Los dos terremotos ocurridos el 24 de junio podrían transformarse en el punto de inflexión definitivo para descomprimir la crisis política acumulada en Venezuela, después de los sucesos del 3 de enero de 2026 cuando fuerzas militares de Estado Unidos detuvieron al presidente Nicolás Maduro. De acuerdo con un reciente informe prospectivo elaborado por la politóloga de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Heysel Rodríguez, la magnitud de los daños materiales y la urgencia humanitaria abren las puertas a una fase de «recomposición nacional» fundamentada en una gobernabilidad de crisis y en la cooperación forzada entre actores históricamente enfrentados.
La hipótesis central del estudio, titulado «Del colapso al renacimiento Informe prospectivo sobre la recomposición política, institucional y social de Venezuela tras el 24J», plantea que la catástrofe desplaza temporalmente de la disputa por la legitimidad de origen de los poderes públicos.
En su lugar, emergerá una lógica de «legitimidad de ejercicio», donde el capital político de cada sector se medirá por su capacidad real para ordenar, financiar y ejecutar la reconstrucción de la infraestructura crítica del país.
Bajo este escenario de cohabitación, cada actor conservará su identidad y sus objetivos, pero se verá obligado a aceptar reglas mínimas de cooperación para evitar un colapso mayor.
Paparoni advierte que $346 millones para reconstrucción por terremotos terminará en manos de la corrupción
La indignación popular ante la tragedia
Al ser consultada sobre el lugar que ocupa la variable de la indignación de la ciudadanía hacia el gobierno por la falta de respuestas oportunas ante la tragedia, Rodríguez detalló cómo opera la psicología social en escenarios de desastre masivo. Fundamentada en la sociología del desastre, la experta explicó que la irrupción de una emergencia humanitaria de esta escala genera una «comunidad de sufrimiento» que altera temporalmente las prioridades y la conducta de la población hacia una fase de latencia.
«No es que no exista rabia, pero la variable del descontento se desplaza porque ahora todos estamos adoloridos. Es una situación similar a cuando la indignación política se congelaba por la preocupación económica, la falta de alimentos, de agua o los cortes de luz», precisó la analista.
A su juicio, la crisis sísmica instala una preocupación mucho más larga y profunda que el Ejecutivo intenta capitalizar de forma discursiva. «Se están enfocando en empujar a la gente a sentir dolor. La narrativa de ‘Venezuela Renace’ busca mover el sentimiento para imponer la idea de que debemos unirnos en el sufrimiento, al punto de dictar que eres un insensible o un grosero si opinas lo contrario o si exiges un cambio en el TSJ en este momento», advirtió.
Rodríguez puntualizó que el propio contexto empuja a los ciudadanos hacia una vulnerabilidad extrema donde la prioridad absoluta pasa a ser la respuesta fáctica del Estado.
«La gente lo que quiere hoy es gestión. Quiere que le digan si va a tener su casa, si la calle estará arreglada, si su sitio de trabajo volverá a funcionar y si la comida está asegurada gracias a que las empresas privadas puedan volver a producir», explicó, recordando que la catástrofe dejó infraestructuras colapsadas y un saldo de al menos 5.119 muertos.
Sin embargo, la politóloga de la UCV advierte que la estrategia del Ejecutivo encierra una contradicción discursiva de cara al financiamiento de la emergencia.
«Existe una pequeña trampa en la narrativa gubernamental. Si el oficialismo infla las cifras de atención, dice que está manejando demasiados campamentos o resolviendo todo con extrema rapidez, choca de frente con un problema de transparencia y dinero«, argumentó.
Para Rodríguez, esta contradicción pone en entredicho el tradicional argumento oficialista sobre la asfixia financiera del Estado. «Por un lado, sostienen desde hace tiempo que los fondos están bloqueados por las sanciones, pero por el otro deben aprobar presupuestos masivos para atender la escala del desastre. Es una situación sumamente delicada para que ellos le saquen punta, ya que abre el debate sobre el verdadero destino de los fondos internacionales, el rol de ayudas extranjeras —como la asistencia de Israel— y la transparencia de los proyectos aprobados».
El reacomodo de las fuerzas políticas
El informe detalla un reacomodo político donde el Ejecutivo Nacional busca capitalizar la crisis mediante un gabinete tecnocrático, delegando control territorial a la FANB y postergando debates institucionales según la postura del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien desde La Carlota descartó discusiones sobre el TSJ o CNE afirmando que «no es tiempo» para ello.
Simultáneamente, la oposición liderada por María Corina Machado enfrenta el desafío de flexibilizar la presión máxima para posicionarse como garante moral de la reconstrucción, la contraloría ciudadana y la transparencia en la ayuda internacional. Se proyecta que ambos sectores ajustarán sus estrategias ante la emergencia social para preservar su capital político dentro de las nuevas reglas de la recuperación.
A nivel territorial, el liderazgo local representado por alcaldes y agrupaciones comunitarias se perfila como un puente clave debido a su cercanía para ofrecer soluciones tangibles.
Por su parte, el empresariado privado deja de ser un mero observador para convertirse en el motor técnico de la recuperación gracias a su capacidad logística, maquinaria y rapidez de ejecución, requiriendo a cambio garantías jurídicas firmes frente a la discrecionalidad política, destaca la analista.
Asimismo, el denominado «tercer sector» —integrado por la Iglesia, las ONG y los organismos multilaterales como la OCHA y la CAF— funcionará como el canal de confianza indispensable. Estos actores serán los encargados de verificar el destino de los fondos y contener las tensiones sociales bajo un discurso enfocado en la dignidad comunitaria y el cuidado.
La estructura del Estado y los peligros de la crisis
Para que la coexistencia práctica sea viable, Rodríguez resalta la importancia de la arquitectura institucional basada en hitos recientes, tales como el anuncio del fideicomiso «Venezuela Renace» con fondos condicionados por licencias de la OFAC, la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad, Vivienda e Infraestructura, y las mesas de coordinación paritarias nacidas en el parlamento.
La analista también advierte sobre severos riesgos estratégicos: que el Ejecutivo instrumentalice la emergencia para cerrarse a una apertura real, que la oposición radical catalogue la coordinación operativa como una traición, o que el diseño institucional termine dependiendo de arreglos excepcionales de corto plazo que impidan una transformación perdurable en el Estado, cuya reestructuración global ya había sido encomendada previamente a la Comisión de Reestructuración a cargo de Héctor Rodríguez.
A modo de conclusión, Rodríguez considera que el éxito de este proceso no dependerá de la armonía, sino del cumplimiento estricto de los incentivos de cada sector.
«La viabilidad de ese escenario depende de una ecuación delicada: el gobierno debe conservar capacidad de orden sin cerrar la competencia; la oposición debe sostener su legitimidad sin bloquear la reconstrucción; el empresariado debe comprometerse con la ejecución y no solo con la oportunidad; y la sociedad civil organizada debe garantizar transparencia, proximidad y confianza», sentenció la politóloga, concluyendo que solo bajo ese delicado equilibrio la catástrofe abrirá el camino hacia una recomposición profunda del país.
También te puede interesar:
Delcy Rodríguez accede a 346 millones de dólares del FMI para la recuperación luego de los terremotos
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
