Después de entrevistar a 16 presos políticos, cuyas solicitudes de amnistía fueron negadas, dos abogados, así como a miembros de varias ONG como Justicia, Encuentro y Perdón y Foro Penal, además de revisar diez solicitudes y tres apelaciones, investigadores de Human Rights Watch (HRW) concluyeron que la Ley de Amnistía tiene graves deficiencias, es injusta y opaca.
“La nueva ley de amnistía de Venezuela está muy lejos de garantizar la liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos. Además, su aplicación injusta y opaca ha socavado aún más la liberación de los presos políticos”, dijo la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
De acuerdo a HRW, las autoridades venezolanas negaron la amnistía de manera arbitraria al abogado Perkins Rocha, quien permanece bajo arresto domiciliario con un grillete electrónico en su tobillo, al dirigente de Vente Venezuela, Henry Alviarez, al director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona y al periodista y líder vecinal, Carlos Julio Rojas.
Tras conocerse la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de una reforma legal para aumentar de 20 a 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, HRW recomendó adoptar medidas amplias para restablecer la independencia y la integridad del poder judicial.
Asimismo señaló que deberían reformar o derogarse las leyes que han permitido procesos penales arbitrarios contra la disidencia, como la Ley contra el Odio, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley contra las ONG y la Ley Resorte.
La organización denunció además que pese a que el diputado Jorge Arreaza, quien está al frente de la comisión de la Asamblea Nacional encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, dijo que el instrumento legal no ha cesado, desde que la presidenta encargada dijo que esta había llegado a su fin, no se han ejecutado más beneficios.
HRW emitió en su comunicado que las autoridades venezolanas deben garantizar que la ley se aplique de manera transparente y explorar vías legales adicionales para cerrar los casos penales contra todas las personas sometidas a procesos penales arbitrarios.
La organización expuso que según el Foro Penal, al menos 450 presos políticos siguen tras las rejas.
Mismo patrón
La organización denunció que los jueces no han fundamentado debidamente sus decisiones de denegar la amnistía y restringido el acceso a los expedientes de los casos y a la representación de abogados privados.
HRW dijo que los recién designados fiscal general de la República, Larry Devoe y defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, están llamados a supervisar la aplicación de la ley. Este primero está llamado a explorar otras vías legales en el marco de la legislación venezolana para cerrar las investigaciones arbitrarias contra la disidencia y la segunda debería presionar a las autoridades para que apliquen la ley de manera transparente e imparcial, respetando las garantías del debido proceso.
La organización denuncio que los jueces no exponen una motivación clara para denegar la amnistía.
De acuerdo a HRW, sus representantes entrevistaron a varias personas que habían esperado más de dos meses por una decisión de sus casos, excediendo el plazo legal de 15 días para emitir decisiones sobre las solicitudes de amnistía.
Algunos solicitantes dijeron que los funcionarios judiciales justificaron los retrasos por “instrucciones de arriba”, lo que apunta a una posible injerencia indebida en las decisiones.
“Traté de designar a mi propio abogado. Me pusieron muchos obstáculos, diciéndome que no me preocupara porque el defensor público podría tramitar la solicitud. Estamos en un total estado de indefensión”, dijo uno de los políticos a quien le negaron la amnistía.
HRW sentenció que la comunidad internacional debería mirar más hacia Venezuela.
“Los gobiernos extranjeros deberían supervisar la liberación de los presos políticos y los esfuerzos más amplios para reformar el poder judicial, y considerar estos dos temas parámetros cruciales para evaluar si hay avances en el respeto de los derechos humanos en Venezuela”, dijo Goebertus.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
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