Caracas.- Organismos de seguridad venezolanos realizaron durante la última semana al menos dos visitas al penthouse del empresario Gustavo Mirabal, ubicado en Colinas de San Román, en Caracas, como parte de una investigación que busca esclarecer presuntas gestiones realizadas dentro de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según fuentes consultadas por El Pitazo.
Sin embargo, las autoridades no habrían logrado ubicar al empresario, debido a que actualmente se encontraría en Dubái, según informaron fuentes al director de El Pitazo, César Batiz.
Las averiguaciones se centran en determinar cómo avanzó dentro de la Sala Constitucional un recurso relacionado con el proceso de divorcio y manutención que Mirabal mantiene con su exesposa, María Carolina Chapellín Bigott, un litigio que se ha desarrollado tanto en tribunales venezolanos como españoles.
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Una publicación compartida de César Ramón Batiz Cermeño (@cesarbatiz)
Un empresario vinculado a figuras clave del poder
El nombre de Gustavo Mirabal ha aparecido durante años en distintos reportes e investigaciones relacionadas con figuras de alto perfil dentro del chavismo y del sector financiero venezolano.
Diversas publicaciones lo han vinculado con Alejandro Andrade, extesorero nacional condenado en Estados Unidos por corrupción; con el expresidente del Banco Industrial de Venezuela, Leonardo González Dellán; y más recientemente con el coronel Alexander Granko Arteaga y el empresario Eduardo Capriles.
Aunque Mirabal ha desarrollado una carrera internacional ligada al mundo financiero y ecuestre, su nombre ha permanecido asociado a círculos de poder político y económico venezolanos durante las últimas dos décadas.
El conflicto judicial con su exesposa
De acuerdo con las fuentes consultadas por El Pitazo, el centro de la investigación actual no estaría relacionado con actividades empresariales, sino con el proceso judicial derivado de su divorcio.
María Carolina Chapellín habría obtenido decisiones favorables tanto en España como en Venezuela respecto a asuntos patrimoniales y de manutención. Sin embargo, Mirabal habría impulsado acciones legales para intentar revertir esos fallos y desconocer parte de las decisiones emitidas por tribunales españoles.
La controversia escaló luego de que, presuntamente, se intentara tramitar una revisión constitucional dentro del TSJ sobre una decisión dictada el 12 de agosto de 2025 que favorecía a Chapellín.
La decisión que encendió las alarmas
Según la información conocida por El Pitazo, el 25 de marzo de este año funcionarios de nivel medio adscritos a la Sala Constitucional habrían elaborado un proyecto de admisión de revisión constitucional acompañado de una medida cautelar destinada a suspender temporalmente la decisión favorable a la exesposa del empresario.
No obstante, cuando el documento llegó a manos de magistrados de la Sala Constitucional, surgieron cuestionamientos sobre sus posibles implicaciones jurídicas.
Fuentes del sector judicial señalaron que una decisión de ese tipo podía generar conflictos con la Ley de Derecho Internacional Privado y afectar el reconocimiento de sentencias extranjeras, un tema particularmente sensible en un contexto donde el Gobierno venezolano intenta proyectar confianza jurídica para atraer inversiones internacionales.
Las preguntas que busca responder la investigación
Las averiguaciones buscan determinar cómo una solicitud de estas características logró avanzar hasta la fase de admisión dentro de la Sala Constitucional, especialmente porque este tipo de recursos suele enfrentar elevados niveles de rechazo.
«La gran pregunta es quién abrió las puertas dentro del máximo tribunal. Mientras tanto, Gustavo Mirabal no aparece en Caracas; como lo dijimos, está en Dubái. Pero el caso vuelve a mostrar algo que es muy importante mencionar: cómo las conexiones políticas, judiciales y económicas se siguen mezclando en las alturas del poder», dijo el director de El Pitazo, César Batiz
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
