Caracas.- Laboratorio de Paz presentó la segunda entrega de la serie “Reconstruir Derechos: Guías ciudadanas para una reconstrucción con dignidad”, una publicación dedicada al derecho a la vivienda y orientada a las personas afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela.
El documento explica, con un lenguaje claro y accesible, cuáles son las garantías que mantienen las familias cuyas viviendas resultaron destruidas, inhabitables o con daños parciales, así como las obligaciones que debe asumir el Estado durante el proceso de recuperación.
Una guía para responder las principales dudas de las familias
La publicación responde interrogantes frecuentes que surgen después de un desastre, entre ellas qué ocurre con el derecho a la vivienda cuando una casa se pierde, quién determina si una estructura puede seguir habitándose, qué sucede con las personas que vivían alquiladas, si es posible obligar a una comunidad a reubicarse y en qué casos corresponde una indemnización.
Laboratorio de Paz recuerda que perder una vivienda no implica perder el derecho a contar con un hogar seguro, adecuado y digno. Desde la perspectiva de los derechos humanos, una vivienda no solo representa un techo, sino también seguridad, privacidad, habitabilidad, acceso a servicios básicos y protección frente a desalojos arbitrarios.
La reconstrucción debe garantizar el acceso a una vivienda adecuada
La guía aclara que los estándares internacionales no obligan a reconstruir exactamente cada vivienda destruida. Sin embargo, sí establecen que las personas afectadas deben recuperar el acceso a una vivienda adecuada mediante políticas públicas transparentes y sin discriminación.
Para lograr ese objetivo, las autoridades pueden implementar programas de reconstrucción, subsidios, créditos, asistencia técnica, entrega de materiales, soluciones temporales o viviendas permanentes, siempre bajo criterios objetivos.
El documento también enfatiza que estas medidas deben incluir a quienes vivían en condición de alquiler. Aunque un inmueble resulte destruido y finalice el contrato de arrendamiento, el Estado mantiene la obligación de evitar que esas personas queden sin alojamiento.
Las decisiones sobre las viviendas deben basarse en criterios técnicos
Otro de los aspectos centrales de la publicación señala que las evaluaciones sobre edificios y viviendas dañadas deben sustentarse en estudios técnicos realizados por profesionales competentes e independientes.
Las familias tienen derecho a conocer las razones que justifican que una vivienda sea declarada habitable o inhabitable y a recibir información transparente sobre los procedimientos utilizados.
Asimismo, la guía destaca que no toda estructura afectada requiere demolición. Cuando una reparación resulte técnicamente viable y garantice la seguridad de sus ocupantes, esa alternativa debe formar parte de las opciones disponibles.
La participación ciudadana también forma parte de la reconstrucción
Laboratorio de Paz sostiene que una reconstrucción con enfoque de derechos requiere transparencia, acceso a la información y espacios efectivos para que las comunidades participen en las decisiones que afectan su futuro.
La publicación también subraya que las eventuales reubicaciones solo deben aplicarse cuando no exista otra alternativa segura. En esos casos, las personas afectadas tienen derecho a participar en el proceso y a mantener, en la medida de lo posible, sus vínculos familiares, comunitarios, educativos y laborales.
El documento recuerda además que estas garantías encuentran respaldo en instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos y el Marco de Sendai, entre otros.
Las personas interesadas pueden descargar la guía completa “Reconstruir Derechos #02: El derecho a la vivienda” a través del sitio web de Laboratorio de Paz, donde también se encuentra disponible la primera entrega de esta serie dedicada a promover una reconstrucción basada en los derechos humanos.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
