La vida y la integridad física del preso político Juan Carlos Marrufo se encuentran en una situación de peligro por la falta de atención médica especializada y oportuna dentro de su centro de reclusión, El Rodeo I. Ante esta situación, Amnistía Internacional emitió un alerta pública dirigida a Larry Devoe y a las autoridades correspondientes del Estado venezolano, con el fin de exigir que se garantice el derecho a la salud y a la asistencia médica inmediata para el detenido.
A este reclamo también se le unieron familiares y personas interesadas en el caso, quienes alertaron que a pesar de haber sido evaluado por un médico forense, Marrufo todavía no recibe el tratamiento requerido para ayudar sus dolencias actuales.
De acuerdo con las declaraciones de su suegra durante una concentración de familiares de presos políticos realizada en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, la condición física de Marrufo se ha deteriorado debido a una inflamación severa en la próstata, la cual le genera dolores agudos, además de los cuadros diabéticos que el ingeniero ha tenido que enfrentar en su día a día estando recluido.
Detención arbitraria
El caso de Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado de Marrufo, su esposa, comenzó el 19 de marzo de 2019 cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) los detuvieron la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo.
Las investigaciones y denuncias del entorno familiar presumen que el arresto se ejecutó porque los cuerpos de seguridad buscaban al hermano de María Auxiliadora, quien se encontraba fuera del territorio nacional y al no poder dar con su paradero, el DGCIM procedió a privar de libertad a la pareja bajo las acusaciones de terrorismo y asociación para delinquir. Durante esa primera detención, estuvieron ncomunicados en la sede del cuerpo de seguridad en Boleíta, Caracas.
A pesar de que el 6 de mayo de 2019 un tribunal ordenó la liberación bajo medidas cautelares, el DGCIM no cumplió la orden de inmediato. El proceso se alargó hasta el 2 de octubre de ese mismo año, cuando finalmente se disponían a regresar a su hogar tras la excarcelación pero fueron interceptados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) para proceder con una segunda captura. Las autoridades revocaron la orden previa y los imputaron por traición a la patria, homicidio frustrado y homicidio con alevosía por su supuesta participación en el ataque con los drones en la avenida Bolívar en Caracas.
La separación
El proceso continuó el 16 de febrero de 2021 cuando el tribunal encargado ratificó la medida privativa de libertad y ordenó el pase formal a la fase de juicio. Tras debates y sin presentar pruebas concluyentes, el 9 de diciembre de 2022, los esposos Marrufo Delgado recibieron una condena definitiva de 30 años de prisión, lo que representa la pena máxima establecida dentro de la legislación penal venezolana. Desde entonces, la pareja permanece separada en distintos centros de reclusión, donde se enfrentan a condiciones de confinamiento severas que han ido deteriorando su salud.
Actualmente, Juan Carlos Marrufo, se encuentra recluido en el centro penitenciario Rodeo I, un lugar donde sus complicaciones de salud no cuentan con el monitoreo clínico necesario. Por su parte, María Auxiliadora Delgado, permanece privada de libertad en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), y al igual que su esposo, presenta patologías crónicas como hipertensión y episodios de descompensación que ponen en riesgo su vida.
Un grito de auxilio
Los familiares insisten en que la sentencia carece de sustento legal y que la condena tan prolongada solo profundiza el sufrimiento de las familias Marrufo Delgado. De este modo, el llamado urgente de Amnistía Internacional y de los familiares se centra en lograr que las autoridades permitan el ingreso de personal médico para evaluar la condición urológica del señor Marrufo antes de que se generen daños mayores e irreversibles.
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