Durante más de un siglo, el litoral central venezolano mantuvo un vínculo simbólico e institucional con la figura de su hijo insigne: el doctor José María Vargas. Desde su constitución inicial como Departamento dentro del antiguo Distrito Federal en el siglo XIX, pasando por su conversión en municipio y, finalmente, su consagración como entidad federal autónoma en la década de 1990, la región costera llevó el sello del sabio, médico y primer presidente civil de la República. Al cumplirse siete años de la decisión oficial que despojó a la entidad de esta denominación centenaria, las huellas de la identidad borrada y los ecos de la controversia siguen marcando la memoria de sus habitantes.
Esa continuidad centenaria se rompió a mediados de 2019, cuando una reforma de la Constitución regional borró formalmente la denominación de “Estado Vargas” para rebautizarlo como “Estado La Guaira”. Impulsada por el oficialismo bajo la narrativa de reivindicar una supuesta identidad vernácula frente a los símbolos republicanos, la medida se aprobó de forma expedita y desató un profundo debate.
El proceso de rebautizo encierra tensiones complejas: la trayectoria y dimensión de José María Vargas como pilar de la civilidad y la educación venezolana, el valor político y sociológico que significaba mantener al único estado del país cuyo epónimo honraba a un héroe civil y científico y el procedimiento jurídico-constitucional mediante el cual el Consejo Legislativo regional ejecutó la modificación.
I. El arquitecto del orden moderno y la ciencia republicana
Nacido en La Guaira en 1786, el doctor José María Vargas fue el principal referente de la transición entre la época colonial y la consolidación de la República. Su estatura histórica como médico, rector y primer presidente civil del país justificó que, durante más de un siglo, la región costera llevara su nombre.
El historiador y ensayista Tomás Straka recuerda que los aportes de Vargas abarcaron múltiples dimensiones de la vida nacional. Lo describe como uno de los grandes próceres de la República civil, clave en la fundación de un orden moderno basado en la educación y la ciencia. Además, subraya que Vargas fue el primer venezolano en realizar contribuciones concretas a las ciencias naturales a escala universal —mediante el descubrimiento y la catalogación de especies—, también pionero en los estudios geológicos y de las posibilidades económicas del país.
«José María Vargas se encarga de liderar uno de los procesos más exitosos en la fundación de la república, el orden republicano en la época granadina, cuando éramos parte de la gran República de Colombia, la de Bolívar, y después del inicio de la república venezolana, ya separada de Colombia. La primera es la fundación de la educación pública universitaria moderna en Venezuela, la fundación de la educación pública en general, una educación dirigida por el Estado”, señala.
La labor de Vargas, continúa, desmanteló el modelo educativo estamental de la colonia —caracterizado por restricciones de castas y la primacía de la dogmática religiosa— para dar paso a una enseñanza aconfesional, pública y fundamentada en el rigor científico. Tras las reformas de la República de la Gran Colombia en la década de 1820 y la célebre Ley de 1826, Vargas encabezó la transformación de la Real y Pontificia Universidad de Caracas en la Universidad Central de Venezuela (UCV), convirtiéndose en su rector y en el verdadero modernizador de la educación médica y las ciencias naturales.
“José María Vargas es uno de los fundadores de la educación pública moderna universitaria, es el modernizador de la educación médica en Venezuela, de la formación de los médicos y en general de la medicina y el introductor de muchas ciencias en Venezuela”, afirma.
Además de introducir la enseñanza sistemática de la anatomía, la botánica y la geología, Vargas se erigió como el primer venezolano en realizar aportes concretos a las ciencias naturales universales mediante la descripción e identificación de especies continentales y estudios sobre los recursos económicos del país.
Según Straka, su rol como rector superó la mera gestión académica. Para el historiador, la posición más destacada de José María Vargas fue precisamente estar al frente de la Universidad Central de Venezuela como fundador de la institución moderna, un mérito que lo proyecta con un alcance formidable y sin competencia. Esta labor definió su visión pública, pues desde la academia se dedicó a pensar y proyectar la nación.
«Es un mérito en el cual básicamente no tiene competencia. Creo que eso es lo que lo define más, porque este hombre que está de rector de la universidad está pensando el país también. Es imposible que uno piense en una universidad sin pensar en el país, porque cuando uno piensa en la educación, cuando uno hace reformas curriculares, es como el día de hoy nosotros llamaríamos lo que hizo José María Vargas, uno está pensando en el país que se tiene y en el país que se quiere construir».
