“La cárcel es el infierno en la tierra me dijo un familiar de una persona privada de libertad y el escritor Dostoievski (Fiodor) manifestó que la prisión es el infierno, porque el infierno es no poder amar”, dijo el director del Observatorio Venezolano de Prisiones este martes en la presentación del informe de la ONG correspondiente a 2025 titulado “En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas”.
Para Prado la desidia en las cárceles venezolanas y la presencia de más de 400 presos políticos en centros de reclusión, después de casi cinco meses del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez de excarcelar a una “cifra importante” se debe a una sola cosa: “falta de voluntad política”.
“En 27 años de gobierno que lleva el chavismo han tenido herramientas con las que no ha contado administración alguna, en 1998 se aprobó el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y además está el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 que dice que el Estado debe velar por el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad”, apuntó el activista.
De acuerdo a Prado las cárceles en Venezuela deben regirse por una administración descentralizada, pudiendo ir a una modalidad de privatización.
“Los policías y los militares no pueden trabajar en las cárceles, ellos están para reprimir, al preso no lo tratan como un ser humano”, añadió Prado.
El director de la ONG calificó como inconstitucional el Código Orgánico Penitenciario publicado en Gaceta Oficial en diciembre de 2015, aunado a eso fustigó la creación en 2011 del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario por instrucción del fallecido presidente, Hugo Chávez.
“Un ministerio que va a cumplir 15 años el 26 de julio y la gente se sigue muriendo en las cárceles, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay acceso a la salud, no hay una alimentación adecuada, no se respeta el debido proceso, nadie puede nombrar a un abogado privado”, denunció Prado.
El activista sostuvo que el problema radica en que las personas que dirigen las cárceles desconocen el protocolo penitenciario y las instituciones no funcionan.
“La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial en realidad funcionan de la siguiente manera: uno no ve. el otro no oye y el otro no habla”, comentó Prado.
Cifras más importantes del informe del OVP
–181 muertes bajo custodia del Estado se produjeron durante 2025 en cárceles y centros de detención preventiva o calabozos , lo que significa un deceso cada dos días. 158 murieron en cárceles y 23 en calabozos. Hubo un incremento de 50,5% con respecto a 2024, donde se registraron 105 fallecimientos y también con respecto a 2023, cuando murieron 63. 153 fueron hombres y cinco mujeres
–95% de los fallecimientos se debió a falta de atención médica, 151 personas murieron por negligencia, lo que equivale al 95,57% de los casos documentados. Se registraron cuatro muertes por hechos violentos, uno por presunto suicidio y dos muertes accidentales. 48 de los decesos fueron por afecciones cardiovasculares o cardiorrespiratorias, 39 por causas respiratorias, ocho por falla multiorgánica y siete por shock hipovolémico.
–12 personas fueron heridas. Nueve producto de un motín en el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio en el estado Guárico y hubo tres intentos de suicidio.
–26 presos políticos han muerto en prisiones nacionales desde 2015, cuatro de ellos en 2025, entre ellos el exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz; el ex ministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel y Víctor Hugo Quero Navas, cuya muerte fue ocultada hasta este año, pese a la incansable búsqueda de su también fallecida madre, Carmen Navas.
–176,83% de hacinamiento hay en las cárceles venezolanas. De acuerdo al OVP hay 11.142 plazas no aprovechadas y la capacidad real es de 15.096. “Las restricciones materiales se expresan en múltiples dimensiones, limitaciones de acceso a agua potable, alimentación insuficiente, servicios sanitarios colapsados y déficit de atención médica”, expone el informe.
–26.694 personas se encuentran privadas de libertad en Venezuela. De los cuales 24.149 eran hombres (90,47%) y 2.545 mujeres (9,53%)
–52 centros de reclusión tiene Venezuela, entre cárceles, internados judiciales, anexos femeninos y calabozos. Hay 35 exclusivos para hombres; una cárcel para mujeres, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda; un internado judicial masculino destinado a mujeres y 11 centros con anexos femeninos.
