Afuera del Palacio de Justicia en Caracas, este viernes 5 de junio, abogados de los acusados por la trama de corrupción PDVSA-Cripto denunciaron las irregularidades del proceso penal y aseguraron que es un caso “de naturaleza política”. Alertaron sobre la integridad física y mental de los procesados, tras haber sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Jeselt García, representante de Joselit Ramírez, ex superintendente de (Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas( Sunacrip, se identificó como vocero de los abogados defensores del caso. Condenó que se pretende imponer la continuación del juicio por vía telemática (videollamada), pese a que van más de 16 audiencias en modalidad presencial desde el 20 de abril pasado.
“La audiencia ha sido diferida en dos ocasiones debido a que el director del SESMAS-Rodeo I (coronel Alexander José Martínez Endeiza) se niega a cumplir la orden judicial de traslado de los imputados del juzgado”, expresó.
Reclamó que este miércoles, 3 de junio, se realizaron traslados de varios procesados recluidos en El Helicoide a otras cárceles sin solicitud previa del tribunal ni de sus representados. Esto, dijo, “evidencia la falta de autonomía de los tribunales penales frente a los organismos de seguridad e investigación penal del país”.
Los abogados exigieron que se haga “público y transparente” el desarrollo del juicio. Además, que participen como observadores la Defensoría del Pueblo, los relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como los representantes consulares, para garantizar un proceso transparente, efectivo e imparcial.
“No pedimos trato especial ni diferenciados, solo pedimos que triunfen la verdad y la justicia”, dijo. La declaración implicó leer un comunicado, luego no aceptaron preguntas.
Un chofer, un empresario y un diputado: juzgados por igual
“Ellos no tienen nada que ver, son inocentes”, le dijo Daniel Enrique Prieto, señalado como operador financiero del exdiputado oficialista Hugbel Roa, a un comisario del SEBIN cuando apresaron los choferes Jean Meyer, Miguel Yrigoyen y Luis Daniel Guzmán, y los vincularon a la trama PDVSA-Cripto. “Mala leche, todos van a pagar”, respondió el funcionario.
Luis Daniel tenía unos cuatro meses trabajando como conductor de la esposa de Prieto, Diana Carolina De Olivera. Vivía alquilado en una habitación con su pareja y su hijo. Lo acusaron de tener múltiples bienes como carros y casas, aunque vivía alquilado en una habitación con su pareja y su hijo, y aunque a la fecha no puede costear una defensa privada.
Su padre, Rafael Guzmán, contó que los choferes tenían previsto declarar por primera vez el miércoles pasado cuando se difirió la audiencia. Reiteró que en rechazo a las audiencias virtuales y la falta de atención médica, su hijo y sus compañeros decidieron ir a huelga de hambre. Para este viernes, desconocía cuál era su estado de salud luego de padecer por semanas de vómito y diarrea, que atribuyen al agua insalubre que consumen en prisión.
A unos metros de distancia, la hermana de Hugbel Roa, Marialis Roa, planteó que se pretenden parar las audiencias presenciales debido a las denuncias que han realizado los acusados. Insistió en que el exdiputado descubrió durante una investigación irregularidades que involucran al hermano del exfiscal Tarek William Saab. “Como no pudo matarlo, lo metió preso”, aseguró.
Marianna Parra, esposa de Carmelo De Grazia, uno de los directivos del banco Bancamiga, reiteró que él y su hermano experimentaron torturas con interrogatorios enfocados en identificar la ubicación de sus bienes y propiedades.
“Están siendo sometidos a tratos injustos para robarles sus bienes.. Nunca hubo interés en hacer justicia. No estamos negados a que las autoridades nos investiguen. Hemos estado dos años secuestrados y callados. Nos niegan el traslado porque no quieren que se sepa la verdad. Parece que el director de un penal tiene más poder que un juez”, dijo.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
