Ya no basta con que la nieguen o que ni siquiera consideren un caso, ahora ya no hay posibilidad de que los presos políticos o personas con medidas sustitutivas de libertad puedan apelar a la Ley de Amnistía aprobada por unanimidad hace dos meses en la Asamblea Nacional.
“Esta Ley de Amnistía llega a su fin, aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley, hay otros espacios donde se pueden canalizar”, dijo la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez., en horas de la noche de este 23 de abril.
Flanqueada por miembros de su gabinete en el Palacio de Miraflores, al estilo del preso Nicolás Maduro y el fallecido Hugo Chávez, Rodríguez sostuvo que los casos pendientes podrán revisarse “a través de otros mecanismos”.
Según la mandataria interina que ya lleva más de 90 días ocupando el cargo, contrariando lo que dice la Constitución nacional, los casos pendientes podrán ser atendidos por medio del Programa de Convivencia Democrática y Paz, así como por la recién instalada Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia Penal.
El caos estructural tiene expresiones desafortunadas. Pensábamos que sólo @TarekWiliamSaab era tan improvisado para decir que la ley tenía una suerte de caducidad, pero esto es escandaloso. @delcyrodriguezv es abogada aunque jamás ha ejercido.
Una ley se deroga de forma expresa… https://t.co/TEOdt94Arj— Zair Mundaray (@MundarayZair) April 23, 2026
Otro atropello
De acuerdo a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) el hecho de que Rodríguez dé por concluidas las concesiones de amnistías de forma unilateral y a través de una declaración administrativa, representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas.
“Es un grave atropello al Estado de Derecho, una ley de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos, su vigencia es inherente a la existencia de las situaciones de persecución y detención arbitraria que debe subsanar”, reza un comunicado colgado en X.
Para la organización la medida no solo es discriminatoria, sino que anula el principio de progresividad de los derechos humanos y profundiza la brecha de impunidad.
JEP dijo que como había adelantado, el instrumento jurídico terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento para devolver la libertad a los presos políticos.
“La libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad, y no pueden ser sacrificadas en el altar de la conveniencia política”, puntualiza la ONG.
Por su parte, Provea denunció que la derogatoria de una ley no es competencia del Ejecutivo Nacional, al tiempo que calificó la medida de Delcy Rodríguez como arbitraria e inconstitucional.
“La Ley de Amnistía es un primer paso para desarmar el entramado represivo que ha atenazado los derechos de la población venezolana durante los años recientes, pero no es un requisito para que se produzca la liberación plena de todas las personas privadas de libertad por razones políticas”, escribió la organización en la red social X.
Provea exigió nuevamente la derogación de las leyes que han sido empleadas para criminalizar y perseguir a la disidencia como la del Odio, Simón Bolívar, Resorte y antiONG.
Solo puede ser derogada por la AN
La ONG Acceso a la Justicia indicó que al no existir un término de caducidad o una cláusula de vigencia temporal, la derogación o pérdida de vigor de la Ley de Amnistía solo puede ocurrir mediante otra ley de igual rango dictada por la Asamblea Nacional o por una sentencia de nulidad por inconstitucionalidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“En definitiva, al tratarse de una ley de vigencia indefinida, cualquier ciudadano que cumpla con los supuestos de hecho previstos en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática debería poder invocar su aplicación hoy mismo, mañana o más adelante, mientras no sea formalmente derogada por otra ley”, apuntó la ONG.
La organización indicó que la culminación del beneficio de la ley deja por fuera a un número indeterminado de personas, especialmente aquellas que están fuera del país y por otro lado no especifica cómo quedan las apelaciones en curso.
“Lamentablemente, se crea una discriminación entre quienes tuvieron la posibilidad de actuar rápidamente y quienes, por su situación de movilidad humana o falta de medios, quedan fuera de un beneficio que la ley les otorga sin fecha de vencimiento”.
Para la ONG esta es otra demostración de que en Venezuela no hay separación de poderes.
“Esta decisión presidencial deja a miles en un limbo donde su libertad o seguridad depende ahora aún más de la voluntad política”, sentenciaron.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
