Durante esta semana, lo ocurrido en las zonas mineras del estado Bolívar, especialmente en localidades como El Callao, Las Claritas y el Kilómetro 88, ha sido el centro de la noticia en todo el país debido a un operativo militar mixto que mantiene en máxima tensión a la región.
El despliegue de funcionarios de seguridad del Estado y el sobrevuelo de helicópteros provocaron el cierre de comercios y el desalojo forzoso de varios campamentos de extracción de oro. La situación obligó a la población a encerrarse en sus casas por temor a un enfrentamiento armado.
La versión oficial apunta a que la misión busca desmantelar las estructuras criminales y capturar a líderes de megabandas como Johan José Romero, alias «Johan Petrica», cofundador del Tren de Aragua.
Sin embargo, el descontento y las alarmas sociales crecieron tras denunciarse que los principales cabecillas fueron alertados días antes y lograron escapar, dejando a los trabajadores informales y a los civiles expuestos al impacto del operativo.
Mientras tanto, las autoridades municipales advierten sobre un posible colapso de los servicios públicos si miles de mineros desplazados huyen hacia El Callao.
Operación militar en minas de Bolívar: lo que se sabe del conflicto en Las Claritas
En las siguientes claves presentamos en detalle y de forma cronológica lo que está pasando en el sur de Bolívar:
Visita, despliegue y los rumores (lunes 8 de junio): un grupo de presuntos inversionistas norteamericanos recorrió varios yacimientos de oro en El Callao. El alcalde de la zona, Coromoto Lugo, confirmó a El Pitazo que visitaron las plantas procesadoras de Minerven y un colegio cercano. El objetivo: ver la realidad y la pobreza del sector.
Ese mismo día comenzaron los movimientos de las fuerzas de seguridad del Gobierno y las inspecciones en los yacimientos controladas por la Corporación Venezolana de Minería (CVM) en zonas como Planta Chocó. Al mismo tiempo, en redes sociales se regó una ola de pánico con fotos falsas que aseguraban que militares estadounidenses estaban invadiendo la zona. Esta versión se demostró que era mentira usando herramientas de verificación.
Helicópteros y pánico en las calles (martes 9 de junio): La tensión detonó cuando comisiones de seguridad (con funcionarios vestidos de negro) tomaron el kilómetro 88 de la Troncal 10 y Las Claritas. Los habitantes reportaron helicópteros volando muy bajo y campamentos mineros siendo desalojados. Esto obligó a los trabajadores del oro a huir de emergencia. Fuentes de seguridad confirmaron que el plan principal es capturar a Johan José Romero, alias «Johan Petrica». Romero se refugió en este sector desde 2017 bajo la protección de la banda de «Juancho». Se trata de un grupo armado que controla ese territorio desde el periodo 2010-2012.
Pueblos fantasmas por el miedo (miércoles 10 de junio): Aunque los helicópteros dejaron de volar, la tensión continuó. Los comercios cerraron y la gente prefirió encerrarse en sus casas por miedo a los enfrentamientos. En localidades vecinas como Tumeremo, los residentes reportaron que las calles quedaron completamente solas y que el pueblo parecía «cerrado por los malandros».
El temor al colapso de El Callao (jueves 11 de junio): Las operaciones militares continuaron por tercer día consecutivo en las minas de Las Brisas y Las Cristinas. El alcalde de El Callao mostró su preocupación de que miles de mineros desalojados huyan hacia su municipio. Explicó que El Callao ya saltó de 30.000 a 100.000 habitantes por la crisis y que recibir a 10.000 mineros más terminaría de colapsar los ya deficientes servicios públicos, aunque afortunadamente ese día la zona amaneció despejada.
Éxodo fronterizo y un nuevo alias en la mira (viernes 12 de junio): Tras consolidarse la intervención militar en los yacimientos, la fuga de personas del territorio minero no se detiene. Reportes recientes confirman que una gran cantidad de pobladores y trabajadores continúan abandonando la zona en desbandada. Los destinos principales son la población fronteriza de Santa Elena de Uairén y el territorio de Brasil. De esta forma huyen de una economía controlada por el Tren de Aragua. Fuentes de la zona señalan que las autoridades han centrado su atención en un nuevo objetivo: alias «La Tata». Este hombre estaría ahora en el ojo de las investigaciones en los yacimientos mineros.
El pitazo: ¿los jefes escaparon antes?
Testigos de la zona denunciaron que el operativo no tocó a los verdaderos líderes criminales. Bandas como las de “Niño Guerrero”, “Juancho”, “Johan Petrica” y “Peluca” presuntamente fueron alertadas tres días antes de la intervención y lograron escapar.
