Un total de 26 organizaciones de la sociedad civil e instituciones defensoras de derechos humanos solicitaron formalmente a las autoridades judiciales de España a atender con “máxima diligencia y celeridad jurídica” el requerimiento de extradición hacia Argentina del excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ephraín Enrique Verdú Torrelles.
El exmilitar se encuentra en territorio español y es requerido por la justicia argentina por su presunta responsabilidad en un asesinato calificado como crimen de lesa humanidad durante las protestas de 2014 en el país: el de la joven Geraldin Moreno Orozco.
La declaración fue difundida este 2 de junio por medio de las redes sociales. Las ONG manifestaron su respaldo al procedimiento trasnacional que se está llevando a cabo, señalando que esta acción legal representa “un quiebre estructural en la narrativa del olvido y un hito sin precedentes para la justicia transnacional”.
Sostienen que la petición no constituye una postura política o partidista, sino para que se cumpla la legalidad internacional y el principio de aut dedere aut judicare, es decir, que se busca establecer la obligación de extraditar o juzgar a alguien.
La persistencia por la justicia
El proceso penal se encuentra representado por la persistencia inquebrantable de Rosa Orozco, la madre de la joven Geraldin Moreno Orozco, una estudiante y deportista de 23 años que murió en febrero de 2014 en el estado Carabobo por disparos efectuados por funcionarios de la GNB.
Para las organizaciones que firmaron este comunicado, la causa de Rosa Orozco se ha convertido en el “emblema de una nación desarmada institucionalmente”.
Para las organizaciones, la efectiva resolución sobre esta extradición puede abrir una esperanza real para los familiares de las más de 330 personas ejecutadas en manifestaciones pacíficas durante 2014. También, ayuda a agilizar el caso de Geraldin Moreno, ya que este procedimiento constituye un paso estratégico y un “caso castigo” bajo la Jurisdicción Nacional.
Las ONG explican que una respuesta favorable por parte de España sobre la extradición podría sentar un precedente que reduciría los obstáculos para acceder a la justicia en el país por otras causas y facilitará la reactivación de denuncias similares. De la misma forma, advierten que hay posibilidad de órdenes de captura vigentes contra otros miembros militares y policiales ya denunciados.
El origen y el olvido
La solicitud de extradición inició en junio de 2023, cuando la organización internacional InterJust presentó una denuncia formal ante los tribunales federales de Argentina contra 14 oficiales de la GNB por crímenes de lesa humanidad. Tras recabar las evidencias e informaciones necesarias que ubicaban al excoronel Verdú en España, las autoridades argentinas dictaron una orden internacional de extradición en febrero de este año.
Posteriormente, en marzo de 2026, el Consejo de Ministros de España validó que la solicitud cumplía con todos los requisitos legales básicos, permitiendo que el caso pasara formalmente a la evaluación del Juzgado de Instrucción del Tribunal Central de Instancia n.º 2 de la Audiencia Nacional.
Las organizaciones hacen énfasis que al atender esta solicitud, la justicia española no solo cumple con un trámite oficial sino que asume una responsabilidad importante que honra el compromiso de que los crímenes de lesa humanidad jamás queden desatendidos y siempre la justicia esté por delante.
El impacto nacional
Las 26 organizaciones que conformaron este comunicado afirman que este procedimiento impacta directamente en el ámbito psicosocial de la sociedad venezolana, la cual ha estado afectada por años de trauma colectivo. Ver a un oficial estar delante de un tribunal hace que la noción de “intocables” pierda su peso y sirve como recordatorio a otros militares de que violar los derechos humanos fundamentales tiene consecuencias.
Entre las agrupaciones firmantes de la declaración, se encuentran organizaciones nacionales e internacionales como Justicia, Encuentro y Perdón; Foro Penal, el Laboratorio de Desarollo Humano, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Acceso a la Justicia, Espacio Público, FundaRedes, Transparencia Venezuela y el Centro de Justicia y Paz, entre otras.
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