El centro de investigación y pensamiento estratégico Laboratorio de Paz (LabPaz) publicó un informe reciente en el que analiza los primeros cinco meses de gobierno de Delcy Rodríguez tras los sucesos ocurridos el 3 de enero. Desde una perspectiva de derechos humanos, espacio cívico y transición democrática, el informe plantea la hipótesis de que Venezuela se acerca más a una reconfiguración interna del poder “autoritario” que a una verdadera transición democrática.
Según el análisis de Laboratorio de Paz, los primeros cinco meses posteriores al 3E no han mostrado acciones claras para iniciar una transición democrática. Por ejemplo, no existe un cronograma electoral ni se ha renovado el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Por otro lado, la investigación señala que esta reconfiguración del poder responde a una lógica de “fidelidad política” y no a una pluralización institucional.
El reporte destaca que Venezuela atraviesa un limbo institucional que genera incertidumbre constitucional y debilita la confianza ciudadana sobre el rumbo de la transición. Esto se debe a que los artículos 233 y 234 de la Constitución no prevén que alguien ejerza indefinidamente la Presidencia por una “ausencia forzosa” fuera del marco constitucional.
La excepcionalidad como forma de gobierno
Por otro lado, la excepcionalidad dejó de ser una respuesta temporal para convertirse en una forma ordinaria de gobierno. De acuerdo con el informe, la designación de Delcy Rodríguez como presidenta “interina” se hizo bajo una figura no contemplada en la Constitución.
Además, mencionan que la reforma de la Ley de Hidrocarburos ha sido cuestionada por posibles incompatibilidades constitucionales relacionadas con el control estatal del petróleo. La Ley Orgánica de Minas también ha sido objeto de cuestionamientos por posibles violaciones a derechos ambientales, derechos de los pueblos indígenas y normas sobre el control estatal de los recursos.
A esto se suman las operaciones de aeronaves estadounidenses sin la autorización de la Asamblea Nacional, como lo establece el artículo 187, numeral 11, de la Constitución. También, se cuestiona la culminación de la Ley de Amnistía por parte del Ejecutivo, y no mediante los debidos procedimientos legislativos, al tratarse de una norma aprobada por el Parlamento.
Según Laboratorio de Paz, estas irregularidades forman parte de una modalidad de gobierno que sustituye los procedimientos ordinarios por mecanismos excepcionales y flexibiliza los controles institucionales.
Reconfiguración sin transición
A juicio de Laboratorio de Paz, después de la captura de Nicolás Maduro y el inicio del “tutelaje” de Estados Unidos al proceso político local no se han producido reformas comparables a experiencias internacionales de transición. Destacan, en ese sentido, que las nuevas designaciones en cargos públicos responden principalmente a “criterios de fidelidad política”, y que la presidencia de Delcy Rodríguez ha procedido a una reorganización del aparato estatal “basada principalmente en la sustitución de cuadros cercanos a Nicolás Maduro por funcionarios identificados con su propio entorno político”.
Otra señales que no apuntan hacia el camino de la transición es la ausencia de un cronograma electoral o renovación del Consejo Nacional Electoral, la falta de medidas para garantizar independencia judicial, la no creación de mecanismos de verdad y reparación para las víctimas y la permanencia “del entramado normativo restrictivo que limita libertades y espacio cívico.
El informe también documentó la designación y permanencia en cargos públicos de funcionarios con presuntas responsabilidades en graves violaciones a los derechos humanos. Entre ellos menciona a Gustavo González López como ministro de la Defensa; Vladimir Padrino López al frente del Ministerio de Alimentación; Larry Devoe como fiscal general; y Diosdado Cabello, quien permanece como ministro del Interior, Justicia y Paz, pese a ser vinculado con “dispositivos de violencia estatales y paraestatales”.
Por lo antes expuesto, sentencian que la evidencia acumulada “apunta con mayor fuerza hacia un proceso de recomposición del poder y adaptación del sistema político previo” que a una transición.
