El presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Guzmán Antonio Ramírez, calificó como una «grave falta a la dignidad humana y laboral» las presuntas amenazas de despido emitidas por el alcalde del municipio Andrés Bello, José Ramón Reyes Carvajal, contra trabajadores de la salud y la educación que se niegan a participar en actividades de carácter político.
La denuncia surge luego de que personal del sector salud del estado Trujillo alertara, a través de organizaciones sindicales, sobre un ambiente de hostigamiento y persecución laboral que estaría afectando a empleados públicos de la localidad.
Entre los casos más preocupantes destaca el de una profesional de enfermería que denunció encontrarse bajo amenaza de despido tras negarse a participar en la promoción de la Segunda Consulta Popular Nacional, actividad impulsada por estructuras comunales de la región. De acuerdo con testimonios recogidos por dirigentes gremiales, el alcalde habría advertido a trabajadores de salud y educación que, por ser la máxima autoridad municipal, tenía la potestad de “botar a quien sea, tenga los años que tenga”, si estos no se incorporaban a las actividades políticas promovidas por su gestión.
Una «aberración institucional»
En entrevista concedida a El Nacional, Ramírez manifestó su profunda preocupación por los hechos denunciados y aseguró que este tipo de prácticas representan una grave vulneración de los derechos de los trabajadores.
«Es inaceptable que se pretenda condicionar la estabilidad laboral de una enfermera o de un educador a cambio de favores políticos. Las instituciones públicas no son la hacienda particular de ningún alcalde de turno», afirmó.
El dirigente sindical recordó que miles de trabajadores del sector salud continúan sosteniendo el sistema sanitario venezolano pese a las enormes dificultades económicas y operativas que enfrentan diariamente.
«Los hospitales y ambulatorios siguen funcionando gracias al esfuerzo heroico de médicos, enfermeras, personal administrativo y obrero que laboran con salarios insuficientes, escasez de insumos y múltiples carencias. Resulta injusto que la respuesta a ese sacrificio sea la intimidación o la amenaza», expresó.
Ramírez señaló además que este tipo de conductas violan principios fundamentales consagrados en la legislación laboral venezolana, así como derechos constitucionales relacionados con la estabilidad en el empleo y la libertad de conciencia.
Colegio de Enfermeras respalda la denuncia
Las denuncias también fueron respaldadas por la presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Trujillo, Sulvia Torrealba, quien mediante una declaración pública dirigida al personal sanitario y comités gremiales expresó su firme rechazo a cualquier forma de presión política contra el personal de blanco.
Torrealba recordó que ningún ente distinto al Ministerio del Poder Popular para la Salud posee competencia para ejercer autoridad directa sobre los trabajadores adscritos al sistema público de salud.
«El alcalde tiene sus funciones específicas y no tiene por qué acudir a una institución de salud o de educación a realizar exigencias que no le corresponden, salvo en aquellos casos donde existan trabajadores dependientes directamente de la alcaldía», manifestó.
Asimismo, enfatizó que ningún trabajador puede ser obligado a participar en actividades políticas para conservar su puesto de trabajo.
«El voto es un derecho, no una obligación. Nadie puede ser presionado ni obligado a demostrar lealtad política para mantener su empleo», sostuvo.
Preocupación por las condiciones laborales
La presidenta del Colegio de Enfermeras aprovechó la oportunidad para denunciar otras situaciones que afectan al personal sanitario en la entidad. Entre ellas mencionó el retiro de beneficios contractuales, como los llamados «10 días de riesgo», así como traslados arbitrarios e inconsultos de profesionales entre distintos centros asistenciales.
Además, hizo un llamado a las autoridades regionales para que prioricen la atención de los problemas que enfrenta el sistema de salud.
«Más que amenazas, los trabajadores necesitan salarios dignos, insumos médicos, equipos y condiciones adecuadas para atender a la población», señaló.
Torrealba también exhortó a los profesionales de enfermería a documentar cualquier situación de hostigamiento o intimidación y acudir a las instancias competentes para formalizar las denuncias correspondientes.
Exigen investigación y garantías laborales
Ante la gravedad de los señalamientos, sindicatos y gremios de la región exigieron la intervención de los organismos competentes para investigar los hechos denunciados y garantizar la protección de los trabajadores afectados.
Ramírez aseguró que Fetrasalud continuará acompañando a los empleados públicos que sean víctimas de persecución o presiones políticas.
«La defensa de los derechos laborales no puede depender de la afiliación política de una persona. Ningún venezolano debe verse obligado a escoger entre conservar su empleo o ejercer libremente sus convicciones», afirmó.
La situación denunciada en el municipio Andrés Bello ocurre en medio de las crecientes protestas de los gremios de la salud y la educación, que exigen salarios dignos, respeto a las contrataciones colectivas y mejores condiciones laborales.
En un contexto marcado por la crisis del sector público y la migración de profesionales, los sindicatos advierten que ningún trabajador debe ser objeto de amenazas o presiones por sus convicciones políticas. Por ello, insisten en que la prioridad de las autoridades debe ser garantizar derechos laborales, fortalecer los servicios públicos y respetar la libertad de conciencia de quienes sostienen diariamente el sistema de salud y educación del país.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
