El último aumento formal del salario mínimo base en nuestro país se decretó en marzo de 2022: 130 bolívares mensuales (Bs. 130,00), según la Gaceta Oficial N.º 6.691 Extraordinario del 15 de marzo de ese año. El 23 de abril de 2026 se cumplen, por tanto, 1500 días desde aquella decisión.
En aquel momento, el monto equivalía a 30 dólares mensuales. Cuatro años y 38 días después, sin modificación alguna, esa cifra se había reducido a la irrisoria cantidad de 0,27 dólares; y si se descuentan las deducciones de las distintas leyes de seguridad social, la remuneración quedó convertida en polvo sideral.
El Estado chavista desmanteló el valor del trabajo
La tragedia, sin embargo, no comienza en 2022. Sus raíces llegan hasta la conversión del cono monetario —del bolívar fuerte al bolívar soberano— en 2018, año en que el salario mínimo sufrió una hiperinflación extrema con variaciones drásticas y repetidas. A mediados de agosto de ese año, tras la reconversión monetaria, se fijó en 180.000.000 de bolívares antiguos (1800 soberanos), equivalentes a unos 45 dólares mensuales.
La misma degradación se repitió en noviembre de 2021, cuando el tipo de cambio llegó a 4 millones de bolívares soberanos por dólar, con consecuencias devastadoras sobre el poder adquisitivo. Esta aberración monetaria obligó a crear un nuevo cono: el bolívar digital, que arrancó con una paridad de 4,20 bolívares por dólar.
Su suerte no fue distinta. Desde marzo de 2022 hasta hoy, el bolívar digital ha llegado a una relación aproximada de 600 bolívares por dólar, lo que reduce el salario mínimo a apenas 0,27 dólares mensuales, según el boletín del gremio universitario APUCV.
El Estado chavista ha intentado justificar esta política de desmantelamiento salarial apelando a las sanciones económicas extranjeras y sustituyendo el concepto jurídico de salario por el de ingreso. El resultado es que la remuneración promedio se compone hoy en un 95 % de bonos y solo en un 5 % de salario propiamente dicho.
La mano de obra más barata del mundo
Esa estructura beneficia al Estado y al sector privado por igual, pues ambos disfrutan de la mano de obra más barata del mundo. Si se pudiera acceder a los libros contables de las empresas, quedaría en evidencia que el presupuesto de nómina se ha reducido a una cuarta parte de lo que representaba en el siglo XX, cuando la salud financiera de una organización —pública o privada— se medía, entre otros indicadores, por no superar el 30 % de su presupuesto anual en gasto de personal.
Este desequilibrio se refleja también en el ingreso nacional. En el siglo pasado, la distribución promedio era de un 45 % para el trabajo y un 55 % para el capital; hoy, si el BCV o el INE publicaran sus «estadísticas secretas», probablemente mostrarían una relación inversa: 90 % para el capital y apenas un 10 % para el trabajo.
Esa es, en pocas palabras, la raíz de la emigración de más de ocho millones de venezolanos. Al ver el colapso de los servicios públicos y el deterioro de la calidad de vida, optaron por buscar otros horizontes. El capital, mientras tanto, cuenta con más herramientas para protegerse ante las turbulencias del mercado; el trabajo, en cambio, enfrenta solo el abandono del Estado.
En ese contexto cobra especial relevancia el anuncio de la presidenta interina Delcy Rodríguez sobre un aumento de “salario «responsable”. Rodríguez ha sido una de las figuras centrales del régimen de Nicolás Maduro: ejerció la Vicepresidencia Ejecutiva desde 2018, presidió la ilegal Asamblea Nacional Constituyente en 2017 y ocupó la cartera de Relaciones Exteriores entre 2014 y 2017, además de otras carteras económicas y petroleras, antes de asumir la presidencia interina el 5 de enero de 2026. Su responsabilidad en la debacle laboral que han padecido los trabajadores del país resulta, pues, innegable.
Los nuevos aires de la movilización sindical
Ante esta coyuntura, vemos con optimismo la convocatoria de la FAPUV a movilizarse el 22 de abril de 2026. Se trata de una acción gremial y académica en defensa de condiciones laborales dignas y del derecho a un salario justo.
Cabe recordar también que el sábado 11 de abril de 2026, Caracas fue escenario de un encuentro estratégico que reunió a 105 dirigentes sindicales de forma presencial y a más de un centenar a través de plataformas virtuales, con cobertura de casi todo el territorio nacional.
El acto consolidó un esfuerzo unitario de gran alcance histórico, con la participación de seis centrales sindicales —CTV, ASI, CUTV, UNETE, CGT y CODESA—, federaciones nacionales y regionales, gremios y asociaciones de profesionales y técnicos, sindicatos de base y corrientes sindicales. Estuvieron presentes los sectores del magisterio, las universidades, la salud, el petróleo, la electricidad, la construcción y las comunicaciones, las empresas básicas de Guayana, los trabajadores del sector privado y, con especial protagonismo, el sector de pensionados y jubilados, todos en defensa de la pensión, el trabajo digno y la negociación colectiva.
En definitiva, este frente unitario se articula bajo una sola consigna: «Luchamos por salario, democracia y libertad».
@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
