Caracas.- Ante la emergencia habitacional generada por los terremotos del pasado 24 de junio, la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) planteó este 14 de julio un paquete de medidas económicas y legales centradas en el aprovechamiento de la infraestructura existente y financiamiento para la construcción de nuevas edificaciones.
El sector privado propone asumir la finalización de los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) que se encuentran paralizados, integrándolos a un esquema de alianzas público-privadas para acelerar la entrega de viviendas a las familias afectadas.
“Podemos aportar miles de viviendas si las condiciones legales y financieras lo permiten”, señaló Rafael Torrealba, primer vicepresidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, quien subrayó que el sector privado está mejor preparado y cuenta con las capacidades técnicas para desarrollar soluciones habitacionales de forma masiva en menos de 18 meses. El directivo enfatizó que la magnitud de la tragedia obliga a implementar cambios regulatorios urgentes para devolver la dignidad a las familias que perdieron sus hogares.
Con respecto a las obras que el Estado dejó inconclusas, el gremio considera necesario realizar un censo inmediato de todas las edificaciones sin terminar, con especial atención en complejos como Fuerte Tiuna. “La idea de la propuesta es precisamente que al sector privado se le pueda transferir esas viviendas inconclusas y mediante un acuerdo de asociación pública-privada las podamos terminar aceleradamente”, explicó Francisco Pimentel, expresidente de la Cámara, quien precisó que existen proyectos con avances de entre 50 % y 80 % que podrían incorporarse rápidamente al mercado inmobiliario.
Para que esta reactivación sea viable, la Cámara propone cambiar la forma en que se entregan los recursos. En lugar de financiar directamente al promotor, sugieren adoptar el modelo de subsidios portátiles a la demanda. Bajo este esquema, el subsidio del 80 % anunciado por el Gobierno se entregaría a los damnificados mediante un certificado digital de vivienda. “Eso le permite a cualquier venezolano que perdió su vivienda decidir dónde comprar, en qué zona del país y a qué promotor”, apuntó Rafael Torrealba, destacando que este mecanismo democratiza el acceso al hogar y garantiza transparencia total.
Adicionalmente, el gremio solicita al Banco Central de Venezuela una liberación del encaje legal. Esta medida permitiría que la banca otorgue créditos puente a las constructoras y cubra el 20 % complementario de los créditos hipotecarios para los compradores. Sin embargo, los voceros advirtieron que ninguna propuesta financiera funcionará si no se eliminan las “ataduras” legales que paralizaron al sector, como la Ley contra la Estafa Inmobiliaria.
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“Estas dos leyes nos ataron de manos por mucho tiempo porque por un lado prohibieron al constructor que diéramos financiamiento«, señaló Francisco Pimentel, quien también abogó por reformar la Ley del Deudor Hipotecario para permitir el uso de divisas en las operaciones.
El vocero indicó que la prioridad es la reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que, según recordó, prohibió el financiamiento por preventa y obligó a fijar precios en bolívares imposibles de mantener en una economía que ha perdido 14 ceros. “Esta ley estableció que el precio de la vivienda debería establecerse en bolívares a precio fijo (…) lo que hace imposible el desarrollo de viviendas”, señaló Francisco Pimentel. Detalló que la normativa actual incluso prohíbe la utilidad para el grupo promotor, eliminando cualquier incentivo para la inversión privada.
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Transparencia internacional
La transparencia es el eje central para atraer los fondos necesarios, dado que la banca nacional presenta limitaciones de liquidez. Por ello, la Cámara detalló su alianza estratégica con la Cámara Petrolera y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Este convenio contempla la creación de un fideicomiso internacional.
“CAF además está contratando a una compañía de inspección que de alguna forma va todos los trabajos que se hagan, ellos van a validarnos”, señaló Lawrence Dow Quizena, segundo vicepresidente de la Cámara, aclarando que el proceso será auditado por una de las firmas del grupo “Big Four” para garantizar la integridad de los fondos.
La reconstrucción no debe ser sólo rápida, sino segura. La CVC, junto a la Academia Nacional de Ingeniería y el Colegio de Arquitectos, exhortó al Estado a conformar una comisión técnica paritaria para auditar estructuralmente tanto los urbanismos de la Gran Misión como las edificaciones privadas.
El gremio insiste en que no se deben demoler estructuras colapsadas sin antes realizar una ingeniería forense estructural que determine las causas de la falla. “Los edificios afectados constituyen evidencia técnica irrepetible”, indica el pronunciamiento conjunto, subrayando que estos datos son vitales para actualizar las normas sismorresistentes.
Sobre el tipo de suelo, los expertos señalaron que la ingeniería moderna permite edificar en terrenos menos firmes mediante técnicas como el pilotaje profundo, aunque esto eleva los costos. “Quizás las malas decisiones se toman cuando se construyen un terreno malo sin las medidas de ingeniería correctas”, apuntó Gustavo García Carrasquero, presidente de la Cámara, ´quien contrastó los fallos en algunos urbanismos con la estabilidad de otros edificios de la Gran Misión construidos en suelos adecuados, como los cercanos al aeropuerto de Maiquetía, que permanecieron “impecables” tras los sismos.
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Finalmente, el gremio destacó que este plan de reconstrucción podría generar un “boom económico” con un factor multiplicador de hasta 16 veces para la economía nacional. “Estamos en capacidad de producir las viviendas que el país requiera y que el financiamiento nos alcance”, apuntó Leopoldo Batista, expresidente de la Cámara. Destacó que el sector privado tiene la experiencia para producir masivamente como lo hizo en el pasado.
El gremio señaló que las propuestas fueron entregadas a las autoridades nacionales para iniciar la coordinación de las alianzas público-privadas necesarias para atender la emergencia.
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