Las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela mantienen el mismo patrón de censura, persecución y hostigamiento incluso después del 3 de enero, cuando se produjo la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Así lo expone el más reciente informe de la organización no gubernamental (ONG) Espacio Público.
Carlos Correa, director ejecutivo de la organización, y Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio Social, señalaron que, lejos de cesar, las restricciones continúan con dinámicas similares, tanto en el espacio físico como en el digital.
Rodríguez explicó que entre enero y abril de 2026 se documentaron 38 casos que derivaron en 91 denuncias de violaciones a la libertad de expresión.
“La violencia en torno a esos casos es mayor”, indicó la coordinadora, quien detalló que un mismo hecho puede incluir intimidación, censura y acciones judiciales simultáneamente. En ese período, enero concentró la mayor cantidad de registros, con 18 casos.
Los principales tipos de violación se mantienen: intimidación (49%), censura (18%) y hostigamiento judicial (15%), lo que confirma la continuidad de los mecanismos de presión contra periodistas y ciudadanos, de acuerdo con la ONG. El Distrito Capital lideró las denuncias, seguido por los estados Táchira, Mérida y Miranda.
Más violencia en menos casos
Uno de los elementos que destaca el informe es el aumento en la intensidad de las agresiones. Aunque hay menos casos que en 2025, estos concentran más episodios de violencia estatal, que se traduce en acciones combinadas que van desde restricciones a la cobertura hasta procesos judiciales.
El entorno digital sigue siendo un espacio de control. El 22% de los casos ocurrió en Internet, en un contexto donde muchas restricciones son extensiones de medidas aplicadas desde años anteriores, alertó la organización. A esto se suma el uso de mecanismos como bloqueos y denuncias entre usuarios, descritos por Correa como una lógica de “delación o sapeo”, que afecta la confianza incluso en comunidades pequeñas.
“La lógica de la delación se convierte en un mecanismo que quiebra la confianza en espacios muy pequeños, incluso en las comunidades. Y la confianza es un factor sustantivo para cualquier cosa que queramos apalancar en relación al desarrollo del país porque es lo que permite que en los espacios más pequeños y en los grandes se pueda deliberar y conversar de la mejor manera”, expuso el director
29 detenciones en el primer cuatrimestre
Entre enero y abril se registraron 29 detenciones, lo que equivale a 65% de todas las documentadas en 2025. La mayoría ocurrió durante coberturas de protestas o en contextos de movilización social, y afectó principalmente a periodistas: 22 de los detenidos pertenecen al gremio.
“En 2026 seguimos viendo procesos judiciales y detenciones. ¿Qué lo diferencia de 2024-2025? Que, en principio, pareciera que las detenciones no se extienden tanto en el tiempo. Es decir, volvemos un poco a la lógica de detenciones de corta duración, que así fue como se iniciaron las limitaciones al trabajo periodístico”, señaló Rodríguez.
Añadió que la dinámica de persecución judicial se sostiene y que no hay indicios de que se vaya a revertir. Aun así, se dieron excarcelaciones y sobreseimientos, pero aún existen personas privadas de libertad que recibieron condenas en 2025. En el primer cuatrimestre del año, seis personas fueron imputadas por incitación al odio, cuatro de ellas por expresiones en plataformas digitales.
Rodríguez destacó el caso de Jorman Acevedo, detenido el 13 de enero en Maracay tras opinar en TikTok sobre los hechos del 3 de enero. Permaneció 19 días en desaparición forzada y actualmente está recluido en Yare III bajo condiciones precarias.
Asesinatos sin esclarecer y desiertos informativos
El informe también documenta el asesinato de dos periodistas en marzo: Walter Jaimes y Yolimar Hidalgo. En ambos casos, las circunstancias siguen sin aclararse. Espacio Público alertó que la falta de información por parte del Ministerio Público incrementa el riesgo de impunidad.
Correa añadió que el informe incluye estudios sobre la censura digital mediante bloqueos y la desigualdad en el acceso a la información en zonas fronterizas. En estados como Táchira, la combinación de restricciones, fallas eléctricas y presencia de grupos irregulares genera “desiertos informativos”, donde la población depende de medios extranjeros.
“En las fronteras hay desiertos informativos asociados al problema del suministro eléctrico. Los apagones hacen que haya desinformación. Existe una dependencia de medios no nacionales, colombianos o de otros países, porque en la frontera esos medios actúan con mucha más libertad que los comunicadores que están en Venezuela”, expresó Correa.
Una hoja de ruta: tres medidas urgentes
Carlos Correa expresó que en la organización cree que en el país se puede empezar hoy una dinámica de justicia y paz, y para eso planteó tres acciones que considera se deben aplicar de forma inmediata para avanzar hacia ese escenario.
