Un grupo de trabajadores activos, despedidos y jubilados solicitó este 20 de mayo una audiencia urgente con el fiscal Larry Devoe ante la política de despidos ilegales y pensiones de hambre que arropa tanto a ministerios como a empresas públicas y privadas.
El caso de la dirigente sindical de Sitraenseñanza, Nelly Medina, retrata la realidad de muchos trabajadores públicos: es docente de la Unidad Educativa Pedro Manuel Ruiz y tiene 13 meses con el sueldo suspendido sin razón. A pesar de haber acudido reiteradamente al Ministerio de Educación, la única respuesta que ha recibido es “hay que esperar” o la promesa de que cobrará “el próximo mes”. Mientras tanto, la educadora sigue asistiendo a las aulas. “Sigo laborando. Así como estoy yo, hay muchos trabajadores”, denunció.
A este reclamo se sumaron voceros de otros sectores estratégicos. El presidente del Bloque Patriótico Petrolero, Eduardo Yaguaracuto, informó que ante la gravedad de la situación constituyeron un comité nacional para revisar formalmente las órdenes de reenganche emitidas por tribunales que han sido incumplidas sistemáticamente por el Estado.
Por su parte, Jesús Mesa Díaz, vocero nacional de los trabajadores de Empresas Polar, detalló que además de solicitar una reunión con el Fiscal General, se expuso por medio de un documento las demandas de reenganche de la empresa privada y del sector público; una lucha de resistencia que Jhony Guerra, trabajador azucarero del estado Sucre, resumió al recordar que este es el viaje número 36 que realizan a la capital: “Queremos reenganche y que se respeten los derechos laborales”, señaló.
Despidos y listas negras en PDVSA
La denuncia central del documento apunta al exterminio del valor del trabajo y al desamparo en el que quedan quienes son desincorporados de forma arbitraria o empujados al retiro forzoso. Es la realidad de Ángel Castro, trabajador con 20 años de servicio en PDVSA Monagas, quien fue botado en 2022 y desde entonces espera ejecución de su caso.
Según el texto consignado, los trabajadores sufren la crisis en su peor versión, atrapada entre el desempleo, despidos, pensiones de hambre, jubilaciones exprés y liquidaciones que hoy representan menos de un dólar por 20, 25, 30, y hasta 35 años de servicio.
A la crisis económica se suma una política de persecución. Los voceros del sector petrolero alertaron sobre la existencia de “listas negras” en la estatal y aseguraron que los trabajadores que denuncian las arbitrariedades son víctimas de un veto que les impide ser contratados en otra empresa aliada de la industria.
Esta medida deja sin ingresos a familias vulnerables, afectando directamente a empleados con hijos o parientes con discapacidad y enfermedades graves que requieren tratamientos de alto costo.
Desacato y complicidad en el sector público
Los afectados señalan que el principal obstáculo es la impunidad de los empleadores públicos en entidades como PDVSA, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cantv, los ministerios de Educación y Salud, centrales azucareros y cuerpos de bomberos.
El documento advierte que se ha creado un “círculo vicioso” penal: los directivos que desacatan las sentencias de amparo constitucional son detenidos por apenas 48 horas debido a que sus faltas son procesadas como “delitos menos graves”, quedando libres casi de inmediato para seguir esquivando la ley.
Los trabajadores exigieron a la Fiscalía acusar formalmente a los jefes y gerentes que, en presunta complicidad con otros funcionarios, violan los derechos laborales, ejecutan despidos ilegales y afectan la vida de miles de familias.
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LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
