El ejercicio de la libertad de expresión durante el año 2025 se mantuvo bajo un esquema de restricciones estructurales que buscaron limitar el debate público y controlar el flujo de información. Así se desprende del informe sobre la situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela elaborado por la ONG Espacio Público y que fue presentado en los espacios del Centro de Estudos Políticos de la UCAB.
El año pasado se registraron 123 casos y 238 denuncias de violaciones, cifras que representan una disminución del 60 % con relación al total de casos y del 62 % con respecto al total de violaciones ocurridas en el 2024, pero esto no necesariamente es una buena noticia.
“Esta variación proporcional no responde a medidas tomadas desde el Estado venezolano para garantizar y proteger el derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Por el contrario, responde al alto número de casos registrados en el 2024, a propósito del contexto post electoral y a la represión generada en el marco de la elección presidencial del 28 de julio”, señala Marysabel Rodríguez,coordinadora del observatorio de libertad de expresión de la ONG Espacio Público.
La intimidación se posicionó como el tipo de agresión más frecuente con 79 casos (33,19 %). Esta tendencia refleja una política de Estado orientada a inhibir el flujo de información mediante el miedo. Le sigue de cerca la censura con 63 casos (26,47 %), lo que evidencia el cierre sistemático de espacios para el debate público. Otras modalidades como el hostigamiento judicial (14,71 %) y las restricciones administrativas (13,03 %) demuestran el uso de la institucionalidad y la ley como herramientas punitivas para silenciar la crítica y el escrutinio ciudadano.
El año pasado, las privaciones de libertad revelaron el uso de la detención como una herramienta de castigo directo contra el discurso crítico, contabilizando un total de 44 detenciones arbitrarias. La mayoría de estas medidas fueron aplicadas a personas particulares, quienes suman 24 registros (54,55 %). De ese total, 17 fueron por el uso de internet y redes sociales. En 14 de estos casos se evidenció el uso o invocación de delitos de instigación al odio.
Nuevo momento político, mismos patrones
La reconfiguración forzada del poder político, tras el ataque armado de EE.UU. el 3 de enero, no se traduce estructuralmente en un “nuevo momento político” tal y como plantean las autoridades encargadas, al menos en materia de garantía y protección efectiva de los derechos humanos.
Espacio Público concluye que el derecho a la libertad de expresión permanece bajo el asedio de una arquitectura jurídica diseñada para la censura. A la fecha, no se ha desmantelado la estructura represiva, ni han cesado las políticas de hostigamiento. Entre enero y abril se registraron 38 casos y 91 denuncias de violaciones al derecho, y 29 detenciones arbitrarias, la mayoría de corta duración.
“Actualmente ningún periodista está preso en Venezuela, pero varios siguen sometidos a procesos judiciales. Trabajadores de la prensa, activistas, han recibido sobreseimiento de sus causas, con o sin ley de amnistía, aunque siguen bajo amenazas y hostigamiento constante por su labor”, dijo Rodríguez y agregó que al menos 22 periodistas y trabajadores de la prensa fueron detenidos arbitrariamente durante coberturas de calle, algunos recibieron agresiones, robaron sus equipos y los cuerpos de seguridad eliminaron su material.
Entre las personas afectadas también se encuentran infociudadanos y usuarios de redes sociales, quienes usan regularmente canales como TikTok o Whatsapp para difundir denuncias sobre situaciones de interés público que afectan su vida cotidiana o su entorno.
La restitución de la justicia y la paz
En momentos en los que se habla de justicia y paz, el director de Espacio Público, Carlos Correa recordó que no basta con las excarcelaciones que hemos visto hasta ahora; el proceso debe cimentarse sobre tres pilares fundamentales: verdad, reparación y garantías de no repetición.
“Necesitamos verdad individual para cada persona detenida: saber quién ordenó la detención, por qué ocurrió y bajo qué circunstancias”, señala Correa. Pero también es vital la verdad pública, para que la sociedad identifique a los responsables de estas violaciones a los derechos fundamentales.
A su juicio, la reparación no termina cuando se abre la celda y hace énfasis en la necesidad de la devolución inmediata de equipos de trabajo y herramientas de comunicación confiscadas; la indemnización y rehabilitación de los detenidos que si bien han recuperado su libertad, presentan secuelas graves, requiriendo apoyo físico y psicológico urgente.
Pero también “se requieren medidas simbólicas que reconozcan oficialmente que estas personas fueron injustamente detenidas”.
Finalmente, advirtió que las iniciativas gubernamentales, como las recientes comisiones de “Justicia y Paz”, serán insuficientes si no se aborda el problema de raíz: la reforma legislativa. “Una de las características de lo que nosotros hemos ido documentando es que hay deficiencias en la elaboración de las leyes. Son discrecionales y arbitrarias porque son vagas e imprecisas”.
La reconstrucción democrática en Venezuela conlleva necesariamente la recuperación de un esquema mínimo de garantías en lo que respecta a la libertad de expresión, información y prensa. Para Correa “la generación de condiciones para una comunicación libre implica acciones inmediatas, entre ellas están: la liberación plena de todas personas detenidas por expresarse; la derogatoria de la ley contra el odio, usada sistemáticamente para criminalizar el discurso crítico; y el desbloqueo de los medios y plataformas digitales sujetas a restricciones arbitrarias por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones”.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