Libertad plena
En primer lugar, solicitó la liberación plena de todas las personas detenidas o procesadas por expresarse, incluyendo el cese de medidas judiciales en su contra.
“Liberación plena porque hay personas que están excarceladas, como es mi caso; estoy excarcelado, pero no tengo liberación plena, estoy sometido a un proceso judicial. Y esto pasa con periodistas, activistas, líderes sociales. Y la liberación plena es fundamental porque esas leyes (como la Ley contra el Odio) son contrarias a la Constitución y a las obligaciones que libremente y soberanamente la sociedad venezolana asumió en relación al derecho internacional”, explicó.
Además, señaló que tras la aprobación de la Ley de Amnistía aumentaron el número de personas procesadas judicialmente.
“Y eso de alguna manera habla de que seguramente hay un enorme subregistro porque no hay información pública. Nosotros hemos solicitado a la Fiscalía un relato concreto de los datos en relación a la aplicación de la Ley de Amnistía para hacer un ejercicio ciudadano, que es el del escrutinio de la gestión pública”, añadió.
Derogación de la Ley contra el Odio
Exigió, en segundo lugar, la derogación por la vía legislativa o judicial de la Ley contra el Odio por considerarla contraria a estándares constitucionales e internacionales.
“Se utiliza sistemáticamente para criminalizar, pero además tiene un efecto de silenciamiento, de ahogamiento de la voz ciudadana. Independientemente de que la expresión pudiera ser incómoda, fastidiosa o incluso inaceptable, la detención no es el mejor mecanismo para resolverlo”, dijo.
Levantar los bloqueos a los portales web
El tercer punto señalado por el director ejecutivo de Espacio Público es el levantamiento del bloqueo arbitrario aplicado a los portales web, entre ellos El Nacional.
“No hay ningún procedimiento judicial ni ningún mecanismo de apelación. Eso tiene un impacto en los medios y los periodistas porque los portales digitales con los algoritmos y todo lo demás tienen menos tráfico. Ahora la inteligencia artificial agarra la información y la gente no accede a la página. Pero si además de eso el portal está bloqueado, hay menos tráfico y, por lo tanto, menos posibilidades de que las voces de los periodistas tengan mayor alcance”, manifestó.
Correa recordó que cuando Miguel Pérez Pirela fue nombrado ministro de Comunicación, la organización envió una comunicación a la cartera y a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para reiterarles la solicitud de que se levante el bloqueo a los portales web. Todavía, afirmó, no hay respuesta.
“Pero lo que sustancialmente queremos construir es justicia y paz. Y la justicia necesita verdad y reparación. Verdad individual para aquellas personas que fueron detenidas: ¿quién ordenó la detención?, ¿por qué fue detenido?, ¿cómo ocurrió? Y verdad pública, que se sepa quiénes son los responsables. Las garantías de no repetición y, por supuesto la reparación: la restitución de los equipos, la necesidad de la indemnización en algunos casos, la rehabilitación”, expresó el activista.
Enfatizó que se debe hacer una reforma institucional para desmantelar toda la estructura represiva que existe en Venezuela. “Nosotros hemos documentado que hay deficiencias legislativas en la elaboración de las leyes: son discrecionales y arbitrarias porque son vagas e imprecisas”, indicó.
Carlos Correa sigue bajo medidas judiciales
El director de Espacio Público expresó que su caso judicial continúa abierto más de un año después de su excarcelación, con medidas restrictivas que incluyen régimen de presentación ante tribunales y la prohibición de salida del país.
“Hemos solicitado la anulación del juicio y estamos esperando respuestas”, explicó el activista, quien señaló que recientemente fue sustituido el juez por una nueva jueza, sin que hasta ahora haya una decisión sobre el proceso.
Correa, detenido el 7 de enero de 2025 y liberado días después, afirmó que su situación le ha permitido documentar en primera persona las consecuencias de una detención arbitraria. “Esto me permite entender las consecuencias de un proceso judicial, de una desaparición, en primera persona”, dijo.
Más allá de su caso, advirtió que su situación forma parte de un patrón que afecta a periodistas, activistas y ciudadanos. “No es un caso aislado. Es un problema que está impactando a mucha gente y necesitamos salir de ese patrón si queremos un mejor país”, sostuvo.
Correa señaló asimismo que aún hay personas sometidas a procesos judiciales sin motivos claros. “Hay líderes sociales, gente en comunidades, periodistas, que siguen procesados sin razón. Son ejercicios arbitrarios del poder”, afirmó.
Insistió en la necesidad de reglas claras y de un sistema judicial independiente que reduzca la incertidumbre. “Todavía hay personas sometidas a un proceso judicial, además sin razón, sin explicación, es sencillamente el ejercicio arbitrario del poder. Necesitamos una dinámica que nos dé certeza de que la norma esté clara, que la aplique un juez independiente”, agregó.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
