La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que el próximo 1 de junio arrancará formalmente una consulta nacional orientada a reestructurar el sistema de justicia penal del país.
El proceso legislativo y social tiene como objetivo central corregir fallas estructurales históricas dentro del aparato judicial, con especial énfasis en la erradicación del retardo procesal.
«Todo el sistema de justicia penal en Venezuela se articula con un único fin, que es lograr una reforma donde la justicia alcance para todos los venezolanos», declaró la mandataria interina durante una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Rodríguez detalló que las auditorías previas de la administración permitieron identificar tres nudos críticos prioritarios: el diferimiento crónico de las causas judiciales, la corrupción interna en los tribunales y la criminalización de la pobreza.
Respecto a este último punto, la funcionaria reveló un dato estadístico del diagnóstico oficial, precisando que 68% de la población reclusa actualmente en los centros penitenciarios del país proviene de los estratos socioeconómicos más vulnerables y desfavorecidos.
Asimismo, formuló una denuncia pública contra miembros del Poder Judicial, señalando de forma directa la existencia de jueces que exigen comisiones financieras ilícitas o ejecutan extorsiones a cambio de tramitar e implementar boletas de excarcelación.
Como parte de las medidas iniciales para agilizar el flujo de los expedientes paralizados, Rodríguez confirmó que procedió a la firma de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Dicha modificación legal expandió la composición del cuerpo de magistrados de la máxima corte, elevando el número de integrantes de 20 a 32, una ampliación operativa con la que el Ejecutivo proyecta dinamizar de forma sustancial el ritmo de la actividad judicial y reducir el embudo institucional.
De cara al inicio de las mesas de trabajo, la presidenta interina hizo un llamamiento público a los diferentes sectores del país para que se mantenga la neutralidad en los debates, instando a evitar la politización o partidización de las jornadas de discusión.
«Yo pido que no haya utilización ni política ni partidista de un proceso que busca genuinamente la transformación del sistema penal en nuestro país», enfatizó.
Esta convocatoria da continuidad a las acciones iniciadas en abril, mes en el que Rodríguez instaló formalmente la comisión presidencial encargada de diseñar la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, instancia concebida para desmantelar las malas prácticas operativas y los esquemas de corrupción que impactan el debido proceso en la nación.
Con información de EFE.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
