El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) difundió cinco exigencias dirigidas a la presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, tras el anuncio de la creación de la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal.
A través de su cuenta en X, Provea señaló que durante los 25 años de gestión de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el Sistema de Administración de Justicia (SAJ) fue definitivamente “demolido” y sostuvo que es necesario “construir y consolidar un SAJ que responda a las obligaciones constitucionales y a las demandas ciudadanas”.
Provea recordó que, históricamente el SAJ venezolano ha funcionado como instrumento de discriminación basada en género y condición socio-económica, burocracia, corrupción y estigmatización contra los sectores en mayor situación de vulnerabilidad política, económica y social.
Según Provea, la situación actual no es distinta. Según refiere la organización, el copamiento institucional, la erosión del Estado de derecho y la criminalización de la crítica política han permitido la instrumentalización del SAJ para perseguir a la disidencia y desatender a los usuarios del sistema.
“Hoy, las violaciones al debido proceso, que se expresan en la inconstitucional inadmisión de los recursos de Habeas Corpus, las desapariciones forzadas masivas, la negativa al derecho de designar abogados de confianza, el empleo excesivo de los castigos penales, el retardo procesal, entre otros abusos, demuestran que el SAJ sigue siendo el principal instrumento de control social de quienes gobiernan”, indicó Provea.
Exigencias de Provea
- Provea señaló que los anuncios de Delcy Rodríguez deberían ir acompañados de una selección transparente, amplia y apegada a la Constitución, situación que no ocurrió en la designación de los titulares de la Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la República.
- La Organización advirtió que un proceso tan complejo y trascendental como la reforma judicial, no bastará con el cambio de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
- La ONG destacó que una reforma verdaderamente integral y genuina, debe incluir el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para que ejerzan efectivamente, sus obligaciones legales y constitucionales, en defensa de los derechos ciudadanos.
- Provea resaltó que es preocupante que la reforma judicial anunciada esté orientada únicamente a satisfacer la agenda del tutelaje transnacional, y que se deje de lado la necesaria participación de los actores sociales y políticos del país como la academia.
- Finalmente, la ONG consideró que es necesario cesar la instrumentalización del sistema de justicia para restringir las libertades fundamentales.
Expresamos algunas reflexiones sobre la creación de la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre Reforma de Justicia Penal, anunciada por la Presidenta (E) @delcyrodriguezv.
– Construir y consolidar un Sistema de Administración de Justicia (SAJ), que responda a las… pic.twitter.com/hVniFcIk5I
— PROVEA (@_Provea) April 25, 2026
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