«Es rector de la universidad, pero, como en cuanto tal es invitado y forma parte de los congresos y forma parte de la sociedad económica del país. Él comienza a idear un país, comienza a presionar un país, comienza a diseñar una universidad pensada del país y ese pensamiento que él hace desde su condición de educador es fundamental. Vargas quiere un país definido por la sobriedad republicana, por el respeto a las leyes, por el trabajo y sobre todo por la libertad económica de pensamiento y de cultura”, agrega Straka.
El paradigma del civilismo
En el terreno político, Vargas marcó un hito en 1835 al convertirse en el primer civil electo presidente de la República. En una sociedad dominada por el prestigio militar de los veteranos de la Guerra de Independencia, la llegada de un médico al poder despertó resistencias entre las élites castrenses y esto desencadenó en la Revolución de las Reformas.
Aunque fue derrocado temporalmente y restituido del mandato gracias al apego a las leyes liderado por José Antonio Páez, Vargas prefirió dimitir al poco tiempo, demostrando su convicción de que el poder no debía sostenerse en las armas sino en el consenso legal.
“José María Vargas se convierte en una figura central en la construcción del civilismo y en un símbolo de este, por cuanto es el primer civil electo presidente (…) y que tiene el rechazo de los sectores militares de los sectores de veteranos del Ejército Libertador, precisamente por ser un civil, por no haber peleado una guerra. Él se da cuenta de eso, porque aunque sea una expresión de civilismo no significa que no se está dando cuenta de los riesgos en Venezuela, y es objeto de un golpe de Estado. Y aunque el golpe fracasa por obra de José Antonio Páez, que decide apoyar el civilismo y decide apoyar las leyes en aquel momento, José María Vargas finalmente decide renunciar. Esto no significa que va a renunciar a la función pública, va a seguir hasta el final de su vida haciendo una importantísima labor en el ámbito educativo, la ciencia, la cultura y el pensamiento”, explica el ensayista.
II. Significado simbólico y territorial del epónimo «Vargas»
La adopción de José María Vargas como referente geográfico de la franja costera no fue una imposición fortuita ni un ardid de coyuntura. Respondió a una evolución territorial de más de un siglo de historia institucional.
Cuando en la década de 1860 se configuró el Distrito Federal para albergar los poderes de la Unión, la franja costera quedó indisolublemente articulada a Caracas. Ese Distrito Federal estuvo integrado por dos departamentos históricos, los cuales asumieron los nombres de los dos próceres más ilustres nacidos en cada vertiente de la cordillera: el Departamento Libertador (Simón Bolívar) en el valle y el Departamento Vargas (José María Vargas) en el litoral.
“El estado Vargas toma este nombre de una entidad anterior llamada Municipio Vargas, que anteriormente era el Departamento Vargas. Venezuela, antes de la descentralización, hasta que se crea el Distrito Capital, va a tener el Distrito Federal como asiento de los poderes federales. Se sustrae del resto de las entidades y se pone en una entidad aparte. Ese Distrito Federal tenía dos departamentos que correspondían típicamente a las dos caras de dos centros que están estrecha y absolutamente vinculados, porque toda la zona del litoral guaireño en realidad es un litoral caraqueño. Eso en gran medida funciona y existe en función de Caracas, como el gran puerto y el gran aeropuerto de Caracas el día de hoy. Y esos dos departamentos tomaron los nombres de las dos figuras más importantes que haya nacido en cada uno de ellos. El Departamento Libertador, que es el actual municipio Libertador y el del Departamento Vargas, y eso estuvo así por más de 100 años”, recuerda Straka.
Straka detalla la relevancia de esta elección simbólica. «El Litoral Central identificó en un prócer civil, en un científico y un educador uno de sus principales símbolos. Tenían a otros grandes hombres de la Independencia como Carlos Soublette, o escritores y poetas, y de todos escogieron a José María Vargas por ser el de mayores aportes (…) Por más de 100 años el departamento, municipio y luego estado Vargas asoció la figura de Vargas con el territorio, de tal manera que formó parte de su identidad».
Vargas como identidad integradora frente a la centralización de La Guaira
Uno de los problemas analíticos que plantea el cambio de nombre es la alteración de las identidades locales dentro del litoral. Geográficamente, la franja costera abarca diversas poblaciones históricas con personalidad propia: Catia La Mar, Maiquetía, Naiguatá, Macuto, Carayaca, La Sabana y La Guaira.
El uso de Vargas como epónimo estatal, explica el ensayista, ofrecía un marco de integración supralocal. Se podía ser varguense, dice, y, al mismo tiempo, naiguatareño o maiquetieño, quedando “La Guaira” reservada a la ciudad puerto que actuaba como capital.