Los habitantes aseguran que el Gobierno terminó golpeando a la población civil y a los «galiteros» (los trabajadores que cargan las provisiones a las minas). Afirman que arrestaron a muchachos que ni siquiera pertenecen a las bandas, publicó el medio Correo del Caroní.
Sin embargo, al ser consultada sobre Johan Petrica, la periodista de investigación venezolana, Ronna Rísquez comentó sobre esta supuesta huida y explicó: “Ni siquiera tenemos certeza de que huyó, él vive entre Boa Vista y Las Claritas. Él tiene propiedades en Brasil, al igual que los otros, él perfectamente va y viene, puede mandar remoto. Es lo que habitualmente hace. Así que no tenemos la certeza de que escapó, a lo mejor no estaba allí, a lo mejor había estado y va y viene”.
¿Quién manda realmente en el Arco Minero?
Rísquez, explicó en el programa Punto y Contexto que dirige César Bátiz, director de El Pitazo, que el Arco Minero no lo domina un solo grupo, sino que está repartido entre bandas como el Tren de Guayana, el grupo 3R, la de Juancho, el Tren de Aragua y guerrillas colombianas como el ELN y las FARC. Específicamente en Las Claritas y el Kilómetro 88, manda una alianza llamada “el sistema”, liderada por «Johan Petrica» desde hace unos tres años.
Rísquez aclaró que estos grupos armados no son dueños de las minas ni del oro. Su negocio real es cobrar vacunas y un porcentaje de la producción a cambio de dar «seguridad» y logística para la minería ilegal.
Además, señaló que los verdaderos beneficiarios económicos están por encima de estas bandas y que el Gobierno siempre ha convivido con estos grupos en la zona, por lo que es pronto para saber si este operativo cambiará algo o si solo es un reacomodo de jefes.
Un patrón histórico de violencia y operativos fallidos
Para entender la realidad del sur de Bolívar, es necesario revisar dos casos emblemáticos del pasado. Son dos ejemplos de cómo el control criminal y las respuestas del Estado han operado bajo las mismas dinámicas desde hace años.
La Masacre de Tumeremo (2016) y el rol de El Callao: El 4 de marzo de 2016, un ataque armado en la mina Atenas (Tumeremo) dejó 28 mineros desaparecidos a manos de la banda de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias «El Topo».
El vínculo con El Callao fue clave en este suceso. Los cuerpos de las víctimas fueron subidos a camiones y trasladados a una hora de distancia, específicamente a la mina Nuevo Callao (Tumeremo). La intención era desaparecerlos.
Días después, las autoridades hallaron una fosa común con 17 cadáveres en el sector Barro Largo. El municipio El Callao ya era una zona de altísima violencia por el oro, y sirvió como base de operaciones y fosa de encubrimiento para el grupo criminal. Meses más tarde, en mayo de 2016, alias «El Topo» fue abatido por el Sebin en esa misma zona.
Operación «Manos de Metal» (2018) y el mito de «Capitán»: El 8 de junio de 2018, el gobierno de Nicolás Maduro, hoy detenido en EE. UU. por presunto narcotráfico, activó de sorpresa este operativo para supuestamente atacar a las mafias del contrabando de oro.
El entonces vicepresidente Tareck El Aissami, actualmente juzgado en Venezuela por presunta corrupción, anunció detenciones y decenas de órdenes de captura contra redes que compraban el oro a pequeños mineros para sacarlo del país y desestabilizar el dólar.
En el centro de esta red estaba Phanor Vladimir Sanclemente Ojeda, alias «Capitán», uno de los pranes más temidos de Guasipati, El Callao y Tumeremo. Según una investigación de Connectas, este sujeto heredó el control de una decena de minas tras el asesinato de Yorman Márquez, alias «Gordo Bayón», en Caracas durante el año 2014.
El nombre de «Capitán» causaba tanto terror que las fuentes mineras preferían guardar silencio diciendo que «las paredes escuchan». A pesar del despliegue del Gobierno, nunca se emitió una orden de captura oficial en su contra y vivió en total impunidad durante años. En octubre de 2018 murió en un operativo de la Dgcim en Río Chico (Miranda).
Al igual que ocurre en el operativo actual, las detenciones de «Manos de Metal» (que incluyeron al vicepresidente de la estatal Minerven, Doarwin Alan Evans, y a empresarios locales como José Edgardo León Parra) fueron calificadas por los propios trabajadores mineros como arrestos dirigidos a «los peces más flacos de un acuario profundo», dejando intactas las estructuras más pesadas.
Inversionistas norteamericanos en El Callao: ¿qué se sabe?
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
