Caracas.- El reciente anuncio sobre el ajuste del ingreso mínimo integral a 240 dólares mensuales nuevamente ha generado rechazo en los trabajadores y pensionados, pues el incremento se ejecuta exclusivamente vía bonos, mientras el salario mínimo legal permanece congelado en 130 bolívares (unos 0,27 dólares). Tras esta decisión, algunos expertos ven en la actual Ley Orgánica del Trabajo (Lottt) un impedimento para decretar aumentos salariales reales, mientras que otros consideran que la viabilidad del ajuste depende únicamente de los ingresos del país y no de cambios en la legislación.
“El argumento que está dando el gobierno y el sector privado es que, hasta que no se cambie la ley del Trabajo, no se puede hacer aumento salarial. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso va a depender del monto de ingreso que el país recibe. Si el país recibe ingresos petroleros, ingresos por recaudación no petrolera, puede aumentarlo”, dijo el economista José Guerra en conversación con El Pitazo, si bien destaca que sin la publicación de las cifras oficiales no se pueden hacer cálculos exactos.
Para Guerra, aunque es procedente discutir una reforma a la seguridad social, no se debe “condicionar el aumento a que se reforme la ley”.
En contraste, el analista Luis Vicente León sostiene que la reforma de la Lottt es el “bloqueador principal” que impide la salarización real. En su cuenta de X (antes Twitter), León recordó que el salario base actual sirve de referencia para el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones y utilidades, por lo que mantenerlo congelado es la herramienta que utiliza el Estado para evitar un “colapso por pasivos laborales”.
Según su análisis, la política de bonificación es una medida de “gradualidad”: el bono se entrega hoy como instrumento ejecutable, mientras se espera que una reforma laboral sustituya el modelo de prestaciones acumuladas por una “fórmula justa” que no quiebre a las empresas ni al sector público. León proyecta que esta reforma no esperará al próximo año y vendrá atada a un aumento salarial real una vez que se resuelvan los nudos críticos de la ley.
Por su parte, Jorge Roig Navarro, representante del sector empleador, calificó en X el ajuste como un resultado de la “sensatez” dentro de una mesa tripartita, ajustado a las “posibilidades reales que tiene el país de asumir ese compromiso”.
El impacto de la desalarización
José Guerra refuta la idea de que este sea un aumento significativo, tal como lo indicó este jueves la encargada de la administración de Venezuela, Delcy Rodríguez, al anunciar el incremento de 50 dólares al bono de Guerra Económica. El economista calificó de “mentira” esta afirmación, pues recordó que hasta el año 2012 los aumentos salariales reales en Venezuela superaban los 40 dólares. El experto destacó que el ajuste actual, al no tocar el salario base, no tiene incidencia en las escalas salariales, primas, bonos vacacionales o el escalafón por antigüedad.
Esta falta de incidencia salarial afecta especialmente a los 3,5 millones de empleados públicos activos, quienes al jubilarse verán sus prestaciones sociales calculadas sobre el salario mínimo de 130 bolívares, perdiendo el beneficio de la retroactividad sobre el ingreso real percibido. En el caso de los 5,5 millones de pensionados, el monto de 70 dólares es descrito por Guerra como “literalmente nada”, asegurando que el Estado sí cuenta con recursos para un monto mayor.
¿Falta de dinero u opacidad fiscal?
José Guerra también cuestiona el argumento de la falta de fondos, señalando que, según reportes mensuales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y fuentes secundarias, Venezuela exporta más de un millón de barriles por día con precios sobre los 100 dólares.
“¿Dónde están, entonces, los recursos que están ingresando a Venezuela por exportaciones petroleras? Porque hasta ahora no se ha reflejado ni en las reservas del Banco Central ni hay cuentas fiscales publicadas que uno pueda verificar”, cuestionó Guerra.
Para el economista, si el Ejecutivo presentara cuentas claras sobre la producción y el precio real de venta, se podría aceptar la imposibilidad de un aumento, pero ante la falta de cifras oficiales, la tesis de la insolvencia carece de sustento verificable.
Un aspecto que genera preocupación entre los expertos es la naturaleza jurídica del acuerdo alcanzado entre el gobierno, federaciones sindicales y empresarios. En una reciente entrevista al medio EVTV, Guerra recordó que en Venezuela existía la tradición de que un bono pagado recurrentemente terminaba siendo reconocido como salario por los tribunales.
Sin embargo, el nuevo convenio parece cerrar esa puerta. “En el convenio que adoptaron hoy se queda tácitamente explícito que los bonos no son salarios”, alertó Guerra, explicando que esto “liquidará” cualquier intento de los sindicatos de acudir al Tribunal Supremo de Justicia para reclamar que dichas bonificaciones formen parte del salario base. Esta cláusula sería la razón por la cual varios dirigentes sindicales de oposición y del sector público se negaron a suscribir el documento.
El escenario para el sector privado
Aunque el decreto gubernamental, que todavía no se ha publicado en Gaceta Oficial, exhorta al sector privado a cumplir con el ingreso de 240 dólares, la realidad en las empresas es distinta. Luis Vicente León señala que la mayoría del sector privado ya paga por encima de ese monto, aunque reconoce que el decreto generará una “presión natural” por aumentar los ingresos en toda la cadena económica.
Guerra coincide en que es muy probable que los empleados del sector privado no reciban un incremento inmediato tras la publicación de la Gaceta Oficial, dado que sus remuneraciones actuales ya suelen exceder el mínimo integral anunciado.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
