En el sur del estado Bolívar se reportó este martes, 9 de junio, una situación irregular por el despliegue de un operativo conducido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), enfocado en zonas estratégicas de la minería de oro.
Según reportes verificados por la ONG SOS Orinoco, las acciones de mayor impacto se concentran en el Kilómetro 88 y Las Claritas, dentro del municipio Sifontes. En este sector, que alberga el complejo de reservas auríferas Las Brisas – Las Cristinas, se registra una de helicópteros artillados, cuyo objetivo principal sería desalojar a los Grupos Armados Organizados (GAO) que controlaban el territorio, presuntamente bajo el mando de un líder delictivo alias “Juancho”.
Esta intervención militar ha generado dinámicas distintas en otras localidades de la región. En El Callao se reportan estrictas inspecciones civiles y militares a las plantas de procesamiento de la Corporación Venezolana de Minería (CVM).
Por su parte, en El Dorado, SOS Orinoco informó las estructuras carcelarias conocidas como “pranes” han iniciado movimientos de resguardo ante el temor de que las acciones de la FANB se extiendan hacia sus áreas de influencia.
Frente al vacío informativo oficial, las redes sociales se han inundado de rumores y desinformación, por lo que SOS Orinoco señaló que es falso que exista un despliegue masivo en todo el municipio Sifontes, ya que las operaciones están focalizadas. Además, la organización desmintió las versiones que aseguran la incursión de grandes contingentes terrestres o la supuesta presencia de tropas extranjeras en el territorio venezolano.
“Desde SOS Orinoco insistimos en que el fondo del problema sigue siendo el mismo: un modelo de gobernanza criminal (Arco Minero) cuyo control territorial hoy se está reconfigurando por la fuerza”, escribió en X la organización.
A su vez, la ONG Provea alertó sobre el riesgo inminente de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en contra de la población civil y las comunidades indígenas locales. En ese sentido, la organización exigió a la Defensoría del Pueblo su intervención para supervisar el operativo; y a la presidenta encargada -con el aval de Estados Unidos- Delcy Rodríguez, informar con transparencia el alcance de la operación, el número de personas detenidas, su situación legal y la condición de los civiles en el área.
“El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar los derechos de todas las personas que viven en las zonas afectadas por el Arco Minero del Orinoco, como su seguridad, vida, integridad y debido proceso”, expresó Provea.
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