Tras la difusión de testimonios que denunciaron presuntos abusos sexuales contra mujeres del pueblo Yekuana, perpetrados por un médico en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de La Esmeralda, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) acudió a la sede del Ministerio Público en Puerto Ayacucho para formalizar la denuncia.
El gremio, respaldado por diversas autoridades ancestrales, exige que el sistema de justicia actúe con celeridad contra el Dr. José García, señalado como el responsable de violentar a mujeres del pueblo Yekuana bajo engaño médico.
La movilización, realizada este viernes, 8 de mayo, marcó un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas. Eligio Dacosta, coordinador general de Orpia, fue el encargado de consignar el documento donde se solicita procesar al presunto perpetrador con todo el peso de la ley.
“Dejamos constancia de que estos terribles sucesos constituyentes un hecho público, notorio y comunicacional y se configura como una noticia criminal”, declaró Dacosta.
JEI Yekwana ordena captura del médico señalado
El comunicado de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) Yekwana “Tuduma Saka”, respaldado por las organizaciones Mako y Huöttöja, emitió una orden de detención preventiva contra el Dr. José García. En el documento, entregado en el Ministerio Público, la JEI aclara que, ante las limitaciones para sentenciar directamente delitos penales ordinarios, asume sus competencias como un órgano de justicia de remisión
Esta orden se fundamenta en el artículo 133, numeral 4 de la Ley Orgánica de los Pueblos Indígenas (LOPCI), que faculta a las autoridades legítimas para detener preventivamente a personas ajenas a la comunidad que cometan delitos en su hábitat y ponerlas a disposición de la jurisdicción ordinaria.
En el texto, las autoridades tradicionales ordenaron de forma inmediata a los organismos de seguridad, autoridades civiles y a la Fuerza Armada proceder con la captura del señalado. Asimismo, realizaron un llamado vinculante a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) para que, bajo el principio de colaboración de poderes, ejecuten la detención.
El texto también exige la activación urgente del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y exhorta a la Defensoría del Pueblo a tutelar exhaustivamente este proceso de remisión, garantizando que se evite cualquier tipo de amedrentamiento contra las víctimas y sus familias.
Se pudo conocer que, durante la entrega del comunicado, voceros del Ministerio Público informaron sobre el traslado de una comisión nacional a La Esmeralda, municipio Alto Orinoco, el 8 de mayo en horas de la mañana.
El temor a la fuga y la “justicia de papel”
El caso cobró relevancia nacional el pasado 3 de mayo, cuando Noira Pérez denunció en video que su hija, Norelys, habría sido víctima de abuso sexual el 26 de marzo tras acudir al CDI para la colocación de un implante anticonceptivo. Pese a la gravedad, el paradero del médico sigue siendo incierto, lo que genera alarma entre los líderes indígenas.
“La exigencia es la investigación y que la persona acusada ojalá no se haya ido del estado Amazonas. La información que tenemos es que está aquí, otros dicen que está allá, no queremos que se escape”, señaló el coordinador general de Orpia.
El activista indicó que no es la primera vez que hacen el acompañamiento a mujeres indígenas. Recordó que en el año 2020 ocurrió un caso similar, donde una mujer del pueblo Jivi, miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, denunció haber sido víctima de abuso sexual el 21 de agosto de 2020 por su superior, un teniente de Fragata, que para ese momento era comandante del puesto naval A/F José Ramón López, Puerto Ayacucho, estado Amazona
De acuerdo con la experiencia de las mujeres Jivi, se conoció que luego de dos años hubo sentencia, sin embargo el acusado fue trasladado fuera del estado Amazonas. “Queremos justicia real y no de papel, la mujer indígena debe ser respetada esperemos que no sea un acto discriminatorio”, señaló Dacosta.
Desconfianza en las instituciones
El profesor Héctor Escandell García, excoordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas, ofreció una lectura crítica sobre denuncias que se publican en redes sociales, como ocurrió en este caso:
“Quien lo hace, siente que por los canales regulares, dado a los protagonistas del hecho, el caso se puede diluir en la indiferencia, no hay confianza en las instituciones, podría ser que el denunciante busque por redes un protagonismo que no lo logra por otras vías” señaló Escandell.
Por otra parte, existe una presencia casi nula de órganos de justicia en zonas de difícil acceso, lo que hace que la respuesta sea lenta y poco efectiva. Al respecto, Noraima Ángel, coordinadora de la oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, también reconoció que la falta de logística interfiere en el proceso.
“Es sumamente grave lo que está ocurriendo, el sistema de justicia sigue siendo débil a favor de las mujeres y aún más a favor de las mujeres indígenas”, expresó Ángel.
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