Caracas.- El ajuste al ingreso mínimo integral, anunciado el pasado 30 de abril por Delcy Rodríguez, ha sido calificado por sectores sociales como la continuación de una política antilaboral que, lejos de proteger, “entierra definitivamente” el salario en Venezuela y repite la misma fórmula aplicada por Nicolás Maduro en los últimos años.
Aunque el ministro de Trabajo, Carlos Alexis Castillo, ratificó que la medida busca evitar un impacto inflacionario que convierta el aumento en una cifra “falsa”, el salario mínimo legal y las pensiones permanecen congelados en 130 bolívares, un monto que ha sido reducido a la nada tras años de desatención oficial.
“El 30 de abril quedó al descubierto la verdad: no aumentaron el salario, lo enterraron definitivamente. Este anuncio no es un aumento, es una humillación”, sentenció Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados y Jubilados.
Para Silva, lo que la administración encargada de Rodríguez presenta como protección es en realidad una “decisión política” de desmantelar el trabajo como derecho, sustituyéndolo por bonos discrecionales que eliminan las prestaciones sociales y destruyen la seguridad social, convirtiendo al ciudadano en un sujeto vulnerable y dependiente de “migajas administradas”.
La situación crítica de los pensionados: el “exterminio silencioso”
La brecha entre los trabajadores activos y los adultos mayores se profundizó con el último ajuste. Mientras los activos percibirán 240 dólares en bonificaciones, a los pensionados se les asignó un bono de 70 dólares. Edgar Silva denuncia que este trato es una “discriminación” y un “abandono institucional” que viola flagrantemente los artículos 80, 86, 89 y 91 de la Constitución.
Con 70 dólares mensuales, los pensionados se encuentran en el “último peldaño de la sociedad”, según el Comité de Derechos Humanos, enfrentando lo que denominan un “exterminio silencioso”. Este monto es insuficiente para costear la alimentación básica, pero también para cubrir necesidades críticas como medicinas, servicios de transporte, pago de Internet y servicios básicos. El análisis de los defensores de derechos humanos considera un acto de “cinismo oficial” que Rodríguez llame a los adultos mayores “nuestros abuelos” con un tono de lástima, mientras se les condena a la miseria.
El “engaño” cambiario detrás de las cifras oficiales
El economista Leonardo Vera reveló que los trabajadores y pensionados están siendo sometidos a un sistema de tipos de cambio diferenciales que les “esquilma” parte del ingreso anunciado. Según Vera, el Banco Central de Venezuela (BCV) vende divisas a una tasa de 570,7 bolívares por dólar, pero paga los bonos de los trabajadores a una tasa oficial mucho más baja, de 489,55 bolívares.
Esta diferencia implica que, en la práctica, el aumento de 11 dólares anunciado para los pensionados (de 59 a 70 dólares) se traduce en apenas 9,44 dólares reales si el beneficiario intenta cambiar sus bolívares en el mercado oficial.
“En el camino 4.057 bolívares han sido esquilmados a cada trabajador activo y jubilado”, explicó el experto en su cuenta de X. Señaló que el aumento real para los activos no es de 50 dólares, sino de 42,8 dólares. La situación empeora para quienes deben acudir al mercado P2P, donde la tasa de 632,5 bolívares por dólar reduce el incremento de los pensionados a tan solo 8,5 dólares.
Una canasta básica inalcanzable
Frente a estos ingresos, el costo de la vida sigue en ascenso acelerado. Los datos del Cendas-FVM de marzo de 2026 sitúan la Canasta Alimentaria Familiar en 692,32 dólares, cifra que sube a 703,11 dólares si se incluye el gasto en agua potable. Esto significa que un pensionado, con su ingreso total, apenas cubre el 10 % de lo que necesita una familia para comer.
El Cendas-FVM advierte que el salario mínimo de 130 bolívares equivalía en marzo a apenas 0,29 dólares mensuales, una “cifra simbólica” que solo logra una cobertura del 0,04 % de las necesidades alimentarias. Bajo este esquema, se requieren más de 2.400 salarios mínimos para alimentar a una familia, lo que confirma la “caída libre” del valor real del trabajo y la jubilación.
La respuesta oficial
El ministro Carlos Alexis Castillo justificó la falta de un aumento salarial formal alegando que los recursos del Estado son “finitos” y que pagar los 240 dólares con todas las incidencias legales representaría una cifra “estratosférica” y “escandalosa” para el Tesoro Nacional. Castillo atribuyó la crisis a las sanciones internacionales y pidió a los trabajadores “confianza y un poquito de paciencia”, asegurando que la bonificación es una medida “absolutamente coyuntural”.
El panorama actual revela que, a pesar de que el Gobierno se jacte de otorgar el ajuste más alto de los últimos dos años, la fórmula aplicada mantiene los beneficios laborales en el suelo y perpetúa la pobreza al no rescatar la figura del salario, dejando a millones de venezolanos en un estado de vulnerabilidad extrema frente a una economía que, aunque crece para algunos, ofrece cada vez menos a quienes más lo necesitan.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
