Caracas.- La Federación Médica Venezolana (FMV) exigió la activación inmediata de los protocolos de Minnesota y de Estambul tras el fallecimiento de Carmen Navas, ocurrido 10 días después de haber conocido la muerte de su hijo, Víctor Hugo Quero, quien se encontraba bajo custodia del Estado.
El presidente de la FMV, Douglas León Natera, denunció que el caso configura presuntas graves violaciones a los derechos humanos, al señalar que las autoridades habrían ocultado durante nueve meses la muerte de Víctor Quero a sus familiares. Según explicó, este manejo derivó en un “trato inhumano” que vulnera el derecho a la verdad.
Navas habría recibido la noticia tras un prolongado proceso de búsqueda y, de acuerdo con la FMV, falleció 10 días después a consecuencia del impacto emocional y físico.
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León Natera recordó que el Estado es el garante constitucional de la vida y la salud de las personas privadas de libertad, y cuestionó la falta de transparencia institucional en torno al caso, especialmente ante la existencia de un acta de defunción cuya pericia técnica no ha sido esclarecida.
Desde el ámbito forense, el gremio médico solicitó precisar si el fallecido contó con historial clínico en el centro de reclusión, identificar al médico que certificó la muerte y determinar el lugar y la fecha exacta del deceso.
La FMV insistió en que el caso debe ser investigado bajo el Protocolo de Minnesota, un estándar de Naciones Unidas que establece las pautas para la investigación de muertes potencialmente ilícitas, especialmente aquellas ocurridas bajo custodia estatal, con el fin de garantizar una pesquisa independiente, exhaustiva y con enfoque de derechos humanos.
Asimismo, pidió considerar el Protocolo de Estambul, también de Naciones Unidas, que funciona como manual internacional para la investigación y documentación de casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo la evaluación médica y psicológica de las víctimas.
León Natera subrayó que ambos instrumentos son fundamentales para asegurar transparencia, responsabilidad estatal y protección del derecho a la vida, e insistió en que el Estado venezolano está obligado a ofrecer respuestas claras y verificables ante hechos que, según afirmó, enlutan a familias y generan preocupación en el país.
Con información de nota de prensa.
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