Un grupo de ONG venezolanas exigieron que tras la decisión gubernamental de militarizar el estado La Guaira, declarado como zona de desastre después de los terremotos del pasado 24 de junio, la actuación de la Fuerza Armada Venezolana sea la de respetar por encima de todo los derechos humanos.
En un comunicado, fechado este 27 de junio, las organizaciones advirtieron que la experiencia en desastres pasados ha demostrado como se violan las garantías fundamentales de poblaciones en emergencia por las catástrofes naturales. Algunos de esos episodios incluyen «detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, restricciones indebidas a la circulación de personas, obstáculos para el acceso a información sobre familiares desaparecidos y dificultades para el trabajo independiente de organizaciones humanitarias y medios de comunicación», señalaron en el texto.
Dijeron que en esos casos en el país había una institucionalidad más sólida, organizaciones preparadas y personal suficiente para dar respuesta a las emergencias, lo que no sucede en el actual contexto de la emergencia por el doble terremoto que hasta ahora ha dejado casi 1.500 víctimas y más de 3 mil heridos.
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La no repetición de experiencias pasadas
«La historia reciente del país obliga a mantener una vigilancia especial: La experiencia del deslave de 1999 no puede repetirse. Tras el deslave que devastó el estado Vargas en diciembre de 1999, numerosas organizaciones nacionales e internacionales documentaron graves denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la respuesta de emergencia», insistieron en sus advertencias sobre los anuncios oficiales de militarización.
Las autoridades también decidieron restringir el ingreso de voluntarios al litoral central, que podrán hacerlo después de registrarse en el Poliedro de Caracas. En el caso de los periodistas, tanto nacionales como corresponsales extranjeros, ahora los llevan en unidades gestionadas por el Ministerio de Comunicación e Información que los lleva a lugares monitorizados por militares o policías.
Igualmente las ONG recordaron experiencias pasadas en atención de emergencias en las que miles de familias quedaron en refugios temporales por largos periodos de tiempo.
«La respuesta humanitaria no puede reducirse a administrar indefinidamente la precariedad. Los refugios deben ser una medida excepcional, temporal y orientada desde el primer día hacia soluciones permanentes de vivienda».
Finalmente llamaron a garantizar la efectiva protección de los derechos humanos, incluso dentro de la emergencia que atraviesa el país y en especial las regiones más afectadas: La Guaira, Caracas, Falcón, Aragua y Carabobo.
«Los Estados tienen la obligación de proteger a la población afectada por desastres naturales respetando, al mismo tiempo, los derechos humanos y los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia», señalaron.
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Qué exigen las ONG a las autoridades
En su comunicado hicieron una serie de exigencias a las autoridades venezolanas:
- Que las operaciones de seguridad y rescate se desarrollen bajo estricto respeto a los derechos humanos y al derecho internacional aplicable a situaciones de desastre.
- Que toda actuación de los cuerpos militares y de seguridad sea excepcional, proporcional, transparente
y sometida a mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas. - Que se garantice el libre acceso de personal sanitario, periodistas, equipos de rescate, organizaciones
humanitarias y organismos internacionales de asistencia. - Que se proteja el trabajo de periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la
sociedad civil que documentan la situación y apoyan a las comunidades afectadas. - Que toda persona detenida durante la emergencia sea puesta inmediatamente a disposición de las
autoridades competentes, prohibiendo cualquier forma de desaparición forzada o detención arbitraria. - Que los refugios temporales cumplan con estándares internacionales de dignidad, seguridad,
privacidad, acceso a servicios básicos y participación de las personas afectadas. - Que desde el inicio de la emergencia exista un plan público para garantizar soluciones habitacionales
permanentes y evitar que los refugios se conviertan en asentamientos indefinidos. - Que la distribución de ayuda humanitaria se realice con criterios exclusivamente humanitarios, sin
discriminación ni condicionamientos políticos.
También pidieron a la ciudadanía estar atenta a cualquier violación o restricción de derechos humanos, a documentarlas y difundirlas.
«Hoy la prioridad es salvar vidas. En los próximos días será proteger la dignidad de quienes lo han perdido todo. La experiencia venezolana demuestra que ambas tareas son inseparables. La respuesta al terremoto será verdaderamente humanitaria si logra garantizar no solo la supervivencia de las personas afectadas, sino también el pleno respeto de sus derechos», destacaron.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