–20.267 personas penadas hubo en 2025, lo que significó un 75,92% de la población reclusa, mientras que 6.427 fueron procesados para un 24,08%. De acuerdo al informe, en 2024 la población reclusa estaba compuesta básicamente por reclusos procesados. “Que casi una de cada cuatro personas privadas de libertad siga sin sentencia firme sigue siendo una cifra alarmante, especialmente en un contexto marcado por el retardo procesal”, reza el informe.
–7 metros cuadrados es la cifra que corresponde a cada privado de libertad, de acuerdo a un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el informe del OVP expone que en Venezuela los reclusos disponen de menos de un metro. En las cárceles de Yare II y Yare III en el estado Miranda hay denuncias de celdas de 3 x 3 metros, donde “conviven” seis personas, mientras que en las celdas de castigo apodadas “tigritos” pueden estar hasta una docena de personas en el mismo espacio.
–250 mujeres privadas de libertad en el anexo femenino del Centro Penitenciario David Viloria “Uribana” en el estado Lara denunciaron en octubre de 2025 que estuvieron al menos una semana sin acceso a agua potable. 9 fueron detenidas de manera arbitraria en octubre de 2025 en los estados Lara, Guárico, Mérida y Trujillo. Las aprehensiones se llevaron a cabo sin órdenes de detención y en algunos casos las viviendas de estas fueron saqueadas.
–9 años tiene el OVP denunciando condiciones casi “infrahumanas” en las prisiones para quienes padecen una patología. De acuerdo a las reglas Nelson Mandela, los enfermos tienen derecho a ser atendidos, sin embargo “quienes entran a las prisiones venezolanas con enfermedades preexistentes no cuenta con controles regulares, ni con acceso adecuado a consultas, exámenes, medicamentos o seguimiento de sus condiciones de salud”, expresa el documento del OVP. La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) documentó denuncias sobre presos políticos que permanecieron aislados e incomunicados pese a padecer afecciones respiratorias, gastrointestinales, cardiovasculares, dermatológicas y secuelas físicas derivadas de tratos crueles e inhumanos.
–5 adolescentes estuvieron detenidos en 2025, entre ellos Samantha Hernández, quien fue aprehendida en noviembre de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y excarcelada apenas en mayo de este año y Gabriel José Rodríguez, quien fue acusado de terrorismo y cierre de vías y condenado a 10 anos de prisión, durante su reclusion padeció de una infección pulmonar, ansiedad y depresión y fue excarcelado en enero de este año.
–21 casos de fuga, todos hombres y entre ellos tres adolescentes. La totalidad de las evasiones se produjeron en centros de reclusión, no se registraron fugas en tribunales u hospitales. 14 de ellos fueron recapturados y del resto se desconoce el paradero.
–23 casos de sippenhaft, el método creado por los funcionarios de la Alemania nazi para perseguir tambien a la familia de los perseguidos y presos políticos, registro el OVP en 2025. La ONG destacó el caso de Rocío San Miguel, quien fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía junto a su esposo, exesposo, hija y hermanos y de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia.
–9 cárceles tienen medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por “encontrarse en una situación de extrema gravedad, urgencia y riesgo de sufrir un daño irreparable”; entre ellas están la cárcel de La Pica en Monagas, Yare I y Yare II en Miranda, Uribana en Lara, El Rodeo I y II en Miranda, Tocorón en Aragua, Vista Hermosa en Bolívar y CEPRA en la región andina.
Recomendaciones
El OVP recomendó al Estado venezolano: cumplir con el artículo 272 de la Constitución, capacitar a personal para trabajar en los centros de reclusión, presentar anualmente una Memoria y Cuenta del Ministerio de Servicio Penitenciario, garantizar el acceso a las prisiones y calabozos de organismos internacionales defensores de derechos humanos, crear un sistema efectivo de salud para atender al privado de libertad, liberar a todos los presos políticos, implementar políticas penitenciarias con enfoque de género y personas vulnerables como la comunidad LGBTI, investigar las muertes bajo custodia, permitir la defensa privada y el eliminar el Sistema de Máxima Seguridad (SESMAS).
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