Un juez federal de Estados Unidos ordenó a Nicolás Maduro, al empresario colombiano Alex Saab y a otros cinco demandados a pagar una indemnización de 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido encarcelados y torturados en Venezuela antes de recuperar su libertad en un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.
De acuerdo a la agencia de noticias estadounidense Associated Press, la decisión fue emitida este martes por el juez Darrin P. Gayles, del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida, quien dictó una sentencia en rebeldía contra Maduro, Saab, otros cinco altos funcionarios venezolanos y el denominado Cártel de los Soles, luego de que ninguno de ellos respondiera a la demanda presentada por las víctimas.
Los beneficiarios del fallo son Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, hasta diciembre de 2023, cuando fueron liberados como parte de un acuerdo negociado entre la administración del entonces presidente Joe Biden y el gobierno venezolano. A cambio, Estados Unidos excarceló a Alex Saab, quien enfrentaba cargos por presunto lavado de dinero y era señalado por Washington como un estrecho colaborador de Maduro.
Fallo judicial excluye a Delcy Rodríguez
En la demanda, presentada el año pasado, los tres estadounidenses aseguraron que durante su cautiverio fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas, incluidas descargas eléctricas, golpizas y posturas de estrés, hechos que, según alegaron, continúan provocándoles secuelas emocionales y psicológicas tanto a ellos como a sus familias.
Las denuncias guardan similitud con los presuntos casos de violaciones de derechos humanos que actualmente investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, también fue incluida inicialmente entre los demandados. Sin embargo, quedó fuera de la sentencia luego de que sus abogados comparecieran ante la corte para solicitar la desestimación de la demanda, al sostener que, en su condición de jefa de Estado reconocida por Estados Unidos, está protegida por inmunidad frente a procesos civiles. Sin embargo, los demandantes rechazan esa interpretación y mantienen su acción legal en su contra.
Con esta decisión, el tribunal declaró responsables civilmente a los demandados que no comparecieron en el proceso y les ordenó asumir el pago de la indemnización fijada a favor de los tres estadounidenses.
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