Más que un simple cambio de cartelería, la medida alteró la geografía simbólica del litoral. Para el historiador, borrar el epónimo trajo consigo dos fracturas inmediatas: la pérdida del único referente civilista en el mapa de estados del país y una imposición territorial que desdibuja a las demás comunidades de la costa.
«El primer resultado fue que el único estado venezolano que tenía como epónimo un civil deja de tenerlo. Lo segundo es una especie de centralismo feroz en el litoral central, ya que La Guaira, que es solamente una porción de todo el estado, asume ahora el nombre de todos los territorios. Pasan a ser de pronto ‘guaireños’ personas que vienen del litoral y no lo eran: gente de Macuto, Naiguatá, La Sabana o Carayaca. Antes, con Vargas, había una identidad común que dialogaba con las identidades particulares», agrega.
Al sustituir el nombre de un referente universal republicano por un término geográfico que alude solo a una parte del estado —cuyo origen etimológico proviene probablemente de un vocablo caribe de significado impreciso— se produce una concentración simbólica e identitaria que desdibuja la diversidad territorial.
III. Reescritura de la historia y el vaciamiento de la memoria republicana
El borrado de Vargas del mapa regional no se puede aislar del contexto político abierto en Venezuela a partir de 1999. Según Straka, el chavismo impulsó un proyecto de reinterpretación del pasado nacional orientado a legitimar su proyecto ideológico. Esto incluyó la sustitución de la denominación oficial de la República, la modificación de la bandera y el Escudo Nacional, el rebautizo del Parque Nacional El Ávila como Waraira Repano y, más recientemente, la modificación del escudo y la bandera de Caracas.
No obstante, Straka advierte una incoherencia en el caso de Vargas, pues el cambio no ocurrió en la fase inicial de radicalización política, sino en un período posterior.
«¿Qué razones pudo haber habido para cambiar el nombre de esto? Francamente, no lo sé. He leído algo y sigo sin comprenderlo y espero que quienes lo hayan impulsado se hayan basado en algún mínimo de reflexión, aun cuando creo que, sea la que haya sido, es muy probable que esté desencaminada. La impresión que tengo, y que tenemos más o menos en gran parte de la comunidad que nos interesamos en estas cosas, es que esto no está suficientemente respaldado ni por la geografía ni por la historia. Es una decisión centralista dentro del litoral porque la huelga es la capital, simplemente es subsumir a todo el territorio por su principal entidad, su entidad más grande, aunque ese no haya sido el objetivo final», sostiene.
Para Straka, además, el resultado de esta decisión es el progresivo deterioro de las referencias educativas y pedagógicas de las futuras generaciones de venezolanos.
“Los héroes, los epónimos, los nombres en las calles y territorios son expresión de la valoración por unas obras y formas de ser determinadas. Cuando a finales del siglo XIX se le quitó el nombre de un caudillo militar (el general Aguado) para poner el de un científico y educador, esto expresaba lo que la sociedad valoraba. Al eliminar la referencia de Vargas, las futuras generaciones corren el riesgo de perder el rastro de ese gran venezolano y del civilismo que él representó”, afirma.
IV. La dimensión jurídica: opacidad, falta de motivación y vicios constitucionales
Si el debate histórico y sociológico pone en entredicho la sustitución del epónimo, la revisión del procedimiento institucional y legal utilizado para sancionar la modificación revela cuestionamientos en materia de derecho público y constitucional.
El abogado y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (FCJP-UCV), Juan Carlos Apitz, sostiene que, desde el punto de vista procedimental, el Consejo Legislativo regional cumplió con la secuencia de tres discusiones requeridas para una reforma de la Constitución del Estado. Sin embargo, identifica un vicio sustancial en la falta de motivación que justifique la decisión de cambiar el nombre de la entidad.
A su juicio, hay irregularidad en el origen de la iniciativa parlamentaria.
“La iniciativa fue del Consejo Legislativo (…) tuvieron las tres discusiones, aprobaron con la mayoría de dos terceras partes que requiere la misma Constitución del estado y lo mandaron a la Gobernación para que le diera el visto bueno y lo publicara en Gaceta Oficial. Desde el punto de vista del número de discusiones no hubo irregularidad. Lo que llama poderosamente la atención es que no está motivado. En la moción del Consejo Legislativo no se dice por qué lo cambian; lo someten pero no lo justifican”, explica el abogado.
En el derecho administrativo y constitucional, agrega Apitz, la motivación es un requisito de validez insustituible para cualquier acto de poder. La falta de una justificación razonada de carácter histórico, geográfico o social convierte el acto formal en un ejercicio de arbitrariedad.
