Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron este domingo, 10 de mayo, la voluntad política del Estado y exige el cumplimiento de las garantías constitucionales para las personas LGBTIQ+ y la disidencia política, tras declaraciones de la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, sobre la sexodiversidad.
El sábado 9 de mayo, Rodríguez solicitó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una doctrina sobre la diversidad como derecho humano fundamental. La funcionaria afirmó que su percepción sobre la realidad nacional ha cambiado tras identificar “nudos críticos” en la estructura social.
“Vamos a construir lo que significa un derecho fundamental que he entendido con mayor amplitud con el programa, que es el derecho a ser diverso. Y eso lo aplico no solamente con la sexodiversidad, sino para la diversidad política”, señaló Rodríguez.
Ante este anuncio, la Red de Derechos Humanos en Movimiento y organizaciones como Laboratorio de Paz, Caleidoscopio Humano y el OVV LGBTIQ+, entre otras, denunciaron lo que consideran una “instrumentalización de la diversidad como una etiqueta vacía” alegando que “la dignidad humana no es un recurso retórico”.
El comunicado destaca que, pese a lo establecido en el Artículo 21 de la Constitución sobre la prohibición de la discriminación, persiste una “omisión estructural” que condena a la población a la indefensión.
Denuncias de vulneraciones sistemáticas y casos críticos
Como evidencia de la crisis institucional, el texto menciona el caso de Víctor Hugo Quero Navas, quien murió bajo custodia estatal y las autoridades informaron su fallecimiento casi 10 meses después. Las organizaciones califican este hecho como un reflejo de un sistema penitenciario cruel y denuncian patrones de desaparición forzada que afectan a quienes están bajo control del Estado.
Las organizaciones enfatizaron en que no puede existir convivencia democrática mientras persistan las detenciones arbitrarias y la criminalización de la disidencia, se mantengan más de 16 años de omisiones institucionales que “impiden el derecho a la identidad de las personas trans”, continúe la “falta de acceso a la salud y la desprotección frente a los crímenes de odio” y el exilio forzado “siga siendo la única opción para activistas perseguidos”.
Finalmente, las ONG suscriptoras exigen a las autoridades pasar del “marketing político” a la garantía real de derechos a través de investigaciones independientes sobre muertes bajo custodia y la libertad plena para los detenidos por motivos políticos. También demandan la aplicación inmediata del reconocimiento del cambio de nombre para personas trans, un derecho contemplado en la ley desde hace más de una década pero ignorado institucionalmente.
COMUNICADO: La dignidad humana no es un recurso retórico
Exigimos justicia y cumplimiento constitucional Caracas, Venezuela
La Red de Derechos Humanos en Movimiento levanta la voz
ante el país y la comunidad internacional para denunciar la instrumentalización de la
“diversidad”… pic.twitter.com/0JdJvKJ5H8— LabPazVe (@LabPazVe) May 10, 2026
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