El abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, cuestionó que la decisión de dar por terminada la ley de amnistía en Venezuela no se ajusta al marco constitucional vigente, al advertir que el Poder Ejecutivo carece de competencias para derogar o privar de vigencia una norma aprobada por el Parlamento.
A través de redes sociales, Himiob recordó que el artículo 218 de la Constitución establece que las leyes solo pueden ser derogadas por otras leyes y abrogadas mediante referendo popular. En ese sentido, subrayó que la ley de amnistía, al haber sido dictada por la Asamblea Nacional como órgano legislador, únicamente puede ser modificada o eliminada por un acto de igual jerarquía o por decisión directa del electorado.
“El Poder Ejecutivo no puede privar de su vigencia a ninguna ley de la República”, enfatizó, al tiempo que insistió en que la norma no contemplaba una fecha de caducidad, sino que establecía su entrada en vigor a partir de su publicación en Gaceta Oficial.
Cuestionamientos a la aplicación de ley de amnistía
Más allá del debate sobre su vigencia, Himiob señaló que el alcance limitado de la ley de amnistía obedeció tanto a fallas en su diseño como a la falta de voluntad institucional para aplicarla conforme a sus principios.
Explicó que ni la Asamblea Nacional ni el Ejecutivo atendieron las observaciones realizadas desde su aprobación, mientras que los órganos del sistema de justicia, a su juicio, no demostraron disposición ni capacidad para ejecutar el instrumento de manera efectiva.
A su entender, estas deficiencias reflejan las restricciones estructurales de un sistema judicial que, en sus palabras, forma parte del mismo entramado que hizo necesaria la adopción de una medida excepcional como la amnistía.
En su pronunciamiento, el abogado reiteró que la decisión política que llevó al cierre de la ley de amnistía debería orientarse, en cambio, a erradicar la prisión y la persecución por motivos políticos en el país.
“La amnistía es un medio, pero no es el único medio legal para cerrar ese ciclo”, afirmó, al reiterar que existen otras vías jurídicas que pueden contribuir a garantizar la libertad de los detenidos y el restablecimiento de derechos.
Gobierno anuncia reforma judicial
Las declaraciones de Himiob se producen luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara el cierre definitivo de la ley de amnistía para la Convivencia Democrática, medida que, según el Ejecutivo, marca el fin de un proceso iniciado el 19 de febrero con el objetivo de pacificar el clima social.
De acuerdo con cifras oficiales, cerca de 12.000 personas solicitaron acogerse a este beneficio, de las cuales 8.616 obtuvieron la libertad plena. El gobierno calificó estos resultados como un avance significativo hacia la estabilidad política.
Rodríguez también informó la creación de la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, instancia que buscará modernizar el sistema judicial y garantizar un acceso equitativo a la justicia, con énfasis en el respeto a los derechos humanos.
El anuncio del Ejecutivo generó rechazo en diversas organizaciones no gubernamentales, que calificaron la decisión como arbitraria e inconstitucional. Estas coincidieron en que la ley de amnistía no establece una fecha de vencimiento y que su derogación corresponde exclusivamente al Poder Legislativo o, en determinados casos, al Tribunal Supremo de Justicia.
Asimismo, advirtieron que la medida podría vulnerar el principio de separación de poderes y generar inseguridad jurídica, especialmente para quienes aún no han sido beneficiados por la norma.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
