Sheinbaum recibe al alto comisionado de Naciones Unidas en medio de polémica por desaparecidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en medio de la controversia que provocó en las últimas semanas el tema de las desapariciones masivas y forzadas en el país latinoamericano.

A principios de abril, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada advirtió que en México se cometen desapariciones forzadas que son crímenes de lesa humanidad y solicitó abordar «de manera excepcional» el tema en la Asamblea General del organismo.

El Gobierno respondió de inmediato con un duro comunicado en el que acusó al Comité de «falta de rigor jurídico» y «ligereza» en su posición.

«México rechaza el informe del Comité por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno (…) los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio Comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025″, indicó la administración de Sheinbaum.

También explicó que el procedimiento que solicitó el Comité fue diseñado para los casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado y cuando las autoridades se niegan a actuar y cooperar, lo que, según Sheinbaum, no corresponde con la situación en México.

La mandataria reiteró en diversas ocasiones que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, el Gobierno federal no es el responsable de las desapariciones, sí de la búsqueda de las víctimas, pero colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos criticaron que no quisiera recibir el apoyo de Naciones Unidas para atender la crisis humanitaria.

Según los datos oficiales, en México existen más de 132.000 personas desaparecidas (que pudieron ser víctimas de un delito) o no localizadas (que posiblemente se fueron por su propia voluntad). Sin embargo, el mes pasado el Gobierno anunció un cambio metodológico para contar nuevamente a las víctimas de este delito, lo que dejó la cifra en 43.128 personas.