El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.926 protestas entre enero y marzo de 2026, un promedio de 21 por día. La cifra representa un aumento de 144 % en comparación al mismo período del año anterior.
La organización señaló que la captura y traslado a Estados Unidos de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero causó “una reconfiguración inmediata de las dinámicas de poder y la conflictividad social”.
Explicaron que durante este nuevo momento político “la movilización social se convirtió en el principal mecanismo de exigencia en un país donde los canales institucionales siguen siendo insuficientes”.
La mayoría de las protestas demandó derechos civiles y políticos (un 64 % del total). En el primer trimestre del año se registraron al menos 721 movilizaciones para exigir la libertad de los presos políticos en distintas regiones del país.
El Observatorio indicó que la promulgación de la Ley de Amnistía, lejos de calmar las calles, las encendió aún más. La ciudadanía exigió su aplicación real, sin exclusiones ni garantías a medias, y rechazó lo que percibió como instrumentalización del sistema judicial.
A medida que avanzó el trimestre, las demandas económicas y laborales ganaron fuerza. Trabajadores del sector público, jubilados y pensionados salieron a manifestar para exigir salarios dignos, pensiones suficientes y la derogación del instructivo Onapre, señalado como uno de los principales instrumentos de precarización laboral. Incluso llegaron a manifestarse frente a la Asamblea Nacional, algo impensable a finales de 2025.
Las protestas ocurrieron en todo el territorio nacional, pero se concentraron donde se concentra más poder e instituciones. Miranda lideró con 264 manifestaciones, seguido del Distrito Capital con 260. Bolívar, Anzoátegui y Sucre completaron los cinco estados con mayor movilización.
En contraste, Amazonas, Guárico y Apure registraron las cifras más bajas, una realidad que el OVCS atribuye a la represión local, el aislamiento mediático y la debilidad organizativa en esas regiones.
En cuanto a la represión, los datos muestran una reducción significativa en números absolutos: el OVCS documentó 21 protestas reprimidas, frente a 38 en el mismo período de 2025, una caída del 45 %.
El organismo atribuye esta disminución al mayor escrutinio internacional derivado del proceso de transición, no a un cambio estructural. Las detenciones arbitrarias, la intimidación selectiva y el uso instrumental del sistema judicial persisten. La represión, advierten los analistas, no desapareció: simplemente aprendió a ser menos visible.
El informe cierra con una advertencia que resuena como conclusión política: sin una sociedad civil movilizada, el llamado “nuevo momento político” corre el riesgo de convertirse apenas en un reacomodo de las mismas estructuras de poder que durante años mantuvieron al país en crisis.
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