Defensores de derechos humanos rechazaron las declaraciones en las que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, acusó públicamente a Samanta Hernández -una adolescente recientemente excarcelada y a quien detuvieron en noviembre por ser hermana de un militar exiliado- de portar explosivos.
“Entre el día de ayer-martes- y este viernes, 300 personas serán puestas en libertad. Algunas, incursas en delitos demostrados, pero por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología, se está cumpliendo con un proceso de darle beneficio a esas personas. Entre ellos los policías metropolitanos y la muchacha de 16 años que llevaba los explosivos para volar la Plaza Venezuela y la de la Victoria, beneficios porque es menor de edad”, expresó Rodríguez en una sesión de la AN en la que anunció nuevas excarcelaciones.
Sus declaraciones generaron el rechazo inmediato de defensores de derechos humanos, quienes advierten que estas afirmaciones violan el debido proceso, la presunción de inocencia y configuran un acto de revictimización.
ÚLTIMA HORA | Jorge Rodríguez anuncia que serán liberados 300 presos políticos en las próximas horas, incluidos los Policías Metropolitanos de 2002 pic.twitter.com/FZKdVEPjdM
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 19, 2026
El coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, reprochó el uso del debate público para condenar a una menor de edad. Trapani recordó que, en un Estado de derecho, la responsabilidad penal no se establece mediante declaraciones de funcionarios, sino en el marco de un proceso judicial, y enfatizó que es inaceptable hacer señalamientos de este tipo antes de que exista una sentencia firme.
En una publicación en su cuenta en X, subrayó que afirmar una acusación como un hecho probado debilita severamente las garantías constitucionales, con el agravante de que, al tratarse de una adolescente, está protegida por leyes especiales.
El coordinador de Cecodap instó a las autoridades a respetar el cauce legal: “Vale la pena leer la acusación, revisar qué hechos están efectivamente acreditados y permitir que sea el tribunal —y no el debate público— quien determine responsabilidades conforme a la prueba y al derecho“.
Por su parte, el sociólogo y director de Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, declaró a Runrun.es que la exposición pública de la adolescente viola los artículos 49 (debido proceso) y 60 (derecho al honor) de la Constitución. Además, transgrede principios fundamentales de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), como el interés superior del niño (Art. 8), el derecho al buen trato sin revictimización (Art. 32) y el derecho a la reputación e imagen (Art. 65), así como los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño, que exigen evitar exposiciones públicas que puedan estigmatizar o afectar el desarrollo y dignidad de menores de edad.
Las excarcelaciones no son una medida de gracia
En otro extracto polémico de su declaración ante la AN el pasado 19 de mayo, Rodríguez instó a quienes serían excarcelados a que supieran “apreciar el gesto”, como si se tratara de una condescendencia del Estado.
Trapani desmintió la narrativa oficial que califica la excarcelación como un “beneficio” o un acto de gracia gubernamental, específicamente en el caso de la adolescente Samantha Hernández: “Responde al reconocimiento de garantías previstas en la Lopnna frente a los límites de la privación preventiva de libertad cuando transcurre un tiempo prolongado sin decisión en la fase de juicio”, aclaró el especialista.
Por su parte, el sociólogo y director de Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, advirtió que en las recientes excarcelaciones no existe un reconocimiento de la responsabilidad del Estado sobre las graves violaciones a los derechos humanos.
“Se sigue considerando a las personas como ‘delincuentes’ que han recibido la indulgencia de las autoridades. Esto hace que estas excarcelaciones sean hechos aislados, y no parte de una política integral de reconciliación”, explicó Uzcátegui.
Concluyó afirmando que la excarcelación no puede convertirse en un acto de “gracia” acompañado de estigmatización pública: “Si el Estado libera pero al mismo tiempo expone, acusa y revictimiza, la medida pierde su sentido reparador”.
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