Sin estruendos y a puerta cerrada, la madrugada del 31 de enero de 2024, se desarrolló un ensayo general de las distorsiones del poder judicial que el régimen de Nicolás Maduro fomentaría para aplacar la resistencia que, según anticipaba, iba a enfrentar ese año electoral.
El abogado Joel García había llegado el día anterior a la sede de los tribunales penales, en el centro de Caracas, en compañía de los padres de Natalia y Guillermo Améstica, sus clientes, para asumir oficialmente la defensa de estos últimos.
Los hermanos Améstica enfrentaban imputaciones por la presunta comisión de las violentas muertes de, por una parte, Tirone José González Orama o ‘Canserbero’, un cantautor cuya popularidad creciente había trascendido más allá del círculo underground del rap venezolano y que parecía a punto de convertirse en una figura del género en América Latina -la edición en español de la revista Rolling Stone lo nombró póstumamente en 2024 como el número uno entre los 50 raperos de habla hispana más influyentes de la historia-; y, por la otra, del bajista y productor musical, Carlos Daniel Molnar González, esposo de Natalia Améstica y apodado ‘Stoperro’. Ambos decesos tuvieron lugar en un mismo evento durante la madrugada del 20 de enero de 2015 en Maracay, capital del estado Aragua, región centro-norte de Venezuela.
El caso había tenido una aparente resolución con una primera investigación por la que policía judicial (Cicpc, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adjunto al Ministerio Público) concluyó que se trataba de un homicidio-suicidio. Pero en noviembre de 2023, el entonces Fiscal General, Tarek William Saab, nombrado por la írrita Constituyente de 2018, decidió reabrir el caso, bajo la presunción de que en realidad se correspondía a un asesinato doble.
Joel García, un reputado letrado que regularmente atiende causas de derechos humanos, finalmente no consiguió juramentarse como representante de los Améstica, por lo general un trámite rutinario y hasta trivial. El Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas se valió de un pretexto burocrático para impedir la jura: los acusados, que debían estar presentes para autorizar la designación, no se encontraban allí. Pero la excusa era endeble, si no engañosa: el propio tribunal era quien no había autorizado el traslado de los defendidos desde su sitio de reclusión en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicada en Quinta Crespo, Caracas. En otras palabras: el tribunal era el causante de la omisión que al mismo tiempo invocaba para impedir el acto de juramentación.
El de García no fue el único intento similar que quedó inconcluso ese día. El abogado Luis Perdomo trató de juramentarse para representar a Solángela Mendoza, la anatomopatóloga encargada de las autopsias de los cadáveres de ‘Canserbero’ y ‘Stoperro’ en 2015 y que también estaba en prisión desde diciembre. Tampoco pudo ese día.
Afuera, el mensaje que circulaba entre los familiares de otros tres policías recién detenidos por el caso, que aguardaban en los pasillos desnudos de los tribunales de Caracas, era claro: resistir, no declararse culpables, exigir un abogado propio. García, aunque curtido en un sinnúmero de situaciones hostiles, salió impactado. “Siempre es difícil, pero al final uno logra defender”, diría después, recordando años de litigio en casos políticos. Esa vez no pudo ni empezar.
La imposibilidad de juramentarse, si bien frustrante, daba paso a una deducción lógica dentro del Derecho, que regulaba las expectativas de los abogados defensores: sin presencia de los acusados, no había defensa; y sin defensa, no había proceso.
Sin embargo, la justicia chavista no se rige por la lógica del Derecho o por la jurisprudencia. Apenas horas después, entre gallos y medianoche, sin aviso público, los hermanos Améstica fueron trasladados -esta vez sí- al tribunal. Allí, según la versión oficial, se declararon culpables. Sin juicio y sin contar siquiera con la presencia de un abogado defensor, fueron condenados a 25 años de prisión.
A pesar del mazazo de esa madrugada, Joel García siguió acudiendo al tribunal los días siguientes. La mañana del 7 de febrero de 2024, llegó al Palacio de Justicia junto al cónsul general y el cónsul adjunto de Chile, quienes intentaban informarse del caso de los hermanos Améstica —de doble nacionalidad— tras reiteradas negativas del tribunal para permitir la asistencia consular, pese a gestiones ante la Cancillería.
Tampoco los recibieron: les dijeron que no eran parte del proceso y que no había disponibilidad para atenderlos. Al salir de la diligencia, en la misma puerta del tribunal, un hombre moreno, alto y fornido, vestido con una chaqueta amarilla de la marca Náutica, se acercó a García. “Deja de estar publicando mierdas o te va a ir mal. Veme a la cara”, retó el hombre al abogado, refiriéndose a publicaciones de García en la red social X. García replicó preguntando si se trataba de una amenaza; el hombre respondió que lo tomara como quisiera. El cónsul chileno intervino: “Deja, Joel, deja que yo hable con él”. Aunque se identificó como diplomático, el desconocido lo cortó: “Eso no importa. Usted puede ser el cónsul de Chile, pero usted está en Venezuela, así que se calla”.
Era la primera vez que el régimen autoritario de Nicolás Maduro -hoy, y desde el 3 de enero reciente, preso en Nueva York, donde enfrenta un juicio-, negaba abiertamente a los acusados de un caso de alto perfil el ejercicio del derecho elemental de elegir su defensa. Esta vulneración se convertiría en norma solo unos meses después, cuando el gobierno de Maduro remitió a cientos de manifestantes y activistas políticos a enfrentar cargos ante tribunales antiterrorismo, luego del fraude electoral consumado por el oficialismo el 28 de julio de 2024.
La infructuosa diligencia de Joel García sirvió no solo como inauguración de una práctica arbitraria e irregular. Es también un botón de muestra de las múltiples precariedades, omisiones y probables manipulaciones a las que estuvieron sujetas las investigaciones de las muertes de Tyrone González y Carlos Molnar entre 2015 y 2023, así como el proceso judicial de la última fecha.
En efecto, para la presente serie, ‘La justicia cayó con Canserbero’, de la que esta historia es la primera de tres entregas consecutivas, Armando.info examinó más de 5.000 folios del expediente del caso, incluyendo las experticias practicadas en 2015, con fotografías de la escena del crimen y de los cadáveres en la morgue, diligencias fiscales y resultados periciales. Encontró numerosas inconsistencias y cabos sueltos que permiten asegurar que, a once años de las muertes de los dos jóvenes en Maracay y tras sendas investigaciones, la justicia no necesariamente quedó servida.
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LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
