Caracas.- El colectivo de Derechos Humanos Surgentes documentó un sistemático patrón de detenciones arbitrarias y abusos ejecutados bajo la llamada operación Tancol en el estado Apure. A través de una exhaustiva recopilación de testimonios, la organización identificó que el operativo militar, activado en 2021, derivó en la criminalización de decenas de campesinos y civiles que no poseen vínculos con grupos irregulares.
Según el informe Surgentes , las familias de las víctimas denuncian que las autoridades utilizaron la etiqueta de «Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos» como una fachada para detener a personas de escasos recursos sin órdenes judiciales. La documentación de Surgentes revela que los afectados fueron sometidos a torturas, desapariciones temporales y la siembra de pruebas para sostener acusaciones de terrorismo ante la justicia.
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Casos documentados
Los casos documentados —al menos 67, aunque estiman que superan los 200— muestran un patrón común: los acusados no pudieron elegir abogados de confianza y, en varios casos, fueron obligados por agentes a declararse culpables de delitos que no cometieron, sostiene Surgentes. La organización reveló que las víctimas permanecen privadas de libertad, muchas con condenas de hasta 30 años por cargos de terrorismo.
Las familias insisten en que la mayoría de los detenidos son campesinos pobres, ajenos al conflicto armado, que hoy enfrentan largas condenas en condiciones de vulnerabilidad. Mientras tanto, exigen garantías judiciales, revisión independiente de los casos y el fin de lo que califican como criminalización de civiles bajo la etiqueta TANCOL.
El contexto de estas detenciones se remonta a los enfrentamientos en Apure entre fuerzas venezolanas, el ELN y disidencias de las FARC. Según las denuncias, las operaciones contra grupos irregulares terminaron arrastrando a población civil, que luego las autoridades presentaron como parte de esas organizaciones.
Durante años, las familias evitaron denunciar por miedo a represalias y por la precariedad en la frontera. En 2026 comenzaron a organizarse con el acompañamiento de la organización Surgentes, que impulsó la creación del Comité por la Libertad de los Falsos Positivos TANCOL, integrado por unas 50 familias.
Estas familias reclaman la revisión de los casos y la liberación de los detenidos. Sin embargo, los tribunales han rechazado solicitudes de amnistía al considerar que los expedientes no encajan en los períodos establecidos por la ley vigente.
Ley de Amnistía
Los afectados también han acudido a instancias oficiales como la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, presidida por Jorge Arreaza, sin obtener respuesta. En paralelo, el Programa de Paz y Convivencia Democrática ha mostrado disposición a escuchar los testimonios y evaluar posibles acciones.
Los familiares anunciaron que viajarán a Caracas para realizar protestas y exigir justicia, visibilidad y revisión de los casos. También prevén llevar la documentación ante instancias internacionales.
Entre los expedientes destacan situaciones especialmente graves, que incluyen denuncias de torturas a adolescentes y agresiones sexuales contra mujeres detenidas. Las organizaciones advierten que estos hechos podrían constituir violaciones sistemáticas de derechos humanos.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
