Familiares de los imputados en el caso «Operación Libertad» solicitan a las autoridades la liberación de sus allegados, ya sea mediante medidas humanitarias o a través de la «correcta aplicación de la Ley de Amnistía». Señalan que, en el contexto actual de convivencia democrática, resulta indispensable garantizar que dicha ley se aplique de manera plena y uniforme.
A los detenidos los vinculan con el evento ocurrido el 30 de abril de 2019 en el elevado de La Carlota y el Distribuidor Altamira, en Caracas. En este hecho, conocido como «Operación Libertad», participaron figuras de la oposición como Juan Guaidó y Leopoldo López.
«Este hecho se desarrolló en un contexto de manifestaciones y llamados al cambio político en Venezuela y se encuentra contemplado en la Ley de Amnistía», señaló a El Pitazo la esposa de uno de los arrestados.
La declarante precisó que la medida aplica «particularmente en sus artículos 6 y 8, numeral 10, que abarcan acciones y omisiones ocurridas entre enero y abril de 2019 relacionadas con manifestaciones políticas, salvo aquellas constitutivas de rebelión militar».
Pese a ello, la Corte de Apelaciones negó la solicitud de la Ley de Amnistía en marzo de 2026. El argumento fue que el delito de asociación figura como excepción dentro de la Ley.
En este contexto aclararon que dicha excepción aplica únicamente a casos de corrupción, pero a los imputados se les acusó por asociación en materia de terrorismo. Se trata de una acusación que, incluso, los afectados rechazan y desmienten de forma categórica.
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Estos expedientes se encuentran en proceso de apelación ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Algunos civiles vinculados al caso ya han sido beneficiados —como el diputado Edgar Zambrano (mediante indulto presidencial) y Jhon Hader Betancourt Restrepo (mediante aplicación reciente de la ley). Estas excarcelaciones, a juicio de los familiares, demuestra que es posible avanzar en la liberación del resto de los involucrados.
Civiles imputados
Los parientes detallaron la situación de los privados de libertad.
–Roy Royderman Machado Ramírez, comerciante, detenido desde el 12 de junio de 2019 en el Centro de Formación de Hombres Nuevos Simón Bolívar. Según sus allegados, fue víctima de un procedimiento irregular de las extintas Faes, cuyos funcionarios intentaron extorsionarlo. Ante su negativa, le sembraron un fusil AK-103 sustraído del Palacio Federal Legislativo. Lo sentenciaron a 24 años por tráfico y comercio de armas de guerra y asociación.
–Juan Francisco Antonio Mendoza, comerciante, detenido bajo el mismo presunto patrón de extorsión y siembra de un arma de guerra por parte del Faes. Permanece en Yare 2. Fue sentenciado a 24 años por tráfico y comercio de armas de guerra y asociación.
–Fernando Javier Betancourt, comerciante, igualmente arrestados bajo el mismo modus operandi del Faes. Privado de libertad en Yare 2 y sentenciado a 24 años por tráfico y comercio de armas de guerra y asociación.
–Henrry José Castillo Guevara, comerciante, detenido en su vivienda por funcionarios del Dgcim. Según sus allegados, le sembraron un componente para elaborar explosivos (pentolita), material que por sí solo no genera daño. Actualmente está en Yare 3. Fue sentenciado a 24 años por tráfico ilícito de explosivos y municiones en modalidad de ocultamiento y asociación.
–Ysay Rafael García Escobar, detenido tras haber ayudado a encender el vehículo de Roy Royderman Machado el día de su aprehensión. Según denuncias, lo detuvieron para impedir que declarara sobre lo ocurrido. Actualmente está en el Cicpc de El Rosal, sentenciado a 24 años por tráfico y comercio de armas de guerra y asociación.
Por este caso también están detenidos: Roberto Bracho Coy, Oneiver Paredes, Rafael Antonio Villafranca, Ramón Alí Peñalver, Erwin Jesús Grangirena, Miguel Salazar Polanco y Anderson Daniel Farnetano.
Gestiones humanitarias
Los familiares reiteraron su preocupación por el retardo procesal. Además solicitaron la intervención de las autoridades para garantizar el cumplimiento de los objetivos de paz social, reconciliación nacional y respeto a los derechos humanos.
«Estamos solicitando que se faciliten las gestiones humanitarias que permitan la pronta liberación de nuestros parientes. Muchos de ellos superan los seis años y nueve meses privados de libertad, siendo inocentes», dijeron.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
