Seis de las 460 páginas que contiene el informe de la organización Amnistía Internacional (AI) sobre derechos humanos en el mundo se las dedica a la situación en Venezuela, más que las tres donde expuso la realidad en Cuba y las cuatro en la que subraya las condiciones de vida en Corea del Norte.
Ubicados en 2025 con el hoy en día preso en Estados Unidos Nicolás Maduro al frente del gobierno venezolano, el informe de la organización internacional puntualiza que los poderes del Estado siguieron coordinándose para perseguir y castigar a la disidencia.
El organismo internacional denunció que cientos de personas sufrieron desaparición forzada o detención arbitraria, así como tortura y otras violaciones a los derechos humanos por ejercer alguna forma de oposición o crítica hacia el gobierno.
AI destacó que, de manera sistemática, los procesos penales contra muchos de los presos políticos avanzaron sin garantías judiciales, acceso a la información sobre los cargos presentados en su contra y defensa de su elección.
De acuerdo a cifras de Amnistía Internacional, aproximadamente 7,9 millones de personas venezolanas han salido de Venezuela desde 2015 y casi dos millones dependen de la ayuda de organismos internacionales.
La organización tampoco registró avances en relación con los derechos sexuales y reproductivos.
“La población LGBTIQ+ y los pueblos indígenas siguen siendo discriminados y no hubo avances legislativos que promovieran sus derechos”, puntualizó el documento.
Recalcaron que persistieron los reclamos en torno a los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 y que en marzo y julio se celebraron elecciones parlamentarias y regionales, respectivamente, en un contexto de represión similar al de los comicios presidenciales.
El informe sobre derechos humanos en el mundo de Amnistía Internacional recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre las violaciones cometidas durante el periodo electoral de 2024, en donde expuso la estrategia represiva para impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre y sembrar zozobra entre la ciudadanía.
Mencionan asimismo que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó en dos informes las violaciones de derechos humanos registradas durante la represión poselectoral y el papel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Otro aspecto que resaltaron fue que desde septiembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo ataques en el mar Caribe y el Océano Pacífico contra 34 embarcaciones que supuestamente transportaban drogas, arremetidas que causaron la muerte de al menos 110 personas.
Estos son algunos aspectos que revela el informe:
–Represión, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas
Las autoridades siguieron utilizando los cuerpos de seguridad e inteligencia, el sistema judicial y unas leyes restrictivas como la del Odio, Simón Bolívar, antiONG y Resorte para reprimir, silenciar y castigar la disidencia y la defensa de los derechos humanos.
Amnistía Internacional registró nuevas detenciones arbitrarias por motivos políticos, aunque en menor número que en 2024, cuando se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. La ONG Foro Penal Venezolano verificó 117 excarcelaciones en diciembre de 2025. Para finales de diciembre del año pasado, de las más de 2000 personas detenidas arbitrariamente luego del 28J, al menos 806 continuaban privadas de libertad. A la mayoría de las personas aprehendidas se les imputaron los cargos de terrorismo y traición a la patria, además se les impusieron defensas públicas
Según informó Foro Penal, al menos 63 personas se encontraban desaparecidas al finalizar el año pasado. Amnistía Internacional expuso que, en general, las desapariciones forzadas comenzaron con una detención arbitraria llevada a cabo por agentes del Estado, seguida de falta de información, la negativa a reconocer la detención y el ocultamiento deliberado de la persona detenida. La organización alertó que la desaparición forzada de una persona implicaba traslados a otros centros de reclusión sin previo aviso ni conocimiento de familiares, celebración en secreto de audiencias de presentación y la anulación de facto del hábeas corpus.
Ataques a la libertad de expresión y asociación
217 ataques a la libertad de expresión hasta el mes de octubre registró la ONG Espacio Público, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la detención de al menos 23 trabajadores de los medios de comunicación.
Se mencionan casos puntuales, como el del periodista Carlos Marcano, quien estuvo 13 días en desaparición forzada después de su detención. Por su parte, el periodista y politólogo Nicmer Evans estuvo desaparecido tres días después de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) lo llevara a una “entrevista” en El Helicoide.
Paralelamente, VE sin Filtro documentó el bloqueo de distintos medios de comunicación independientes y sus dominios en Internet bajo órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Asimismo, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 2.219 protestas durante el año, de las cuales 1.129 guardaban relación con los derechos laborales.
Persecución a defensores de DDHH
Amnistía Internacional documentó que aunque fueron excarcelados luego de la incursión militar estadounidense el pasado 3 de enero, los activistas y defensores de derechos humanos, Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Kennedy Tejeda, Eduardo Torres, Martha Lía Grajales y Carlos Correa fueron detenidos e incomunicados como represalias a sus actividades.
Rojas estuvo casi cuatro meses recluido en régimen de incomunicación, sin acceso a visitas familiares ni contacto con el exterior. Correa fue sometido a desaparición forzada y excarcelado ocho días después. Torres fue detenido arbitrariamente en mayo, estuvo en paradero desconocido durante cinco días y posteriormente recluido en régimen de incomunicación. Grajales, perteneciente al colectivo Surgentes, fue aprehendida después de acompañar en una protesta pacífica a un grupo de madres de presos políticos.
Se refieren también a que el Centro para los Defensores y la Justicia registró 455 ataques contra personas defensoras de los DDHH, además alertó sobre la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, que amenazaba la libertad de asociación y el trabajo legítimo de las ONG.
Inflación como asfixia al pueblo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la inflación se ubicó en 269,9% a finales de 2025. Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), el costo de la canasta básica para una familia de cinco miembros se situó en abril en 503,73 dólares, mientras que el salario mínimo mensual permaneció congelado desde 2022 en 130 bolívares, equivalentes a menos de 0,30 centavos de dólar hoy en día.
Asimismo AI, recalcó que los cortes del suministro de agua y electricidad persistieron durante el año, al igual que las protestas relacionadas con los servicios básicos.
Discriminación a todo nivel
“No se registraron avances en materia de derechos sexuales y reproductivos; en concreto, con relación con al acceso al aborto y a métodos de planificación familiar. El Estado no diseñó ni implementó políticas públicas orientadas a prevenir violaciones de estos derechos o a garantizar su ejercicio efectivo. Tampoco se publicaron datos oficiales al respecto”, reza el informe.
La ACNUDH informó que se estaba recluyendo a personas trans en centros de detención según su sexo asignado al nacer. También denunció el uso por parte de autoridades del Estado de una retórica sexista y contraria a las personas LGBTQ+ en los medios de comunicación públicos.
Organizaciones de derechos de las personas LGBTIQ+ continuaron exigiendo la aprobación en segunda discusión de la Ley Orgánica de Equidad e Igualdad de Género, presentada en 2009. También hubo falta de garantía y respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
Devastación ambiental
Un informe sobre minería ilegal y derechos humanos presentado por varias ONG y que recogió Amnistía señalaba como obstáculos para la gestión climática la carencia de datos confiables y la ausencia de sistemas de monitoreo. La ONG SOS Orinoco registró 10 accidentes mineros y dos muertes a consecuencia de ellos en el primer cuatrimestre de 2025. En octubre, 14 mineros fallecieron tras producirse una inundación en la mina en la que trabajaban en el estado Bolívar.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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