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El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó el pasado 1 de junio su informe anual correspondiente al año 2025, en el que señaló que persisten deficiencias críticas en atención médica, alimentación, agua potable, saneamiento y espacios de maternidad en mujeres privadas de libertad. Además, se documentaron tratos degradantes hacia personas de la comunidad Lgbtiq+.
El informe, titulado “En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas”, registró el fallecimiento de al menos cinco mujeres por condiciones de salud que no fueron oportunamente atendidas. Entre las causas de muerte más frecuentes se encuentran: infarto, paro cardíaco e insuficiencia respiratoria. De las cinco mujeres fallecidas, una murió por infarto, una por infección respiratoria, dos por paro cardíaco y una por insuficiencia respiratoria.
La investigación también resaltó que las mujeres privadas de libertad por tráfico de drogas responden a un patrón común: son captadas por redes delictivas mientras construyen un vínculo afectivo de forma progresiva. Estas mujeres actúan como “mulas” y son usadas para transportar droga por mafias que las abandonan al ser capturadas.
El OVP señala que el sistema judicial solo castiga al eslabón más débil, dejando impunes a las redes criminales que las reclutan y se aprovechan de su vulnerabilidad.
Alimentación precaria y falta de atención médica especializada
El informe registró que una gran mayoría de mujeres privadas de libertad no son alimentadas correctamente, un hecho que es ignorado por los funcionarios penitenciarios. Por ejemplo, una de las presas fallecidas en Uribana fue atendida en varias ocasiones por presentar dolencias y depresión, pero esta última condición no fue atendida. Su alimentación (arroz, granos y arepas sin relleno) y el acceso a recursos de higiene personal dependían del apoyo de sus compañeras.
Muchas de estas mujeres pasan horas recluidas en celdas sin poder ejercitarse, recrearse o participar en actividades que les permitan, en un futuro, reinsertarse a la sociedad, lo que, a juicio del OVP, tiene un impacto negativo en su salud física y mental.
Obligadas a pagar por el servicio que no les brindan
En octubre de 2025, más de 250 mujeres protestaron contra la directiva del anexo femenino de Barinas por no tener acceso a agua potable. Además, eran obligadas a pagar colectivamente por un camión cisterna. Durante intensas pesquisas, sus pertenencias (artículos de higiene personal, colchonetas, sábanas y almohadas), en su mayoría suministradas por sus familiares, fueron destruidas.
La ONG documentó un aumento considerable de detenciones arbitrarias contra mujeres y personas de la tercera edad. De 30 personas detenidas en octubre, nueve eran mujeres de los estados Guárico, Lara, Mérida y Trujillo. Las aprehensiones fueron ejecutadas sin las debidas órdenes emitidas por las autoridades judiciales competentes. Estas mujeres fueron víctimas de violencia y saqueos a sus hogares durante las detenciones.
Según informó el OVP, las audiencias no se realizaron dentro del plazo estipulado por la ley y, en algunos casos, se reportaron desapariciones forzadas.
Casos emblemáticos de detención arbitraria
Entre los dos casos emblemáticos registrados por el observatorio se encuentra el de Rocío San Miguel, activista de derechos humanos detenida en enero de 2024 y excarcelada en enero de 2026. Tras sufrir una fractura de hombro, Rocío pasó meses sin atención médica especializada. La activista estuvo detenida en la sede del Sebin, en el Helicoide.
Otro caso mencionado fue el de Maykelis Borges Ortuño, detenida en enero de 2025 mientras estaba embarazada por su vínculo afectivo con el primer teniente exiliado Christian Hernández Castillo, cuyas hermanas Samantha Hernández Castillo -adolescente recientemente excarcelada- y Aranza de los Ángeles Hernández también fueron detenidas, así como su tío Henry Castillo, quien permanece privado de libertad desde enero de 2025.
Maykelis tuvo que dar a luz mientras permanecía privada de libertad. Los primeros seis meses de vida de su hijo los pasó en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Actualmente, se encuentra bajo arresto domiciliario.
Discriminación y violencia contra personas Lgtbiq+
El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que las personas de la comunidad Lgbtiq+ temen revelar su orientación sexual o identidad de género para evitar represalias.
Muchas de estas personas son obligadas a realizar labores adicionales en los centros de reclusión, como lavar ropa, cargar agua o efectuar labores de limpieza para otros internos, para los mismos funcionarios del centro penitenciario y para miembros del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (Sesma).
Según la ONG, este tipo de situaciones refleja sometimiento y abuso hacia una comunidad históricamente discriminada, aunque no cuentan con registros ni denuncias directas debido al miedo de las personas a exponer estos hechos.
El informe señaló que estas situaciones evidencian la ausencia de medidas de protección diferenciadas y un entorno penitenciario que excluye y perpetúa abusos y tratos degradantes.
Asimismo, se reportaron casos de personas de la comunidad que mantienen relaciones de pareja con personas que ejercen control en los centros penitenciarios, lo que revela dinámicas desiguales y desprotección institucional.
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LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
