Para Martha Tineo, directora de la ong Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), la desaparición y posterior muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas bajo custodia del Estado, el 24 de julio del 2025, según lo anunciado por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, pone en contexto un patrón de ataque sistemático, que ha sido implementado como política de Estado, dirigido a grupos de la sociedad civil en Venezuela.
Según Tineo este caso forma parte de un patrón de persecución generalizado, que se califica como crimen de lesa humanidad.
“No es solo el caso de Víctor Quero”, aseguró la abogada durante su intervención del domingo 10 de mayo de 2026 en La Conversa ARI con la Luz, el programa de debate de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) en el que participaron Ronna Rísquez, coordinadora de ARI; César Batiz, director de El Pitazo, Luis Ernesto Blanco, director de Runrun.es; y Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, que
La abogada sostuvo que desde 2014 la ong ha documentado, al menos, 27 muertes de presos por razones políticas bajo custodia del Estado. Precisó que todas las muertes ocurrieron como consecuencia de torturas, negación a servicios de atención médica o a las condiciones de reclusión. “De otros privados de libertad por motivaciones distintas son muchísimos más”, aseguró Tineo.
“Cuando vemos que en el 2014, 2016 o como en el 2020 o 2026, esto se repite (…) te das cuenta que pasa a ser una política de Estado. Ya no estaríamos hablando de una violación a los derechos humanos (DD.HH.), que se refiere a cuando efectivamente hay responsabilidad del Estado (…). Este caso, en cambio, hace parte de, al menos, 27 que desde el 2014 han ocurrido en Venezuela”.
Un caso que debe ser incorporado a la investigación de la CPI
Para Tineo, la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, es un crimen de lesa humanidad, que debe añadirse al proceso de investigación Venezuela I, que adelanta la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017.
“Entre los crímenes que precisamente se están investigando en la fiscalía de la CPI está el de ‘persecución por razones políticas’ y el de ‘detenciones arbitrarias’. En el caso de Víctor Quero esto ocurre como parte de una política de persecución contra disidentes y se ejecuta a partir de una detención arbitraria que fue continuada a una desaparición forzada, y finalmente con este desenlace terrible. Definitivamente podríamos enmarcar este caso en uno de esos que debería ser incorporado a la investigación que cursa ante la fiscalía de la CPI”, dijo.
No hay expectativas para encontrar justicia en Venezuela
De acuerdo a una investigación de la Alianza Rebelde Investiga, la muerte de Víctor Hugo Quero involucra, al menos, a 12 funcionarios del Estado que integran el sistema de justicia en Venezuela.
Los señalados directamente son Julio García Zerpa, ministro de Asuntos Penitenciarios; Alexander Martínez, director del El Rodeo I; Dionita Coronado; defensora III de la Defensoría delegada del Área Metropolitana de Caracas; Alfredo Ruíz, defensor del pueblo en ese momento; Tarek William Saab, fiscal general del Ministerio Público en ese momento; Luis Felipe Cádiz; fiscal 67 del Área Metropolitana de Caracas; Carlos Liendo; juez del Tribunal 2do de Control para el Terrorismo y Daniel Ramírez, defensor público general.
También están involucrados de manera indirecta Diosdado Cabello; ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Douglas Rico, director general del Cicpc; Lisset Moreno, directora del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y Luis Montaño Hernández, director del Hospital Militar Universitario “Dr. Carlos Arvelo”.
Para Martha Tineo no hay expectativas de que haya justicia en Venezuela. “Este caso ilustra todas las violaciones a los derechos humanos, que durante al menos dos décadas se han denunciado en Venezuela, cuando se ejerce la persecución política por vía judicial”.
De acuerdo con la abogada, el sistema de justicia venezolano a través de todos sus órganos se ha conjugado para “perseguir, castigar y criminalizar por vía judicial a la disidencia”. Tineo detalló que, hasta que Venezuela “no avance en un proceso de reinstitucionalización del sistema de justicia, todas las expectativas de las víctimas están puestas en los sistemas internacionales”.
El acompañamiento colectivo como herramienta para documentar casos de violaciones a DD.HH.Durante el programa, la abogada dió orientaciones para los familiares de víctimas de casos de violaciones de derechos humanos, que ante el miedo de denunciar, pueden apoyarse en periodistas, abogados, organizaciones y defensores de derechos humanos que les permitan documentar su proceso, lo cual es fundamental para que haya justicia, garantía de no repetición y reparación integral a las víctimas. “Ante el miedo, acompañarnos y hacer una documentación exhaustiva”.
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