal advirtió que la ley de amnistía se ha convertido en un “embudo” que ralentiza o paraliza libertades.
También se mencionó el deterioro de salud de Rolando Guevara, preso desde 2004, el cual consideran, evidencia la persistencia de la negligencia médica. Su condición fue descrita como crítica, en un contexto donde la Corte Interamericana ya había ordenado su liberación.
A ello se suma la denuncia de que al menos 11 adultos mayores de 70 años siguen detenidos, pese a que su condición permitiría medidas alternativas.El informe también documenta decisiones judiciales que refuerzan la arbitrariedad. La negativa de amnistía a 50 presos políticos de la causa Plaza Venezuela, sin motivación suficiente, confirma que este mecanismo “continúa operando con criterios selectivos y poco transparentes”.
Asimismo, se reportaron traslados sin notificación de detenidos de la Operación Gedeón a Yare III, lo que refuerza prácticas de incomunicación, y un uso desigual de beneficios judiciales, como el caso del periodista Rory Branker, a quien se le negó la libertad plena, frente a la concesión de ese beneficio a la activista Nélida Sánchez.
Represión a la protesta social
En paralelo, la protesta social también enfrentó restricciones. Una movilización de sindicatos, jubilados y estudiantes para exigir mejores salarios y reivindicaciones laborales fue contenida y reprimida por cuerpos policiales antes de llegar a Miraflores, mediante bloqueos y desvíos que limitaron su recorrido.
El documento recoge, a propósito del tema salarial, que el gobierno de la encargada con el aval de EE.UU. Delcy Rodríguez, anunció un paquete de medidas que incluye un aumento “responsable” del ingreso para el 1 de mayo, sin detallar montos ni mecanismos.
La organización advierte que estas propuestas “siguen siendo programáticas” y no ofrecen garantías suficientes de exigibilidad, transparencia ni protección efectiva de derechos, especialmente en un contexto donde el salario mínimo permanece congelado desde 2022.
Designaciones cuestionadas
El período evaluado por Un Mundo sin Mordaza también estuvo marcado por decisiones clave en el plano institucional. La Asamblea Nacional designó a Larry Devoe como fiscal general y a Eglée González Lobato como defensora del Pueblo, en un proceso cuestionado por falta de transparencia e independencia.
El informe sostiene que estas designaciones profundizan la “captura política del Poder Ciudadano” y debilitan las garantías de acceso a la justicia.
Además, la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Minas refuerza el modelo extractivo del Estado y amplía riesgos para derechos ambientales e indígenas.
En paralelo, la eliminación de Delcy Rodríguez de la lista de sanciones de la OFAC y la reapertura diplomática con Estados Unidos reflejan una creciente normalización internacional, sin que ello implique mejoras equivalentes en materia de derechos humanos, advierte Un Mundo sin Mordaza.
Libertad de expresión y opinión sigue siendo criminalizada
El entorno para la libertad de expresión se mantuvo restrictivo. El informe recopila que el Colegio Nacional de Periodistas reportó casi 80 violaciones en el primer trimestre de 2026, entre las que se incluyen detenciones, deportaciones, cierres de emisoras e impedimentos de cobertura.
El informe destaca el caso de un ciudadano detenido por comentar en TikTok sobre la captura de Nicolás Maduro, lo que evidencia la expansión del uso del delito de “instigación al odio” para castigar opiniones en redes sociales. Espacio Público informó que el detenido fue identificado como Yorman Acevedo. Según la información difundida, Acevedo fue arrestado por agentes del Sebin en el estado Aragua el 13 de enero, acusado de “instigación al odio”, y permaneció 19 días en condición de desaparición forzada.
Estos hechos se producen, además, en un contexto en el que IPYS Venezuela y VE Sin Filtro reportaron que al menos 43 medios de comunicación nacionales e internacionales permanecen bloqueados en Internet dentro del país.
Servicios y sistema de salud siguen en crisis
El informe documenta un agravamiento de las condiciones económicas y sociales. El sector transporte advirtió que el aumento del pasaje urbano ya resulta insuficiente frente a los costos operativos, lo que evidencia el desbalance estructural entre tarifas e ingresos.
En materia eléctrica, organizaciones exigieron transparencia en los racionamientos ante apagones prolongados. La falta de información oficial fue cuestionada con la advertencia de que “la incertidumbre no puede seguir siendo la única respuesta”.
El sistema de salud también refleja un deterioro crítico. Según la Federación de Colegios de Bioanalistas, 81 % de los laboratorios públicos está inoperativo, lo que limita el acceso a diagnósticos básicos.
Aunque el Ministerio de Salud anunció un plan de recuperación hospitalaria, el propio informe advierte que estas medidas evidencian la magnitud del deterioro acumulado, especialmente en servicios esenciales como agua y electricidad.
Migración, repatriaciones y cambios en el escenario internacional
En el ámbito migratorio, el informe registra la llegada de dos vuelos de repatriación desde Estados Unidos con un total de 350 venezolanos, lo que confirma que la movilidad humana sigue siendo un eje central de la relación bilateral.
Al mismo tiempo, España anunció el cierre de la vía exprés de regularización para venezolanos a partir de junio de 2026, lo que incrementa la incertidumbre de miles de migrantes.
La reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas marcó un hito diplomático, aunque sin restablecimiento inmediato de servicios consulares, lo que limita su impacto práctico.
Grupos vulnerables y opacidad estatal
Finalmente, el documento resalta la situación de grupos vulnerables a partir de cifras y alertas de otras organizaciones, como el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, quien denunció 16 años de promesas incumplidas hacia personas trans, o la CIDH que documentó abusos laborales en misiones médicas cubanas, con Venezuela como caso central.
Transparencia Venezuela, por su parte, alertó sobre la falta de rendición de cuentas en estructuras estatales, lo que refuerza las preocupaciones sobre opacidad en el manejo de recursos públicos.
Un Mundo sin Mordaza concluye que la crisis venezolana no solo se expresa en la represión visible, sino también en “omisiones estructurales, discriminación persistente y una administración pública que sigue operando con bajos niveles de transparencia y control”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
- Prisión política, sistema penitenciario que violenta los DD.HH. y cárcel para controlar
- Represión a la protesta social
- Designaciones cuestionadas
- Libertad de expresión y opinión sigue siendo criminalizada
- Servicios y sistema de salud siguen en crisis
- Migración, repatriaciones y cambios en el escenario internacional
- Grupos vulnerables y opacidad estatal
