La asociación civil Acceso a la Justicia publicó este 25 de mayo un análisis sobre el incumplimiento del recurso de habeas corpus en Venezuela. El reporte advierte que este recurso, consagrado en el artículo 27 de la Constitución, es para proteger de forma inmediata la libertad de una persona ante detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas, y según lo relatado por la ONG, ha sido distorsionado por completo por la indiferencia del sistema judicial.
Al revisar lo que promete esta garantía institucional, la organización explica que el sistema actual en Venezuela se ha convertido en un obstáculo para los derechos humanos y aunque se busca agilizar los procesos y resguardar la integridad de los detenidos, esto se fragmenta en los tribunales y los organismos, que hacen imposible cualquier mejora por la lentitud de los trámites.
Como muestra de estas afirmaciones mencionan el caso Alianis Araujo Lozada, detenida en agosto de 2025 en el estado Sucre y quien fue acusada de una presunta colocación de artefactos explosivos en Plaza Venezuela. Su paradero se desconoció por más de seis meses.
“La inobservancia deliberada del habeas corpus transforma esta garantía en una letra muerta, obligando a los familiares a deambular por un laberinto de competencias estériles mientras el tiempo transcurre, la incertidumbre se prolonga y los derechos fundamentales de personas como Alianis Araujo continúan suspendidos en el vacío”, sentenció Acceso a la Justicia.
Familias desprotegidas
El análisis indica que el caso de Alianis Araujo dejó ver la falta de respuestas en centros penitenciarios y organismos policiales porque su madre, Fanny Lozada Mata, acudió al Palacio de Justicia del Área Metropolitana de Caracas para presentar urgentemente el recurso del habeas corpus.
La Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) se negó a recibir los escritos sobre Alianis, bloqueando así el acceso a la justicia. Esta denegación no solo permitió el desconocimiento sobre la desaparición de la joven, sino que provocó que su madre fuera privada de libertad durante 12 días y que sufriera “tratos crueles” durante el proceso, al igual que un adolescente de la familia quien quedó con severas secuelas físicas y emocionales.
La familia de Araujo también se presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir la restitución de la libertad de la víctima, un comprobante de su salud y el acceso inmediato a sus familiares. En lugar de decidir dentro de las 96 horas que señala la ley, Acceso a la Justicia recuerda que la Sala Constitucional tardó dos meses en emitir su respuesta y evitaron pronunciarse sobre el asunto de la joven desaparecida, con lo que optaron quedarse fuera de la situación aplicando la parte final del artículo 67 del Código Orgánico Procesal Penal para negar lo ocurrido en los Tribunales de Primera Instancia en Funciones de Control de Caracas.
Solo un desmayo logró que se revelara su paradero
El análisis concluye con una advertencia sobre la realidad de los venezolanos, quienes actualmente se enfrentan a un sistema de justicia que no solo no da soluciones, sino que invalida el intentar defender la vida de un familiar desaparecido.
Cabe recordar que tras meses de incertidumbre y denuncias de desaparición forzada por parte de sus familiares, no fue sino hasta febrero de 2026 que la madre de Alianis Araujo Lozada pudo confirmar que su hija se encuentra recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y solo después de que su madre sufriera un desmayo en una protesta en Caracas, mientras clamaba saber dónde esaba su hija.
” La inobservancia deliberada del habeas corpus transforma esta garantía en una letra muerta, obligando a los familiares a deambular por un laberinto de competencias estériles mientras el tiempo transcurre, la incertidumbre se prolonga y los derechos fundamentales de personas como Alianis Araujo continúan suspendidos en el vacío”, concluye Acceso a la Justicial.
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