Caracas.- Yosvet de Jesús Lozada Rojas, de 32 años, detenido desde el año 2022 por el caso «Operación Trueno«, murió en la cárcel Rodeo III, ubicada en el estado Miranda por falta de atención médica.
La información fue confirmada por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que explicó a través de sus redes sociales que el recluso, oriundo del estado Yaracuy, presentaba un cuadro crítico de desnutrición, que le impedía sostenerse en pie por sus propios medios y le produjo una pérdida progresiva de la memoria, que avanzó hasta el punto de no poder reconocer a sus seres queridos.
Dicha ONG señala que con este deceso, sube a 22 el número de presos que fallecen bajo custodia del Estado desde abril y denuncia que el caso era bien conocido por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
Asimismo, denuncia que, aunque familiares notificaron formalmente la gravedad de la condición de Yosvet Lozada ante el tribunal de terrorismo, que era el encargado de llegar su causa, este nunca les dio respuesta.
«La pena de muerte no está establecida en nuestra legislación»
El OVP reitera su llamado de garantizar la vida, la salud e integridad de los privados de libertad: «La pena de muerte no esta establecida en nuestra legislación, pero la falta de atención médica oportuna, adecuada y la indolencia institucional siguen produciendo el mismo resultado tras las rejas«.
«Al mantener al interno sin asistencia médica, viendo cómo se deterioran sus capacidades físicas y cognitivas hasta perder la vida, eso constituye una forma de tortura institucionalizada y un trato degradante que viola la ley y los estándares internacionales, destruyendo los principios más elementales de los DDHH», reprocha.
En este sentido, OVP exige una investigación «inmediata, exhaustiva e imparcial sobre este caso» y afirmaron que llevarán este caso a instancias internacionales, «porque morir por falta médica es una violación a los derechos humanos».
¿De qué va el caso Operación Trueno?
El 22 de mayo de 2022, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a 23 personas en el estado Yaracuy en el marco de la «Operación Trueno».
En ese sentido, la ONG Provea explicó recientemente que, de acuerdo a familiares, «estas personas están detenidas injustamente», ya que alegan que son trabajadores y estudiantes que no cuentan con antecedentes penales y han sido víctimas de un proceso judicial que ha derivado en una «situación de detención arbitraria y prolongada y una crisis humanitaria».
De acuerdo a los familiares de estas personas, se ha empleado en sus casos la figura de la detención preventiva «como una condena de facto, violentando el principio de presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable», y aseguran que el juicio ha sido interrumpido y reiniciado constantemente.
Los 23 detenidos han sido trasladados a cárceles en distintos puntos del país: Miranda (Rodeo III y IV), Lara, Carabobo, Barinas, Falcón y Caracas: «La lejanía ha facilitado el deterioro crítico de la salud de los detenidos, entre los que contamos casos de: tuberculosis y desnutrición severa. Un joven con pérdida total de su salud mental por falta de atención especializada».
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