Una ley con efectos limitados
Laboratorio de Paz lamenta que luego del 3 de enero se crearon mecanismos de verdad, justicia o reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. La Ley de Amnistía generó expectativas al ser presentada como una medida de reconciliación y cierre de la persecución política. Sin embargo, su aplicación tuvo un alcance limitado y no cambió estructuralmente la situación de los presos políticos detenidos antes de esa fecha.
Según la organización Justicia, Encuentro y Perdón, 250 personas recuperaron la libertad, mientras que 679 aún permanecían detenidas por razones políticas al momento de la evaluación del informe. Para Laboratorio de Paz, estas acciones convierten la ley en un alivio parcial, más que en una política de verdad, justicia y reparación.
Presos políticos son usados como instrumento de intercambio político
Otro caso mencionado en este análisis fue el de Víctor Hugo Quero y su madre, Carmen Navas, el cual consideran, promovió el anuncio de liberación de 300 presos políticos, de los cuales Foro Penal verificó 50 excarcelaciones.
La organización indica que esto acentúa la distancia entre los anuncios oficiales y las medidas efectivamente ejecutadas y denuncia que las autoridades usan a los privados de libertad como “instrumentos de intercambio político” en momentos de presión, diálogo y negociación internacional.
Por otro lado, se resalta que los defensores de derechos humanos excarcelados continúan con procesos penales abiertos, lo que limita su actividad y mantiene mecanismos de control sobre la sociedad civil. Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Pedro Hernández, Carlos Julio Rojas, Carlos Correa y Kennedy Tejeda son algunos de los defensores que permanecen con causas penales abiertas.
Restricciones a la prensa y disminuye la aceptación de Delcy Rodríguez
Entre enero y mayo, el Colegio Nacional de Periodistas registró 97 agresiones contra comunicadores: 18 detenciones arbitrarias, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, 16 impedimentos de cobertura y bloqueos a medios. De acuerdo con el centro de investigación, las excarcelaciones no garantizaron la restitución plena de derechos ni el cierre de causas judiciales, por lo que se mantienen mecanismos de presión institucional sobre activistas y periodistas.
Por otra parte, el informe refiere las conclusiones de la encuesta “Atlas Intel” para Bloomberg, según la cual la desaprobación de Delcy Rodríguez ha aumentado en los primeros meses de 2026. Su aprobación cayó del 37 % en febrero al 31 % en abril, mientras que la desaprobación subió del 44,3 % al 47 %. Además, el 74 % de los venezolanos manifiesta desconfianza hacia su liderazgo, lo que evidencia una legitimidad limitada que dificulta la construcción de consensos y la implementación de reformas sostenibles.
La situación económica no ha cambiado
Otro aspecto que no ha mejorado después del 3 de enero es la situación económica para los venezolanos. Este reporte indica que según cifras oficiales, el país acumuló una inflación del 71,8 % en el primer trimestre del año. Asimismo, se hace referencia al “Estudio Nacional de Entorno y Estrategia”, en el que se determinó que la mitad de las personas consultadas afirmó que su situación económica no ha cambiado desde principios de año, mientras que un 19 % dijo que mejoró un poco y un 13 % aseguró estar mucho peor.
Ante todas estas situaciones, Laboratorio de Paz presentó una serie de recomendaciones para acercar a los ciudadanos la ansiada transición, entre las que incluyen exigir un cronograma electoral verificable, con elecciones presidenciales libres, observación internacional y renovación del CNE.
Asimismo, exhortan a garantizar la participación política sin represalias, liberar a los presos políticos y cerrar las causas judiciales utilizadas como mecanismo de control político. También, enfatizaron ka importancia de aprovechar las aperturas parciales para fortalecer gremios, sindicatos, organizaciones sociales y movimientos estudiantiles.
Por último, subrayan la necesidad de defender los derechos de las víctimas mediante garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición, así como de recuperar la constitucionalidad, restableciendo controles institucionales y derechos ciudadanos de manera “estable y exigible”.
“Una transición democrática no puede sostenerse indefinidamente sobre mecanismos excepcionales, acuerdos políticos opacos o fórmulas que sacrifiquen la verdad y la justicia. La recuperación democrática exige legitimidad electoral, constitucionalidad, participación ciudadana y garantías efectivas de derechos humanos”, reiteran.
Lee el informe completo aquí.
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