Al analizar las razones de la urgencia parlamentaria, Apitz atribuye el cambio de nombre a un desacierto del propio Nicolás Maduro durante un acto político celebrado en la entidad el 29 de mayo de 2019, cuando se refirió al estado Vargas como estado La Guaira. «Lo más delicado aquí es que se trató de una equivocación de Nicolás Maduro en una alocución pública. En verdad, eso es lo que justifica el cambio: complacer a Maduro o, peor aún, taparle el dislate que tuvo en público«.
Abogados constitucionalistas, por su parte, sostienen que el Consejo Legislativo del estado Vargas no tenía la potestad para cambiar el nombre, ya que dicha entidad federal fue creada mediante una Ley Especial sancionada por el Congreso de la República el 23 de junio de 1998. Por tanto, se argumenta que el cambio de denominación es una competencia exclusiva del Poder Legislativo Nacional y no del Parlamento regional.
Estos sostienen que el estado se sigue llamando Vargas y que el entonces Consejo Legislativo del estado Vargas usurpó las atribuciones de la Asamblea Nacional (AN) y, de acuerdo con el artículo 138 del texto fundamental, «toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos».
Apenas ocho días después del desacierto de Maduro, el 6 de junio, el gobernador de entonces, Jorge Luis García Carneiro, impulsó la modificación.
La AN del momento estaba dominada por los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, por lo que García Carneiro tuvo que plantear sus intenciones con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuya consultoría jurídica le sugirió que el Consejo Legislativo regional acometiera la reforma de la constitución de Vargas, evitando así acudir a una Asamblea Nacional dominada por la oposición.
Para el 14 de junio, el cuerpo colegiado rebautizó a la entidad federal y, posteriormente, eliminó el himno, aunque mantuvo que la bandera y el escudo de armas del municipio Vargas fueran los mismos del estado La Guaira.
García Carneiro ignoró los reclamos populares para consultar la decisión en un referendo y no respondió a los señalamientos de exconcejales, exdiputados y líderes políticos que suscribieron un manifiesto público en contra del nuevo nombre del estado.
Igualmente, minimizó la relevancia de la fecha natal del médico José María Vargas (10 de marzo) y ordenó que los 28 de febrero se celebrara un desfile cívico militar en homenaje a José María España, mártir del movimiento preindependentista de 1797.
La invalidez de la consulta ciudadana y la contradicción constitucional
Frente a las críticas por la falta de participación popular, voceros del gobierno regional sostuvieron que el cambio había sido respaldado por una “consulta pública”. No obstante, Apitz rechaza este argumento y sostiene que lo que se hizo fue un simulacro sin valor jurídico formal.
“Eso tiene que haber sido una fachada, una gran mentira lo que montaron ahí. No hubo ninguna consulta. Primero porque la Constitución estadal no los obliga a hacer ningún referéndum, y segundo porque lo que hicieron fue una parodia de consulta informal. Si de verdad la hubiesen querido organizar de forma seria, la hacían a través del Consejo Nacional Electoral (CNE) convocando a todos los electores del estado”, afirma.
El decano de la FCJP-UCV enfatiza la existencia de una grieta estructural entre las constituciones de los estados federados y la Constitución Nacional de 1999. Mientras que el texto fundamental de la República exige de manera imperativa la celebración de un referéndum aprobatorio para validar cualquier reforma constitucional aprobada por el Poder Legislativo, varias constituciones regionales omiten este requisito, permitiendo modificaciones de gran calado mediante simples acuerdos de cúpula.
“Hay una grave contradicción entre la Constitución del Estado Vargas y la Constitución Nacional. No es posible que una constitución estadal permita un cambio de esa magnitud —como alterar el nombre de la entidad— de un solo plumazo y sin someterlo a la aprobación de los electores en un referéndum. Todas las constituciones estadales deberían ser idénticas en sus mecanismos de reforma a la Constitución Nacional”, dice.
Para el jurista, la consagración de este procedimiento sienta un precedente institucional para la descentralización y la estabilidad jurídica territorial en Venezuela.
“Esto marca un muy mal antecedente, porque, ¿te imaginas que las asambleas legislativas de los 23 estados decidan cambiar el nombre de sus entidades simplemente porque a la mayoría de turno le parezca y sin suficiente motivación?”, sostiene.
- I. El arquitecto del orden moderno y la ciencia republicana
- II. Significado simbólico y territorial del epónimo «Vargas»
- III. Reescritura de la historia y el vaciamiento de la memoria republicana
- IV. La dimensión jurídica: opacidad, falta de motivación y vicios constitucionales
- La invalidez de la consulta ciudadana y la contradicción constitucional
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
