La ONG Provea expresó este miércoles sus cuestionamientos a la propuesta de reforma impulsada por la Asamblea Nacional para ampliar el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al considerar que el principal problema del sistema judicial venezolano no está en la cantidad de funcionarios, sino en la falta de autonomía de los tribunales.
La posición fue fijada por Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de la organización, quien aseguró en un video difundido en redes sociales que el país necesita jueces capaces de actuar sin presiones políticas.
“Los jueces tienen que actuar con independencia, garantizar que haya justicia”, expresó.
Aumento de magistrados en el TSJ avanza en primera discusión
El Parlamento aprobó el martes en primera discusión una reforma parcial de la Ley Orgánica del TSJ que plantea elevar el número de magistrados de 20 a 32. La iniciativa, presentada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, todavía debe ser sometida a una segunda discusión para su aprobación definitiva.
La reforma contempla modificar la composición de las salas del máximo tribunal venezolano. De acuerdo con el proyecto, las salas Político-Administrativa, Electoral, de Casación Civil, Penal y Social pasarían de tres a cinco magistrados, mientras que la Sala Constitucional quedaría integrada por siete miembros.
Transformación judicial en Venezuela requiere independencia y transparencia
Frente a este escenario, Alvarado insistió en que cualquier transformación del sistema judicial debe enfocarse en garantizar mecanismos transparentes para la selección de jueces. Recordó que los nombramientos deben realizarse mediante concursos públicos, mecanismo que considera esencial para preservar la estabilidad e independencia judicial.
“Toda reforma del TSJ debe partir de la Constitución, no de decisiones discrecionales”, señaló.
Desde el oficialismo, Jorge Rodríguez defendió la iniciativa argumentando que busca avanzar hacia “una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela” y reducir los retrasos procesales dentro del máximo tribunal.
La discusión sobre la reforma coincide además con el proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir vacantes generadas por renuncias y jubilaciones dentro del TSJ, así como con la instalación, en abril, de una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma de la Justicia Penal, promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para abordar problemas como el retardo procesal y la corrupción judicial.
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