Congresistas de EE.UU. piden frenar las operaciones militares de su Ejército en Ecuador

Miembros del Congreso de EE.UU. enviaron una carta al secretario de Guerra de ese país, Pete Hegseth, para exigir explicaciones sobre los operativos contra el narcotráfico que se han desplegado en Ecuador y pedir su inmediata suspensión. 

El documento, con fecha del 13 de mayo, detalla las preocupaciones de los congresistas tras los reportes sobre posibles violaciones a los derechos humanos en el país suramericano, tras el bombardeo perpetrado contra una instalación civil durante un supuesto operativo antinarco.

«Escribimos para solicitar la suspensión inmediata de dichas operaciones hasta que estos hechos sean investigados de manera exhaustiva», indica la carta, firmada por los congresistas Jesús ‘Chuy’ García (Illinois), Greg Casar (Texas) y Sara Jacobs (California), junto con otros 17 miembros de la Cámara de Representantes.

En el documento se solicita información más detallada sobre la «justificación legal» para el despliegue de esa misión en la que participan miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

«Poco claro»

Las dudas se dan en un contexto particular. A principios de marzo, el Comando Sur anunció que emprendería acciones militares contra supuestas «instalaciones de narcoterroristas» en Ecuador, sin precisar cuáles, y días después Trump confirmó se habían ejecutado. No obstante, los detalles siguen sin esclarecerse.

Casi a finales de ese mismo mes, The New York Times reveló que uno de los sitios atacados en esa ofensiva había sido una granja de producción lechera, sin ningún vínculo con organizaciones criminales. Según testigos, militares ecuatorianos agredieron, interrogaron y torturaron a civiles desarmados días antes de perpetrar el bombardeo, que ocurrió el 6 de marzo.

«Estas acciones ocurrieron en la frontera entre Ecuador y Colombia, una región particularmente sensible e inestable. Cualquier acción militar en esta zona conlleva riesgos significativos de generar tensiones transfronterizas que podrían escalar hacia un conflicto regional de mayor envergadura», advierten los congresistas, tras aludir el reciente ‘impasse’ entre Quito y Bogotá por el hallazgo de una bomba ecuatoriana sin detonar en territorio colombiano.

La misiva se hace eco de declaraciones como las del  subsecretario interino de Defensa para Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas, Joseph Humire; y el jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, para recalcar que las autoridades estadounidenses tenían conocimiento de las acciones en territorio ecuatoriano. Según lo expuesto, el presidente del país suramericano, Daniel Noboa, fue quien planeó la ofensiva denominada ‘Operación Exterminio Total’. 

«Tendencia autoritaria y antidemocrática»

A juicio de los congresistas, resulta preocupante que las Fuerzas Armadas estadounidenses profundicen sus lazos con el Gobierno de Noboa, «en un contexto en el que el país atraviesa una preocupante tendencia autoritaria y antidemocrática». En esa línea, enumeran la represión de las protestas, el congelamiento de cuentas bancarias a ONG y procesos «cuestionables contra opositores políticos«, con «aliados» en instituciones clave como la Fiscalía General.

Por otra parte, recalcan que la población ecuatoriana «ha soportado más de dos años» en estado de excepción, bajo el pretexto de la supuesta lucha contra «narcoterroristas». Sin embargo, la estrategia ha dado magros resultados.

«No ha logrado reducir ni el narcotráfico ni la violencia; por el contrario, el año pasado Ecuador registró la tasa de homicidios más alta de su historia. A su vez, las Fuerzas Armadas han sido objeto de denuncias creíbles por presuntas violaciones generalizadas de derechos humanos», indican que la carta. Del mismo modo, ponen sobre la mesa la posibilidad de abrir una investigación «independiente y transparente» contra Noboa para determinar la veracidad de los informes periodísticos que vinculan al mandatario «con el narcotráfico y con las mismas redes ilícitas que afirma combatir». 

Según el criterio de los congresistas, cualquier asistencia de las fuerzas estadounidenses a «unidades involucradas» en violaciones a los derechos humanos, «constituiría una violación de las Leyes Leahy«, que prohíben expresamente ese tipo de actividades.

Petición

A la luz de las dudas, los miembros del Congreso exigen un informe detallado de las operaciones, especialmente las que derivaron en el bombardeo a la granja. Asimismo, solicitan un documento que precise el basamento legal de las acciones estadounidenses sobre el terreno; la identificación de las unidades involucradas; un dossier sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país suramericano; y una carpeta sobre los funcionarios ecuatorianos sospechosos de actividades ilícitas en su país, que no excluya a las personas relacionadas con Noboa y las «empresas vinculadas a su familia«. 

«EE.UU. no puede afirmar de manera creíble que promueve el Estado de derecho mientras respalda o facilita prácticas abusivas en el extranjero. Tampoco puede permitirse escalar operaciones militares en una región fronteriza tan inestable sin la debida autorización del Congreso, salvaguardas claras, mecanismos de rendición de cuentas y pleno respeto a los derechos humanos», finaliza la misiva, que pone el 22 de mayo como fecha límite para recibir una respuesta.